Los Cabildos modernos serían un
corolario de las lides por la división provincial; es decir, que la
descentralización administrativa y electoral procedió ante todo de las
reivindicaciones que los divisionistas grancanarios blandieron de forma
permanente al menos por casi una década.
A vueltas con el Problema
Canario: la coyuntura de la Ley de Cabildos de 1912
El arrendamiento de los arbitrios que
estableció la reforma de la Ley
de Puertos Francos del ministro Fernández Villaverde en 1900 enfrentó a dos
sociedades oligárquicas y fracturó en mayo de 1903 al “Gran Partido” de León y
Castillo. La bandería franciscana montó el Partido Local Canario
(merecedor de las burlas de Unamuno), que desde su órgano La Defensa levantó
la bandera divisionista por más de un quinquenio. Los gérmenes de estas campañas
fueron simultáneos al motín que estalló en el mes de junio en Santa Cruz de
Tenerife contra las innovaciones que, en el ramo militar, había previsto el
ministerio de Linares Pombo. A partir de septiembre, el divisionismo quedó
vigorizado bajo módulos federales. Las concepciones pactistas de Pi y Margall
fundamentaron la exégesis de la división como una fase en la singladura hacia
los objetivos autonómicos. Ya desde las columnas de El Tribuno o desde
conferencias y mítines, los camaradas de Franchy dieron a tales movilizaciones
una impronta popular, ajena a los presupuestos elitistas de los círculos
dirigentes.
Dos factores contribuyeron a fortalecer la
opción divisionista. El primero será el informe que en abril de 1905 elaboró
Juan Maluquer y Viladot, fiscal del Tribunal Supremo. Y el segundo procederá
del viaje
de Alfonso XIII a Canarias en marzo de 1906, a raíz del cual redactó una Memoria
admitiendo semejante directriz el conde de Romanones, ministro de Gobernación
en el gabinete de Segismundo Moret. La Exposición aprobada en agosto de 1906
por el ayuntamiento palmense, así como un mitin en el Circo Cuyás organizado
por la Asociación
de la Prensa y
con el concurso de todos los partidos, generaron una nueva dinámica en las
protestas de carácter cívico que reclamaban el fin de la centralización
político-administrativa en Santa Cruz de Tenerife. Desde 1907 actuó la Junta de Defensa auspiciada
y liderada por Franchy, el liberal independiente Juan Bautista Melo Rodríguez y
el autonomista Rafael Ramírez Doreste, director del diario La Mañana. Las
reacciones frente al Proyecto de Ley de Régimen de Administración Local del
conservador Maura entre 1907-1908 no sólo depararon resoluciones
institucionales contrapuestas y tensos debates en las Cortes. También fueron
comunes las acciones de masas por ambos bandos.
La citada Junta de Defensa promovió las
asambleas, los mítines y las manifestaciones multitudinarias de marzo-abril de
1908, que llegaron a reunir en Las Palmas entre 10.000-12.000 personas y
estandartes de más de sesenta instituciones de la ciudad y de otros varios
municipios. Una convención de alcaldes orientales asumió la Exposición
redactada por el edil republicano en donde se reclamaba la pronta emancipación
administrativa del grupo. El impacto de estas actividades obligó a León y
Castillo a respaldar sin rodeos, por fin, la carta de la división, terminando
así con la disidencia del Partido Local. Y en cuanto a los cabecillas
tinerfeños, semejantes despliegues animaron la convocatoria de la dieta
“provincial” del 2 de mayo, en prioritaria custodia de los privilegios de
capitalidad de Santa Cruz y de donde salió la idea de los Cabildos insulares. A
ella acudieron únicamente delegados occidentales para consolidar la Unión Patriótica,
a imitación de la
Solidaridad de Cataluña. Entre octubre-noviembre de 1908,
dicha alianza circunstancial entre liberales, conservadores disidentes y
republicanos organizó varias convocatorias masivas contra la aprobación de la
enmienda del diputado José del Perojo al Proyecto de Maura, que dividía en dos
secciones iguales la comisión permanente de la Diputación provincial.
