viernes, 20 de febrero de 2015

LA PERVIVENCIA DE LA ARISTOCRACIA FEUDAL EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA: EL CASO DE LOS PONTE (TENERIFE)



1.   Introducción

En este pequeño texto intentaremos contribuir a la reapertura del debate histórico sobre la revolución burguesa en España. Para ello realizaremos primero una síntesis sobre la evolución de las principales ideas que intentaron reflejar el proceso objetivo desarrollado en España durante el siglo XIX. A continuación nos valdremos del ejemplo de la familia aristocrática tinerfeña de los Ponte para someter a verificación empírica las diferentes concepciones, intentando comprender algo mejor los aciertos y limitaciones de las mismas y la necesidad de articular una nueva interpretación.


2.   Una síntesis del debate sobre la revolución burguesa en España

Uno de los debates más interesantes que se han desarrollado en la moderna historiografía de nuestro país ha sido el que ha intentado clarificar la forma en la que se produjo en España la transición entre el Antiguo Régimen y la sociedad liberal o, dicho en terminología marxista, la forma en la que se produjo –si es que se produjo- la revolución burguesa. En la revolución inglesa de 1648 y en la francesa de 1789 había triunfado la burguesía, y “la victoria de la burguesía significaba entonces el triunfo de un nuevo régimen social, el triunfo de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal, de la nación sobre el provincialismo, de la concurrencia sobre los gremios, de la partición sobre el mayorazgo, del sometimiento de la tierra al propietario sobre el sometimiento del propietario a la tierra, de la ilustración sobre la superstición, de la familia sobre el linaje, de la industria sobre la pereza heroica, del derecho burgués sobre los privilegios medievales. La revolución de 1648 fue el triunfo del siglo XVII sobre el XVI, la revolución de 1789 fue el triunfo del siglo XVIII sobre el XVII”1. ¿Y en España...? ¿Se había producido tal transformación revolucionaria? ¿Cuándo y cómo? Durante muchos años predominó la idea, bastante arraigada en amplios sectores intelectuales y políticos españoles, de que tal revolución nunca se había producido o, en todo caso, que había fracasado o triunfado sólo de manera parcial  y limitada. Fueron, probablemente, los regeneracionistas los que, desde posiciones no marxistas, plantearon por primera vez el problema con rotundidad: “La España actual es realmente, ante la civilización que va a empezar el siglo XX, una España del siglo X”2:

“Después de medio siglo de asonadas, pronunciamientos, revoluciones, fusilamientos, cambios de régimen y de dinastía, proclamación de Constituciones bautizadas pomposamente con el dictado de democráticas, –las «libertades» han venido, tenemos todo lo que se pedía, Constitución liberal, juicio por jurados, sufragio universal, derechos individuales, y sin embargo seguimos lo mismo que estábamos: el pueblo gime en la misma servidumbre que antes, la libertad no ha penetrado en su hogar, su mísera suerte no ha cambiado en lo más mínimo, como no sea para empeorar: aquel medio siglo de propagandas y combates heroicos por la libertad ha desembocado en un inmenso fracaso; el régimen liberal ha hecho bancarrota”3.

La idea del fracaso de la revolución burguesa en España volverá a ser retomada por el pensamiento comunista en los años treinta, ahora desde posiciones marxistas y con un análisis mucho más elaborado y profundo4. Sobre una base agraria feudal se erige en el siglo XX un tipo de capitalismo, en parte semicolonial, que se da la mano con una terratenencia que continuaba anclada en las viejas prácticas feudales. La proclamación de la República, pese a la demagogia vertida a su alrededor y a las ilusiones que había generado, no soluciona el problema agrario: “los restos  feudales  en  el  campo,  los  privilegios  de  los  nobles,  el  desamparo  medieval  de  los campesinos ante la ley, la brutalidad sangrienta del caciquismo en las aldeas, no solamente no están liquidados, sino reforzados por el Gobierno republicanosocialista5”:

“Los terratenientes españoles siguen viviendo en pleno siglo XV. Las enseñanzas de la producción capitalista no han logrado perturbar la calma proverbial de sus católicas conciencias (...) Las rentas que los latifundistas obtienen de sus tierras aunque se exploten muy extensivamente, les permiten vivir bastante mejor que el resto de los mortales; no sienten ningún estímulo de ganar más, para ello sería preciso reflexionar, calcular, arriesgar capitales; y no hay nada que repugne tanto a los feudales degenerados. El espíritu de empresa que la burguesía mostró en sus momentos de esplendor, les falta por completo (...) En las provincias latifundistas, se siguen aplicando los métodos de cultivo de la época feudal”6.

