En Canarias la Inquisición tuvo peculiaridades, ya que se creó en 1505, más tarde que en otros territorios, en un principio dependió administrativamente de Sevilla, y tuvo una actuación dilatada en el tiempo, hasta el siglo XIX
SANTA CRUZ. El Santo Oficio tuvo una actuación «benigna» en Canarias, con sólo unos diez ajusticiados y aproximadamente doce autos de fe durante tres siglos, pero aún quedan algunas cuestiones por investigar, como esclarecer qué clase de propiedades tuvo la Santa Inquisición y qué personal actuó a su servicio en el Archipiélago canario.
Así lo afirma el profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de La Laguna y especialista en esa etapa histórica, Francisco Fajardo, quien señala, en una entrevista, que aunque está bien documentado el número de procesos del Santo Oficio en las islas, aún se desconoce el patrimonio que poseía la Inquisición en las islas Canarias.
Inversiones en nuevas tierras
Los bienes del Santo Oficio procedían habitualmente de las propiedades requisadas a los encausados o bienes incautados a los protestantes, que a su vez servían al Tribunal para invertir en nuevas tierras y obtener rentas para la producción de vino, entre otros productos.
Se trata de investigar la organización económica de la institución, como las rentas y gestión, así como el funcionamiento interno de la Santa Inquisición.
Además, el estudio del personal al servicio del Santo Oficio podría dar idea de quiénes fueron sus colaboradores laicos, normalmente miembros de las clases acomodadas, que también defendían sus intereses e incluso hay ejemplos de comisarios de la Inquisición que se dedicaron al contrabando con los protestantes.
En Canarias la Inquisición tuvo peculiaridades, ya que se creó en 1505, más tarde que en otros territorios, y tuvo una actuación dilatada en el tiempo, hasta el siglo XIX.
Dependencia de Sevilla
Durante gran parte del siglo XVI dependía administrativamente de Sevilla y sólo había un inquisidor en las islas, pero luego se convirtió en un Tribunal autónomo, con varios inquisidores y funcionarios, y se justificó la ampliación de competencias por el
papel de «vigilancia de los extranjeros» que llegaban a Canarias.
De hecho, en el siglo XVII los inquisidores del Tribunal canario, que siempre tuvo su sede en Las Palmas de Gran Canaria, llegaron a decir que era el más importante del reino, aunque sin mostrar excesiva dureza en las penas.
No obstante, hubo más de 2.300 procesados y se dictaron penas de gran impacto social, con comisarios de la Inquisición en todas las islas que ejercían una función «policial» de informar y detener, añade el profesor Francisco Fajardo.
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