Alrededor de 6.000 individuos asistieron al mitin del 15 de noviembre en la Plaza de Toros de Santa Cruz
de Tenerife, con más de treinta pabellones de sociedades y representaciones
palmeras y gomeras. Hasta la retirada definitiva del Proyecto y caer el
gabinete Maura en octubre de 1909, se mantuvo la confrontación ante cada uno de
los puntos capitales que afectaban a la estructura administrativa del
Archipiélago.
Los propósitos descentralizadores del primer
ministro liberal Moret, en busca de una mayor autonomía de los entes locales
que restableciera la aplicación de la Ley Municipal, dieron lugar a respuestas
antagónicas, primero en Gran Canaria y después en Tenerife. Apenas conocidos
los planes encaminados a instituir un gobernador de altura o universal,
otorgándole facultades amplísimas y extraordinarias, se desataron las impugnaciones
en aquella isla. Una manifestación ilegal, acompañada del cierre de comercio y
de profusión de voladores, recorrió las calles de Las Palmas el 8 de noviembre
de 1909. La Junta
de Defensa emplazó al día siguiente un mitin opuesto al llamado virreinato y
lanzó el manifiesto Al pueblo español, del que se editarían 30.000
ejemplares. Esta amplia contestación hizo que el ejecutivo diera marcha atrás y
ofreciese el recambio del gobernador alternativo o trashumante,
que ya figuraba en la Memoria
de Romanones y expresamente a solicitud de Moret. El artículo 28 del Real
Decreto de 15 de noviembre dispuso que aquella autoridad residiera
alternativamente y por iguales períodos anuales en las dos poblaciones
enfrentadas. Semejante equiparación formal, en los que tuvo de capitalidad
compartida, instigó ahora el repudio de las élites tinerfeñas y en la capital
provincial hubo otra vez agitaciones de cierto calado. Al fin, la coyuntura de
1910 facilitó la puesta en marcha de envites periféricos que aspiraban a situarse
fuera del histórico contencioso entre las islas centrales.
La Real Orden de 16 de abril de 1910, dictada por el
nuevo gabinete liberal de José Canalejas, apeló a “las fuerzas vivas de
Canarias” a fin de concluir las espinosas reorganizaciones administrativa y
electoral. El teórico plazo de tres meses que duró el período informativo
abierto por el gobernador civil, reveló las profundas disparidades entre los
variopintos movimientos autonómicos y su incapacidad para suscribir arreglos
mínimos, siquiera dentro de los que compartían unos postulados afines. Hasta
cinco opciones podemos distinguir por entonces: a) los
unionistas antileoninos de Tenerife (Unión Patriótica), respaldando la unidad
provincial con Cabildos, si bien el Colegio de Abogados de Santa Cruz apostó
por mantener el régimen común a todas las provincias; b) los
divisionistas leoninos de Gran Canaria, sosteniendo ante todo la división y
dando entrada, si acaso, a los anhelos autonomistas insulares a través de los
mecanismos autorizados por la
Ley Municipal (mancomunando servicios municipales en cada
isla), conforme a las propuestas del Colegio de Abogados de Las Palmas; c)
los autonomistas antileoninos de Gran Canaria (Partido Republicano Federal de
José Franchy Roca y grupo del diario La Mañana de Rafael Ramírez y Doreste), que
pospusieron transitoriamente la división para asumir las demandas de la
autonomía insular; d) el pronunciamiento periférico del Plebiscito
de las Islas Menores que encabezó desde Las Palmas el letrado majorero
Manuel Velázquez Cabrera y recibió el aval del 26,5% de su electorado,
postulando un legislador a Cortes por cada una de esas cuatro islas y una Junta
administrativa al frente de todas; y e) los unitarios
autonomistas de La Palma
espoleados por el krausista Pedro
Pérez Díaz, exponiendo sus diferencias interiores sobre la Diputación provincial y
las autoridades gubernativas de cada isla en la asamblea insular del 6 de
noviembre (insularismo vs regionalismo).