Esta concepción sobre el fracaso de la revolución burguesa en España  –fracaso que implicaba la pervivencia de importantes elementos feudales en la economía, sociedad y política de las áreas rurales- perdurará, de alguna manera, hasta los años sesenta, marcando profundamente la obra de importantes historiadores profesionales de esos años como Vilar y Tuñón7. Para el historiador francés, el régimen agrario que había imperado tradicionalmente en la España feudal subsistía aún en el siglo XX: seguían pesando las viejas costumbres, pervivían los censos y rabassas y continuaba el problema del latifundio en el sur del país. La reforma agraria liberal no fue el origen, ni de grandes explotaciones agrarias de tipo prusiano, ni de un campesinado satisfecho de tipo  francés:  “Los  especuladores  de  la  desamortización  añadieron  otros  latifundios  a  los latifundios de nobleza. La estructura agraria permaneció inmutable”8. Tuñón de Lara afirmaba también abiertamente, a principios de los setenta, el fracaso de la revolución burguesa en España. El poder estatal estaba en manos, no de la burguesía, sino de una alianza reaccionaria compuesta por los grandes terratenientes –incluida la nobleza- y una alta burguesía que se integra económica, familiar  e  ideológicamente  en  un bloque  de  poder  cuya  hegemonía  corresponde  a  la  gran propiedad. Durante la dictadura primorriverista se iban a desarrollar algunos elementos propios del capitalismo moderno, pero en el campo pervivirían las viejas estructuras9.
Hasta los años sesenta estas interpretaciones sobre la historia contemporánea de España eran mayoritarias, defendidas como estaban por los más prestigiosos historiadores del momento. Pero a finales de esa década y, principalmente, en los setenta, las cosas van a cambiar radicalmente. La dictadura de Franco entraba en una etapa crítica. La crisis económica, el rápido desarrollo del movimiento obrero y la aparición de nuevas organizaciones revolucionarias, entre otros factores, amenazaban con fuerza creciente la pervivencia del régimen. Mientras las clases dominantes se planteaban la necesidad de un cambio del sistema político10, las organizaciones de la izquierda debatían sobre las posibilidades políticas que se abrían en medio de una situación objetiva claramente revolucionaria. Este intenso debate político condicionará profundamente el debate paralelo que tendrá lugar en la arena de la historia. Por un lado, se trataba de dilucidar la mejor forma de llevar a cabo el cambio de régimen (transición pactada o ruptura democrática), y por otro, se discutía sobre la naturaleza de la sociedad española, naturaleza que habría de determinar el programa político que debía impulsar la oposición de izquierda. Con ambos objetivos se vuelve la mirada a la historia, pero no siempre para investigarla científicamente en búsqueda de las respuestas más correctas para la situación presente. Por el contrario, la historia se convierte muchas veces en justificación para unas opciones políticas previamente diseñadas por las direcciones de las distintas organizaciones. Surge así el debate sobre la revolución burguesa. Se trata, frecuentemente –como reconocerá años después, Fontana11- de “discusiones escolásticas” planteadas, muchas veces, en un críptico lenguaje “marxista” que sólo unos pocos podían comprender12. La evidencia histórica –la base empírica- se sacrificaba, muchas veces, en aras de un discurso dogmático con unas conclusiones políticamente prefijadas13.

En este contexto la historiografía española redescubrirá el concepto marxista de vía prusiana como clave explicativa para comprender la transición del feudalismo al capitalismo en la España decimonónica. La consigna estaba clara: España era un país plenamente capitalista desde los años treinta o cuarenta del siglo XIX. En cuanto a la forma, la transición se había llevado a cabo sin necesidad de una radicalización revolucionaria a la francesa. En cuanto a su contenido, la naturaleza feudal de la economía y la sociedad española del Antiguo Régimen experimenta una radical transformación en sentido rotundamente capitalista, por lo que cualquier programa político antifeudal no podía ser entendido sino como una muestra más de la desviación pequeñoburguesa que organizaciones como el PCE venían arrastrando desde los años de la segunda República. Los trabajos de historiadores como Josep Fontana o Enric Sebastià y de juristas como Bartolomé Clavero ponen las bases de la nueva interpretación histórica, que rápidamente sería aceptada por los círculos académicos españoles y en poco tiempo se convertiría en hegemónica. La síntesis –de gran repercusión- corre a cargo de Pérez Garzón14, al que no le van a preocupar demasiado los agrios debates que se entablan entre empiristas (Fontana) y estructuralistas (Clavero)15, o las significativas contradicciones existentes entre lo que unos y otros entienden por vía prusiana. Lo importante era el nexo de unión entre todos, la esencia que había que elevar a tesis dominante: España era un país capitalista desde mediados del XIX.



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Pero... ¿qué era eso de la vía prusiana al capitalismo, que ahora se convierte en la base de la nueva interpretación que en poco tiempo vendría a barrer las antiguas ideas? La revolución burguesa en Alemania, por la vía francesa, fracasó en 1848 por la traición de la burguesía liberal, que “no podía sostenerse contra los partidos feudal y burocrático vencidos, más no destruidos, sino recabando la ayuda de los partidos populares y más avanzados”, pero que, ante su miedo a la revolución popular, opta por pactar con las fuerzas reaccionarias: “el feudalismo fue restaurado por mano de la burguesía que había sido antifeudal hasta el día de ayer”16. De este modo,

Alemania   continuará   evolucionando   como   un   país   semifeudal   que   poco   a   poco   va transformándose, desde arriba, por la vía de las reformas, en un país capitalista:
“Por una parte, el Gobierno, a paso de tortuga, reforma las leyes en interés de la burguesía, elimina las trabas feudales y los obstáculos creados por el particularismo de los pequeños Estados, que impiden el desarrollo de la industria; introduce la unidad de moneda, de pesas y medidas; establece la libertad de industria, etc.; implanta la libertad de residencia, poniendo así a disposición del capital y en forma ilimitada la mano de obra de Alemania; fomenta el comercio y la especulación; por otra parte, la burguesía cede al Gobierno todo el poder efectivo, aprueba los impuestos, los empréstitos y la recluta de soldados y ayuda a formular las nuevas leyes de reforma de modo que el viejo poder policiaco sobre los elementos indeseables conserve toda su fuerza. La burguesía compra su paulatina emancipación social al precio de su renuncia inmediata a un poder político propio. El principal motivo que hace aceptable para la burguesía semejante acuerdo no es, naturalmente, su miedo al Gobierno, sino su miedo al proletariado.

Por lamentable que es el papel desempeñado por nuestra burguesía en el campo político, no se puede negar que en la industria y en el comercio ya ha empezado a cumplir con su deber. El ascenso de la industria y del comercio, señalado ya en el prefacio a la segunda edición, se ha desarrollado desde entonces con nuevos bríos. Lo ocurrido en este aspecto en la región industrial renano-westfaliana a  partir  de  1869  constituye algo  realmente  insólito para  Alemania, y  nos recuerda el florecimiento de los distritos fabriles ingleses a principios de siglo. Lo mismo ocurrirá en Sajonia y en la alta Silesia, en Berlín, en Hannover y en las ciudades marítimas. Por fin tenemos un comercio mundial, una verdadera gran industria y una auténtica burguesía moderna; al mismo tiempo, también hemos sufrido una verdadera crisis y hemos obtenido un verdadero y poderoso proletariado”17.

Esa sería la vía por la cual, según Fontana, España se convertiría en país capitalista en la primera mitad del XIX. Ante el temor a las fuerzas campesinas desatadas por la insurrección carlista –fuerzas campesinas que se estaban revelando contra el pago de las rentas-, los terratenientes feudales aceptarían un tránsito pacífico a la sociedad burguesa controlado desde arriba por ellos mismos y en su propio beneficio18. Se trataría, por lo tanto, de una vía reformista para llevar a cabo las tareas históricas de la revolución burguesa19. A partir de la reforma agraria




liberal (desamortizaciones, desvinculación, supresión de señoríos), los terratenientes feudales se convertirán en empresarios burgueses, imponiéndose las relaciones sociales capitalistas en la economía agraria española.

Clavero y Sebastià coinciden con Fontana en lo principal: España se convierte en la cuarta y quinta década del XIX en un país capitalista o, al menos, predominantemente capitalista 20. La antigua concepción sobre el fracaso de la revolución burguesa en España puede ser ahora barrida definitivamente gracias al concepto de la vía prusiana. Es lo único que importa. No repara, sin embargo, Pérez Garzón –en su histórica síntesis- en las contradicciones que se plantean en los diferentes enfoques. Enric Sebastià, pese a su “preocupación teórica fundamentada en los grandes clásicos del materialismo histórico” (PÉREZ GARZÓN), defiende, también, la existencia de un desarrollo capitalista por la vía prusiana, pero, en una particular deformación del significado del concepto, lo concibe de una forma diferente a aquéllos. Para él, la burguesía española conquista el poder estatal –definitivamente- en 1843, convirtiéndose así en la clase hegemónica de un nuevo bloque dominante en el que consigue entrar la vieja aristocracia feudal, una aristocracia que no será ya más la clase fundamental del nuevo bloque dominante burgués21. Esta concepción de Enric Sebastià no se corresponde con lo que el marxismo entiende por vía prusiana.  Para los “grandes  clásicos  del  materialismo  histórico”  este  concepto  se aplica  al  proceso  reformista experimentado en aquellos países en los que la burguesía no consigue tomar el poder del estado, continuando la hegemonía de la antigua clase dominante22. No es extraño que discípulos de Sebastià como Pedro Ruiz Torres o Francisco J. Hernández Montalbán cuestionen años más tarde la propia validez de la interpretación de la vía prusiana, discrepando así, del enfoque de Fontana.

Para Ruiz Torres se hacía necesario “cambiar la idea de que la revolución española no tuvo 20 Sebastià, a diferencia de otros autores, no tendrá reparos en valorar la pervivencia de importantes elementos feudales en la España capitalista: “La revolución (...) no representó, no podía representar, la supresión absoluta de cuantas expresiones sociales habían configurado el feudalismo. Algunas consiguieron traspasar el tamiz revolucionario y vieron prolongar su existencia más allá de la época que les era propia. Por eso la transición ha de entenderse como el paso de una formación social en donde las relaciones de producción eran predominantemente feudales, a otra en la que tales relaciones pasaban a ser predominantemente capitalistas”. De hecho, serán estas supervivencias feudales, que frenaban “extraordinariamente” el desarrollo del capitalismo, las que explican –según Sebastià- la revolución democrático-burguesa de 1868 (SEBASTIÀ, E y PIQUERAS, J. A, Pervivencias feudales y revolución democrática, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1987, pp. 13-14).


apenas repercusiones económicas desfavorables para la antigua aristocracia. La aristocracia feudal experimentó un duro golpe en sus patrimonios por culpa de la revolución y ello afectó tanto a la aristocracia eclesiástica como a una parte de la aristocracia laica. Qué duda cabe que esta misma revolución no fue tan lejos como para expoliar a la nobleza completamente, que con- templó las indemnizaciones (como también había ocurrido en Francia antes de que los jacobinos llegaran al poder), que permitió el mantenimiento de una parte de su viejo patrimonio y lo transformó finalmente en propiedad privada. Pero las pérdidas (en ingresos, en rentas, en propiedades) fueron tan importantes o más que aquello que mantuvieron y sin embargo han sido mucho menos valoradas que las supervivencias”23. Para Hernández Montalbán era cierto que, efectivamente, no se había producido en la España del siglo XIX una revolución tan radical como en Francia, “pero sí una revolución radicalmente contraria al feudalismo, en favor del capitalismo y de la burguesía, bien que de una burguesía que durante el largo proceso revolucionario había moderado considerablemente sus pretensiones abolicionistas”24.

De este modo, hemos visto perfiladas a grandes rasgos, tres interpretaciones diferentes sobre la

historia contemporánea de España: En la primera (predominante hasta los años sesenta), la revolución burguesa fracasa o no culmina totalmente sus tareas históricas; en la segunda (articulada a partir de los años setenta y pronto convertida en dominante), la revolución burguesa triunfa por la vía prusiana, desde arriba, dirigida por los antiguos señores feudales; y en la tercera (definida en los años ochenta a partir de la segunda), la burguesía toma el poder por la vía revolucionaria francesa, aunque sin tanta radicalidad como en aquélla, perjudicando en amplia medida  a  la  antigua  terratenencia,  que  sería  la  clase  social  parcialmente  derrotada  en  la revolución.

En la segunda mitad de los ochenta la situación nacional e internacional cambia y este cambio tendrá repercusiones significativas en el panorama historiográfico mundial. En España, la Transición culmina con el triunfo de la vía reformista –casi podríamos decir, prusiana- y la mayor parte de la antigua oposición de izquierda va abandonando el discurso sobre la revolución proletaria lo que, paralelamente, conlleva también el abandono progresivo de la preocupación por la revolución burguesa. El tema se dará por  definitivamente zanjado: la revolución burguesa en España culminó, por una u otra vía (ya no importa demasiado), entre 1834 y 1843. Y punto.