El rector de la Universidad de
Salamanca llegó a las Islas en un momento especialmente enervante del problema
canario. ¿Cómo lo interpretó quien ya había dado a conocer sus opiniones
sobre la materia en la Revista
de Municipios? Desde el parlamento del 25 de junio en el Pérez Galdós,
Unamuno defraudó por completo las hipotéticas expectativas de los divisionistas
para sumarlo a su causa. El llamado problema canario, en su criterio,
era fruto de querellas domésticas, luchas por distinciones, algo de vanidad
colectiva, escapes del aplatanamiento y rencillas kabileñas. En suma, una
cuestión insignificante frente al problema verdadero, el de todos, de
España entera. La enemiga hacia el regionalismo, el cantonalismo y el
localismo brilló en la más extensa perorata del 6 de julio en el mitin
republicano del Teatro-Circo Cuyás, donde se oyó al patriota español hablar en
tonos regeneracionistas. Allí argumentó contra la división provincial,
señalando que no iba a resolver nada y que apenas traería consigo un incremento
de la burocracia. Tampoco la autonomía reportaba solución alguna en su
criterio, pues solía generar esa otra forma de caciquismo que apreció
en la Solidaridad
de Cataluña. Si don Miguel pretendió alborotar el cotarro, según sus
propias palabras, lo consiguió a la verdad en este punto.
Los periódicos palmenses criticaron de
manera unánime la inoportunidad y la ligereza con que el gran escritor afrontó
la reforma administrativa de Canarias en la solemnidad de los Juegos Florales,
al paso que los santacruceros le destinaron toda suerte de elogios. Una de las
réplicas a todas luces más inteligentes y ponderadas la brindó Franchy en El
Tribuno. Luego de admitir que algunos abordaban la temática conforme a las
descalificaciones unamunianas (querellas domésticas, luchas por
distinciones y vanidad colectiva), apunta la incorrección de sus
dictámenes metiéndose en el meollo del asunto: En el fondo del problema
provincial hay algo más que esas minucias y esos accidentes que él ha visto:
hay la necesidad real de una reorganización administrativa del Archipiélago,
adecuada a las condiciones de una región constituida por siete islas, que no
pueden regirse bien del mismo modo que una provincia de la Península. Las
reflexiones del paladín republicano-federal abordaron en otras oportunidades la
ilustración del centralismo interno como clave explicativa de nuestro problema,
así que incidiré en algunos de sus elementos referidos a la Diputación provincial
para enmarcarlo debidamente.
Uno de los rasgos característicos de los
contingentes provinciales radicó en que Tenerife recibía mucho más de los que
daba y Gran Canaria daba más de lo que recibía. En 1883-1884, la primera isla
contribuyó a la caja provincial con el 44% del reparto y se llevó el 79%,
mientras la segunda aportó casi el 36% y sólo obtuvo el 19%. Durante el año
económico 1886-1887, la
Diputación invirtió en Beneficencia e Instrucción Pública
1,50 pesetas por tinerfeño y 75 céntimos por grancanario. Las principales
víctimas de semejante estado de cosas eran los moradores del resto de la
provincia, que después de pagar tenían que conformarse con algunas migajas
aleatorias (aportaban sobre un 20% y únicamente acogían un 2%), si bien hemos
de recordar que en 1910 no representaban sino el 23% de los insulares. Una Exposición
del ayuntamiento de Las Palmas de agosto de 1906 nos propone que el grupo
occidental abonaba a dichas cargas 1,45 pesetas por habitante y el oriental
1,68 pesetas, diferencia harto injusta cuando la Diputación barría sobre
todo para Tenerife. Por otro lado, la institución solía reprimir a las islas
deudoras negándoles auxilios, mas los ayuntamientos morosos por excelencia
fueron los occidentales, que en los albores del siglo XX debían 9 pesetas por
persona frente a las 5 de los orientales. En realidad, la Diputación distinguió
entre municipios “amigos” y “enemigos” a la hora de disponer sus líneas
presupuestarias. Unamuno, que tan sensible fue ante la injusta fiscalidad de la España borbónica,
denunciando que los ricos no pagaban cuanto debieran y la magnitud de la
“riqueza oculta”, seguramente habría admitido esta otra justicia de las
reclamaciones divisionarias.