Por otra parte, una fuerte ofensiva conservadora a nivel internacional desde la segunda mitad de los años ochenta25 permite al imperialismo y a las clases dominantes de los distintos estados irse desembarazando progresivamente de las categorías marxistas de interpretación histórica. Hasta ese momento, la historia del desarrollo capitalista en el mundo pasaba inevitablemente por la discusión sobre la revolución burguesa. Al margen de las diversas tergiversaciones llevadas a cabo por los intelectuales burgueses con respecto a este fundamental concepto del marxismo, en el trasfondo subyacía el profundo arraigo de este pensamiento historiográfico. De este modo, se entendía comúnmente que el acontecimiento fundamental en el paso del feudalismo al capitalismo era el de la revolución burguesa, cuyas tareas podían verse cumplidas por un camino revolucionario o por un camino reformista. La nueva ofensiva conservadora –en la cual va a desempeñar un papel fundamental la ofensiva ideológica- se esforzará por rebatir la interpretación marxista del proceso histórico desde sus mismas bases. La transición del feudalismo al capitalismo será vista ahora, por el “nuevo” pensamiento postmoderno que difunde el imperialismo, como resultado de un proceso lento y complejo en el que las revoluciones no serán más que episodios excepcionales y, en ocasiones, incluso contraproducentes. De nuevo, las clases dominantes  internacionales  –reaccionarias  por  naturaleza-  vuelven  a  enfrentarse  al  odiado pensamiento marxista26. El encargo a sus intelectuales es claro: ¡recorred del mundo y llevad la
buena nueva: el motor de la historia no es –y nunca ha sido- la lucha de clases! 27.
Según la “nueva” concepción, revoluciones burguesas no han existido nunca y mucho menos aún revoluciones proletarias. Se apunta contra la propia Revolución Francesa –negando su carácter de revolución burguesa- pero a quien se quiere derribar es a las revoluciones comunistas, negándoles su carácter de revoluciones proletarias y convirtiéndolas en simples golpes de estado – magistrales, eso sí- de un pequeño grupo bolchevique28. Revolución burguesa y revolución proletaria aparecen así, nuevamente, unidas intelectualmente por un hilo más o menos oculto, lo mismo que había sucedido años antes. Que así sea.

3.   El  ejemplo  de  los  Ponte  y  su  utilidad  para  reabrir  el  debate  sobre  la  revolución burguesa.

En la segunda parte de este trabajo, como dijimos al principio, pretendemos contrastar las diferentes interpretaciones sobre la revolución burguesa en España que antes se han sintetizado, con  la  evidencia  empírica  que  nos  proporciona  el  ejemplo  de  los  Ponte29.  ¿Qué  pueden enseñarnos los Ponte en relación con este debate?

La familia Ponte constituye uno de los linajes de mayor abolengo en la isla de Tenerife y de entre sus filas salieron varios de los más importantes Títulos de Castilla que dominaron el Antiguo Régimen insular: los Marqueses de Adeje y Condes de la Gomera, los Condes del Palmar, los Marqueses de la Quinta Roja, etc. El primero de sus antepasados que llegó a la Isla fue el genovés Cristóbal de Ponte, uno de los que invirtieron capitales en la financiación de la conquista y que, tras la victoria militar castellana, recibieron importantes lotes de terreno en el Sur y Noroeste de Tenerife30. A partir de estas datas iniciales, los Ponte tenderán a incrementar progresivamente  su  patrimonio  con  nuevas  adquisiciones,  recurriendo,  obviamente,  a  la institución del Mayorazgo, que jugó un destacado papel –como ya se ha dicho repetidas veces- en la consolidación de la Nobleza en el Archipiélago durante el Antiguo Régimen31. A mediados del siglo XVII, la Corona vende a Juan Bautista de Ponte y Fonte Pagés la jurisdicción regia sobre el territorio de Adeje, convirtiéndose este personaje en el primer Señor jurisdiccional y territorial de esta localidad, que sería uno de los dos islotes señoriales en el realengo de Tenerife. Esto marcaba la culminación de un proceso de concentración territorial y aristocratización –reafirmado poco después  con  la  concesión  al  mismo  individuo  del  título  de Marqués  de  Adeje-  que  había convertido a este linaje en uno de los más destacados integrantes de las clases dominantes de la Edad Moderna en Tenerife. La plena inserción de los Ponte en la clase dominante de Tenerife se ponía de manifiesto, además, en la posesión a perpetuidad del título de Regidor del Cabildo de la Isla, que ostentarían desde el siglo XVI. Para acabar de vislumbrar lo que fueron los Ponte en el Antiguo Régimen de la isla, veamos el elogio que de ellos hace nuestro Nobiliario de ideología feudal:

“Los  Ponte han  sido  en  Canarias todo  cuanto ofrecía el  país  a  sus  hijos  más  ilustres y autorizados; desde el elevado puesto de Capitán General y Presidente de la Real Audiencia, que ocupó el General Don Pedro de Ponte, primer Conde del Palmar, siéndolo por primera vez un canario, han desempeñado repetidísimas veces los de Gobernador y Corregidor en Tenerife, han sido Regidores Perpetuos de su famoso antiguo Cabildo, Alcaides de sus castillos y fortalezas en virtud de privilegios como caballeros nobles Hijosdalgo notorios, Capitanes, Coroneles y Maestres de Campo de las históricas Milicias Isleñas; y han vestido el Hábito de las Órdenes Militares tantas veces, cuántas de seguro ninguna otra familia isleña de la mayor Nobleza y nombradía”32.


Lo que fueron los Ponte en Tenerife entre el siglo XVI y XVIII ya está más que claro. Lo que a nosotros ahora nos interesa es saber qué fue de ellos en los siglos XIX y XX. ¿Sucumbieron, quizás, ante las reformas liberales promulgadas en la primera mitad del XIX? El historiador modernista canario Juan Carlos de la Nuez así lo cree, cuando afirma en su Tesis Doctoral:

“En conclusión, el mayorazgo de Adeje, uno de los más importantes de la isla de Tenerife, abocado a su fin en pleno proceso de ruptura del modelo feudal del que había sido uno de los mejores exponentes, se muestra incapaz de afrontar desde principios del siglo XIX las nuevas condiciones impuestas por un modelo de corte más capitalista en el que la renta derivada de la gestión de la tierra se contempla desde perspectivas tan alejadas de la propiedad feudal como son, entre otras: la libre circulación de la tierra; la gestión intensiva de los recursos de que se dispone, la desaparición progresiva de las cargas que gravan la tierra; una pérdida de peso específico de los cereales, sobre todo del trigo, en detrimento de otros cultivos, etc.; todo ello más acorde con las posibilidades planteadas por un mercado más abierto a la demanda”33.

Llega, Juan Carlos de la Nuez, a esta conclusión a partir de la constatación de las múltiples dificultades por las que atravesaba la gestión económica del mayorazgo adejero de los Ponte. El “desorden productivo y la decadencia en la que se encuentra inmerso el mayorazgo” en las primeras décadas del siglo XIX cobran sentido, para él, a la luz de las tesis sobre el triunfo de la revolución burguesa (CLAVERO): la burguesía toma el poder en las revoluciones liberales del primer tercio del siglo y procede al desmantelamiento del Antiguo Régimen, ya en decadencia, y a la definición de un modelo capitalista de economía34. Sin embargo, y en contra de lo que se deduce del párrafo citado, la hegemonía de los viejos terratenientes feudales en Adeje no desaparece en los años treinta del siglo XIX. Es cierto que la reforma agraria liberal desmanteló, en buena medida, el sistema de propiedad feudal, pero no es menos cierto que la vieja aristocracia mantendrá, parcialmente, en esta localidad sus antiguas posiciones hasta comienzos del siglo XX, conservando, del mismo modo, su caduca naturaleza histórica semifeudal. El señorío feudal fue abolido, ciertamente, pero no sería sustituido por un auténtico régimen liberal-burgués, sino por un opresivo entramado caciquil en el que los administradores de los Marqueses jugarían un papel fundamental. Los Marqueses de Bélgida –herederos de los Ponte desde el siglo XVIII por enlace familiar- tenían registradas en el Sur de Tenerife, en torno a 1872, unas 1.449 fanegadas, buena parte de las cuales se hallaban en el municipio de Adeje y el resto, principalmente, en Vilaflor, Arona y Guía, aunque también tenían tierras en Arico, Granadilla y San Miguel. A esto había que añadir las extensas propiedades que poseían en Adeje otros individuos del linaje Ponte, como el Marqués de la Quinta Roja35  y Antonio de Ponte y Prieto36. Es cierto que esta hegemonía aristocrática comienza a reducirse en la segunda mitad del XIX, pero la verdad es que los herederos de los Ponte continuaron siendo, con mucha diferencia, los mayores contribuyentes en su antiguo señorío hasta una fecha tan lejana de la reforma agraria liberal como 1903, cuando venden el núcleo central de la antigua Casa Fuerte. Los compradores –pertenecientes a la burguesía comercial y a la mal llamada “burguesía agraria”- asumirán, por seguir el sistema de ese Pueblo y de otros de sus alrededores37, muchos de los rasgos que caracterizaban a la vieja dominación feudal del antiguo latifundio. Además, el proceso de enajenación territorial llevado a cabo por los Marqueses de Bélgica/Condes de Sallent no debe interpretarse como un signo del hundimiento económico de estos herederos de los Ponte. Por el contrario, pensamos que sería más correcto considerarlo parte de una reestructuración patrimonial que respondía al interés que debía tener esta familia, radicada en la Península, por desprenderse de tierras poco productivas y muy alejadas de su principal zona de arraigo económico y social38.

Ya hemos visto lo que pasó con la dominación económica y social de los Ponte en el Sur de Tenerife, un espacio en el que se produce, efectivamente, un recambio total entre la vieja aristocracia y una nueva terratenencia semifeudal en ascenso desde el siglo XVIII y consolidada definitivamente en la segunda mitad del XIX. Pero, ¿qué sucede en los municipios de la vertiente Norte de la isla, donde la pervivencia aristocrática fue uno de los rasgos más significativos de su evolución contemporánea? Lo que sucede es que la hegemonía de los Ponte se mantiene en todo su esplendor, precisamente en unas zonas en las que se concentraban las mejores tierras de regadío de la isla39. El mayor contribuyente de Buenavista en 1930 era Melchor de Ponte y del Hoyo-Solórzano40. En Los Silos, en los mismos años, se encontraban entre los 5 mayores contribuyentes Ángela y María Cólogan y Ponte (en el 2º y 3º puesto) y José de Ponte y Ponte (en el 5º). En Garachico, figuraban entre los quince propietarios más ricos Mariano Brier y Ponte (en el 3º), el Conde del Valle de Salazar (emparentado también con los Ponte, en el 6º), Melchor de Ponte y del Hoyo (en el 12º)  y su hermano Gaspar (en el 15º). En un municipio tan importante como Icod, capital comarcal del Noroeste, Gaspar de Ponte y Cólogan (hijo de Melchor de Ponte y del Hoyo) aparece en 1933 como el segundo mayor contribuyente. En el Noroeste tinerfeño se encontraba, sin duda, el principal feudo de los Ponte en el primer tercio del siglo XX, donde eran propietarios de centenares de hectáreas de las mejores tierras agrícolas de la isla. Pero, además, tenían importantes propiedades en otros municipios del Norte de la isla. En La Orotava, tercer municipio  más  importante  de  Tenerife  por  contribución  rústica  y  pecuaria,  figuraba  como segundo mayor contribuyente en 1931 Antonio Lercaro y Ponte, y en puestos inferiores Bernardo Cólogan y Ponte (el 17º), Gaspar de Ponte y Cólogan (el 36º), etc. En La Victoria lidera la relación de mayores contribuyentes, Julia Llarena Lercaro, Condesa del Palmar e hija de José Llarena y Ponte. En el resto de municipios del Norte aparecen en los mismos años otros personajes de apellido Ponte entre los mayores contribuyentes por rústica, pero con una relevancia menor: Fernando Llarena y Ponte, en Santa Úrsula; Esteban Salazar y Ponte y el Conde del Palmar, en El Sauzal; Juana Ponte Lercaro y otra vez Esteban Salazar y Ponte, en Tacoronte; Josefa Llarena Ponte, en Tegueste; María del Carmen de Ponte y Miranda y los herederos de
Esteban Salazar y Ponte, en La Laguna41.