La coyuntura que abrió paso a la Ley de Cabildos de 1912
despertó una sensibilidad especial respecto de las actuaciones del cuestionado
organismo, tanto en Gran Canaria como en las demás islas no capitalinas. Pero
ni aún así varió de rumbo. En un año tan conflictivo como el de 1910, el cuerpo
provincial aprobó unas consignaciones que, si bien repartieron
proporcionalmente al número de habitantes las inversiones en establecimientos
benéficos para ambos grupos (un 57% para el Occidental y un 43% para el
Oriental), rompiendo con los desequilibrios de etapas anteriores, en el
capítulo de enseñanzas medias y profesionales aún concentraban en los centros
de Tenerife el grueso de las partidas: un 32% para el Instituto Provincial de
Segunda Enseñanza de La Laguna;
un 23% para la Escuela
Normal Superior de La Laguna; un 18% para la Escuela Especial
Náutica de Santa Cruz; un 12% para la
Junta de Instrucción Pública de la misma capital provincial y
etcétera, frente al 4% de la
Escuela Normal Municipal de Las Palmas. La Diputación, en
definitiva, fue básicamente un instrumento del centralismo santacrucero en
particular y del tinerfeño en general, una palanca más con la que garantizar el
predominio de la isla picuda en beneficio mayor de su oligarquía. Muy
raras veces se erigió en portavoz de las reivindicaciones isleñas ante el
gobierno central y casi no acometió elementales y equitativas mejoras a su
alcance, en reciprocidad a los sacrificios de los contribuyentes, ni mostró
eficacia alguna para aplicar bien sus escasos peculios en asistencia benéfica o
políticas educativas. El eje central de sus orientaciones pasó por la defensa a
ultranza de la unidad provincial.
Las discordias canarias prosiguieron a lo
largo de 1911 y el primer semestre de 1912. El quehacer descentralizador de
José Canalejas y la sensibilidad autonomista del Partido Liberal pasó a expresarse
en los Proyectos de Leyes de Mancomunidades Provinciales y de Bases sobre
Régimen Local. Se han planteado los influjos de la “catalanización” en tal
política, mas también habría que distinguir el peso de una “canarización” que
venía igualmente de atrás, aunque su carga fuese menor. La Ley de 11 de julio de 1912 o
de Cabildos instauró estos cuerpos insulares, delegados del Gobierno en cada
isla y los distritos a Cortes de las periféricas. Los Cabildos modernos serían
un corolario de las lides por la división provincial; es decir, que la
descentralización administrativa y electoral procedió ante todo de las
reivindicaciones que los divisionistas grancanarios blandieron de forma
permanente al menos por casi una década. Con dichas reformas se trazó otro
horizonte para nuestro problema, estando muy lejos de solventarlo
definitivamente. Pero ésta es, como diría Kipling, otra historia, una
historia que nos conduce de forma inevitable a la división provincial de
septiembre de 1927.
(Agustín Millares Cantero,2010. Publicado en
el número 343, Revista BienMesabe)
Este texto que con esta tercera parte
finaliza fue la conferencia pronunciada por el autor el pasado mes de mayo
dentro de las actividades organizadas con motivo del centenario
de la primera estancia de Unamuno en las Islas en 1910.
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