Por otra parte, y volviendo a la reforma agraria decimonónica, no debemos pensar que la liberalización de la tierra supondría siempre para los Ponte una disminución de su patrimonio. Al igual que la desvinculación posibilitó la venta progresiva de sus tierras en el Sur, las desamortizaciones les permitieron a varios de sus miembros aumentar sus propiedades en el Norte. Así, están documentadas compras de bienes desamortizados en Buenavista, Los Silos, Garachico y Santa Cruz por parte de personajes como Pedro de Ponte y Benítez, Antonio de Ponte y Prieto (el mismo que se desprendió de su patrimonio en el Sur) y Melchor de Ponte, junto a otros destacados miembros de la vieja aristocracia, como el Marqués de Villafuerte, José Brier, etc42.

Como hemos podido ver, por tanto, de forma algo apresurada, los Ponte mantuvieron en la segunda mitad del siglo XIX y en el primer tercio del XX su destacada presencia en la económica agraria de la isla43. Pero, ¿pervivió, del mismo modo, el elevado peso político que tuvieron en el Antiguo Régimen gracias a su incorporación a perpetuidad al antiguo Cabildo de Tenerife? La respuesta vuelve a ser afirmativa, porque los Ponte gozaron, durante la segunda mitad del XIX y el primer tercio de la siguiente centuria, de importante y directa representación en todas las esferas del poder político del régimen liberal. Así, encontramos a individuos de ese aristocrático linaje como concejales en La Laguna, Alcaldes en Garachico y La Orotava, Diputados Provinciales, Consejeros del Cabildo e incluso, Diputados en Cortes44.

Por lo tanto, podemos afirmar que la reforma agraria liberal no acabó con la hegemonía
económica,  social  y  política  que  la  familia  Ponte  ostentó  entre  los  siglos  XVI  y  XVIII.

Reestructuraciones de por medio, los Ponte pervivieron como una destacada familia de las clases dominantes tinerfeñas de la Edad Contemporánea. Ningún dato empírico relacionado con ellos parece apuntar a que aconteciera realmente algún tipo revolución entendida como toma del poder por parte de una burguesía dispuesta a ajustar las cuentas con el feudalismo. La reforma agraria liberal supuso la apertura de un proceso de transformaciones y reestructuraciones, es cierto, pero al final de dicho proceso, los Ponte continuaban en la cúspide de la sociedad tinerfeña al igual que antaño. Una de las teorías, por lo tanto -la de Ruiz Torres y Hernández Montalbán- no parece casar demasiado con el ejemplo que esta familia nos ofrece. Pero faltan otras dos y para contrastarlas empíricamente necesitamos abordar ahora brevemente un aspecto al que hasta ahora no hemos hecho mención alguna: las relaciones de producción.

Según la interpretación dominante, la revolución burguesa cumplimentó sus tareas históricas en España por el camino reformista, tal cual sucedió en Alemania, pero con muchos años de antelación frente al país germánico, que no culminaría este proceso, fundamentalmente, hasta los años sesenta y setenta del XIX45. En España, según Fontana, los que “han implantado el capitalismo en el campo son los propios señores. Aunque, como es natural, en su provecho”. Y esto, entre 1833 y 1837. Esta interpretación no choca, en principio, como vemos, con la evidente pervivencia aristocrática del poder económico y político de los Ponte en la Edad Contemporánea.

Para ser cierta le falta todavía, no obstante, un aspecto crucial que sería necesario verificar, como es el de la efectiva conversión, en esos años, de los antiguos señores feudales en auténticos empresarios capitalistas. Y esto es lo que la evidencia empírica no avala en absoluto en este caso. De hecho, el peso de la medianería (y de la aparcería, como forma más evolucionada) en las relaciones de producción agrarias será enorme durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. Lo generalizado que estaba en Canarias este tipo de contrato se reflejaba en artículos de prensa como el que publica en 1913 el ingeniero agrícola Rodolfo Godínez, donde afirma que la medianería, “es una especie de contrato algo parecido a la Aparcería y que puede decirse es casi en absoluto el único seguido en la mayoría de las fincas de la provincia. La Medianería, cuyo origen e implantación se explica en épocas en que la vida era aquí poco menos que patriarcal, consiste en un contrato verbal sin más garantía que la buena fé, y por el cual el propietario entrega al colono, para su explotación, tierras, ganados, algún capital y el
50 por ciento de las utilidades, a cambio del trabajo manual y algunos elementos como la mitad de las semillas y abonos aportados por este último”46.

Un rotativo del Noroeste tinerfeño se refería de esta forma, en 1919, a la medianería:

“En nuestra Provincia, no siendo las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y, quizás, en los pueblos del valle de la Orotava, por la mayor proporción en fincas dedicadas al cultivo de plátanos, son pocas las poblaciones donde esta reforma social [la jornada de ocho horas] pueda producir perturbaciones y disgustos, por la escasez de industrias en grande escala que necesiten alimentarse de crecido número de obreros.

Por lo que a Icod respecta, y prescindiendo de unas cuantas fincas dedicadas al cultivo de plátanos, el problema del trabajo del campo está resuelto hace mucho tiempo con la extremada subdivisión de las tierras, y el contrato de medianería para cultivarlas. Este sistema, en realidad, se ha adelantado a todas las modernas leyes agrarias y soluciones para mejorar la vida del obrero del campo. El contrato de aparcería no es otra cosa que la explotación de la agricultura por medio del comunismo, pues el propietario, el dueño del terreno, solo percibe la mitad de los productos de la explotación agrícola, y el diezmo que se extrae para el amo, para el propietario, del total de la producción, solo es  una  compensación  por  la  contribución  territorial  que  él  solo  satisface.  Amo  y medianero, en fraternal asociación, pocas veces alterada, atienden al cultivo de la tierra, adquiriendo en igual proporción las semillas y abonos y al recojerse los frutos, también en igual armonía y conservando el aparcero el respeto cariñoso al amo, acuden ambos al campo, y de la cosecha general se extrae primeramente la comida de los trabajadores y del propietario y luego se parte sobre el terreno. ¿Podrá haber ley social más humana,
más democrática, más cristiana que ésta?”47.

Se advierte claramente en este texto la connotación semiservil que presentaba este tipo de relación de producción, que no era más que una de las clásicas formas precapitalistas de extracción de  la  renta  de  la  tierra  por  parte  de  los  grandes  propietarios, tanto de la  vieja aristocracia como de la nueva terratenencia consolidada en el XIX. Lenin explica que “la forma de economía conocida con el nombre de aparcería es una de las variedades del pago en trabajo”. “¿Cuál es la esencia de los pagos en trabajo? Que las tierras de los terratenientes no se cultivan con los aperos del  terrateniente ni  por  medio de  obreros asalariados, sino con los  aperos del  campesino esclavizado por el terrateniente más próximo. Y para el mujik esta esclavitud es impuesta, porque el terrateniente se apoderó de las mejores tierras y lo ubicó en los «arenales», arrinconándolo en una mísera parcela. Los terratenientes se apoderaron de tanta tierra que a los campesinos no les quedó lugar, no digamos ya para cultivarla como hacienda, sino ni siquiera un sitio «donde soltar las gallinas»48.

Con respecto a Tenerife, los contratos de medianería que hemos podido consultar en archivos públicos y privados suelen recoger con cierta frecuencia distintas cláusulas –obligación de realizar prestaciones personales, trabajos gratuitos, etc.- que nos indican que se trataba, en verdad, de una forma de contratación semiservil, en lugar de un simple contrato fraternal, como afirmaban los voceros de los terratenientes49. Y tampoco se trataba, como afirma un sector de la actual historiografía, de una simple relación laboral, tan óptima para el desarrollo del capitalismo como la misma relación salarial50. En las haciendas más importantes era frecuente que se diese una combinación de diversas formas, tal cual se venía produciendo desde el Antiguo Régimen. De este modo, una parte de la hacienda –sobre todo en los períodos de auge de algún producto de exportación- era explotada directamente por medio de jornaleros, mientras que otras partes eran cedidas en arrendamiento o/y aparcería, en ocasiones, a los mismos campesinos pobres que luego estaban más o menos obligados a realizar peonadas en la parte de la hacienda que se reservaba para la administración directa51. Este sistema permitía a los grandes propietarios disponer sin problemas de una mano de obra semiservil en ambas partes de las haciendas cuando fuera necesaria, y a bajo coste. Era el sistema que empleaba Elisa Ponte y del Hoyo, Marquesa viuda del Sauzal, en la importante Hacienda de Daute, situada en el pueblo de Los Silos52.

Por otra parte, la naturaleza económica semifeudal de los Ponte se reflejaba también en que continuaron percibiendo, incluso durante el siglo XX, multitud de rentas feudales procedentes de los censos enfitéuticos, medias perpetuas, cuartos y quintos que gravaban unas tierras cuyo dominio directo correspondía a los Ponte y el dominio útil a diversos campesinos y, en ocasiones,
también a otros terratenientes53.

Por lo tanto, creemos poder afirmar claramente que los antiguos señores feudales de Tenerife, y particularmente los miembros de la familia Ponte, no se habían convertido en empresarios capitalistas a mediados del siglo XIX, puesto que seguían explotando sus tierras, en buena medida, con las viejas formas que habían venido utilizando en los siglos anteriores. Así, el plusproducto que extraían del trabajo de su mano de obra no era obtenido a través de relaciones de producción capitalistas (salariales) sino precapitalistas o, en todo caso, por medio de una combinación intrincada de ambas. La interpretación que afirma que la vía prusiana hacia el capitalismo culmina en la primera mitad del siglo XIX no parece tampoco encontrar suficiente respaldo en la evidencia empírica proporcionada por la familia Ponte.

De esta forma nos quedaría sólo la primera interpretación, aquélla que defendía que las relaciones agrarias no experimentaron modificaciones sustanciales en España durante la mayor parte de la Edad Contemporánea (TUÑÓN, VILAR). ¿Es ésta, por lo tanto, la tesis que más se ajusta a lo que pone de manifiesto, en el caso que ahora nos ocupa, la evidencia empírica? Según lo que hemos visto hasta el momento podríamos pensar que sí, puesto que esta concepción –dominante hasta los años sesenta- planteaba, efectivamente, la fuerte pervivencia en la España de los siglos XIX y XX de la vieja clase terrateniente feudal y, al mismo tiempo, de las viejas estructuras y relaciones de producción agrarias. Sin embargo, esta interpretación presentaba dos problemas. Por un lado, al afirmar que las estructuras agrarias permanecieron inmutables, no se valoraban suficientemente las importantes transformaciones que tuvieron lugar a partir de la reforma agraria liberal. En el caso de los Ponte, estas transformaciones –especialmente la supresión de los señoríos y la desvinculación- posibilitaron, como hemos visto, el inicio de un proceso de reestructuración patrimonial que les lleva a desprenderse progresivamente de todas sus propiedades en el Sur de Tenerife. Esto permitió el progresivo ascenso y consolidación de una nueva terratenencia semifeudal (familias Alfonso, Domínguez, Peña, Bello, Tavío, etc.) que iría ocupando el espacio dejado por los Ponte y otras familias de la vieja aristocracia. En segundo lugar, otro problema importante consistía en que tampoco se valoraban adecuadamente las transformaciones –parciales pero significativas- que se producen en estas estructuras y relaciones agrarias  a  partir  la  penetración  del  capital  imperialista  a  fines  del siglo  XIX.  Uno  de  los
testimonios que presentábamos antes señalaba, efectivamente, que la medianería era la relación de cuarto sobre tierras en el Guincho, de 3 ha, 37 a., 30 ca. que pagan Antonio Hernández y González y un secuestro de José Rodríguez de la Sierra, María Gutiérrez, Juan de León y Abad, herederos de Cándido Abad, José Hernández González y Josefa Rodríguez Martín. Y otra relación de censos figuraban a nombre de Melchor y Elisa de Ponte y del Hoyo. Ya en 1904 se amillaran a nombre del Marqués del Sauzal (Bernardo Cólogan y Ponte) dos tributos que heredó de su madre. (Fuente: Apéndices al amillaramiento  de Garachico para 1894-95 y para 1904, Archivo Municipal de Garachico).

4.   Conclusión

Por lo tanto, hemos visto como el ejemplo de los Ponte no permite refrendar suficientemente ninguna de las tres interpretaciones existentes sobre la transición del feudalismo al capitalismo en España. Es necesario, pues, articular una nueva interpretación, una interpretación que permita comprender, primero, la pervivencia del poder económico, social y político de las viejas clases terratenientes feudales tras una reforma agraria decimonónica que acaba –aunque no totalmente, porque perviven los censos- con el antiguo sistema de propiedad feudal; segundo, el mantenimiento parcial de las viejas estructuras y relaciones de producción agrarias semiserviles, que se combinan de múltiples formas con las nuevas relaciones capitalistas; y tercero, la importante repercusión económica, social y política que alcanzará, a fines del siglo XIX, la penetración del capital extranjero en la producción y la comercialización agraria, así como en los transportes, actividades financieras, comercio, etc. Esta nueva tesis existe y es la del Capitalismo Burocrático55.

(José Manuel Rodríguez Acevedo. Universidad de La Laguna)

Notas:
1 MARX, C., “La burguesía y la contrarrevolución”, en MARX y ENGELS, Obras Escogidas, Tomo I, ed. Progreso, Moscú, 1976, pp. 142-144.

MACIAS PICAVEA, Ricardo, El problema nacional, col. Biblioteca Regeneracionista, ed. Fundación Banco Exterior, Madrid, 1992.
3 COSTA, Joaquín, La tierra y la cuestión social, Biblioteca Costa, Madrid 1912, pp. 50-55 (los subrayados son nuestros).
4 Esta concepción del PCE, no obstante, se impuso a través de una dura pugna entre dos líneas, en la que jugaría un papel relevante la intervención de la Internacional Comunista. En su I Congreso nacional, celebrado en Madrid en 1922, los comunistas españoles interpretaban que la sociedad española era plenamente capitalista y que los campesinos no habrían de jugar ningún papel en la futura revolución socialista. La transformación de estas posiciones con respecto a las que expresa el Partido en 1933, tras la expulsión de la anterior Dirección, es abismal; parece otro partido.
5 PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, Por la tierra, el pan y la libertad. Resolución del Bureau Político del Comité Central del Partido Comunista de España (Sección española de la I.C), ed. Mundo Obrero, 1933, p. 11).
6 GANZ, Fedor, Ensayo marxista de la Historia de España (De la Inquisición a la “República de Trabajadores”), Ed. Cenit, Madrid, 1934, p. 66.
7 Nexo de unión entre una y otra época sería la Historia de España que el socialista Ramos Oliveira publicaría en los años cincuenta desde su exilio Mexicano. Según él, “no puede olvidarse que el Poder de la aristocracia de sangre gravita sobre toda la actividad económica española, con una fuerza ostensiblemente desproporcionada al influjo social de esta clase en nuestros días. La nobleza parasitaria, eje de la oligarquía territorial, tiende su garra enguantada sobre la economía española, con toda la funesta efectividad de una clase reaccionaria que está aún en condiciones de menospreciar a las demás clases porque ninguna se iguala con ella en riqueza. Ese poder económico de la aristocracia terrateniente se acompaña de hondas repercusiones en el ámbito capitalista español” (RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España, T. 2, p. 525).
8 VILAR, Pierre, Historia de España, ed. Crítica, Barcelona, 1980, p. 98.
TUÑÓN DE LARA, Manuel, “La burguesía y la formación del bloque de poder oligárquico: 1875-1914”, en TUÑÓN DE LARA, M., Estudios sobre el siglo XIX español, ed. Siglo XIX, Madrid, 1971, p. 212-214.
10  Joaquín Garrigues Walker, representante directo de la oligarquía financiera española y de los intereses del capitalismo extranjero, declara en junio de 1975 en el diario franquista ABC: “Sólo aceptando el riesgo del posible cambio... es como se podrá controlar el cambio. De otra manera, las fuerzas sociales que presionan sobre las instituciones del Estado terminarán por triunfar como Ho Chi Minh en Saigón. Lo borrarán todo y empezaránde nuevo”. Citado por PRESTON, P., “La crisis política del régimen franquista”, en PRESTON, P., España en crisis:
11 FONTANA, J,  La Historia después del fin de la Historia, ed. Crítica, Barcelona, 1992, p. 10 la evolución y decadencia del régimen de Franco, 1978, pág. 12.
12  Como ejemplo se puede intentar leer el artículo de Bartolomé Clavero, “Para un concepto de revolución burguesa”, Sistema, nº. 13, abril 1976, pp. 35-54.
13  No intentamos defender aquí el carácter neutral que debería tener la historiografía, carácter que nunca ha tenido ni tendrá en una sociedad de clases, pero sí podemos criticar que la relación política/historia dé lugar a interpretaciones tergiversadas del proceso histórico. En palabras de Mao Tse-tung, “el conocimiento es problema de la ciencia y ésta no admite ni la menor deshonestidad ni la menor presunción; lo que exige es ciertamente lo contrario: honestidad y modestia”.
14  PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, “la revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966- 1979”,  en  TUÑÓN   DE   LARA,  M.,  Historiografía  española  contemporánea.  X  Coloquio  del  Centro  de Investigaciones Hispánicas de Pau. Balance y resumen, ed. Siglo XXI, Madrid, 1980, pp. 91-138.
15 Para el enfrentamiento entre Clavero y Fontana, ver el artículo de Bartolomé Clavero, “Para un concepto de revolución burguesa”, op. cit., y el de Josep Fontana, “Sobre revoluciones burguesas y autos de fe”, Mientras
Tanto, nº. 1, 1979, pp. 25-32.
16 ENGELS, F., “Revolución y contrarrevolución en Alemania”, en MARX y ENGELS, Obras Escogidas, Tomo I, ed. Progreso, Moscú, 1976, pp. 340-341.
17 Prefacio de Engels a la segunda edición en 1870 de su obra La guerra campesina en Alemania, en MARX y ENGELS, Obras Escogidas, Tomo II, Moscú, 1976, pp. 177-178.
18  FONTANA, J., La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833, ed. Crítica, Barcelona, 1983 (1ª edición, abril de 1979), pp. 47-48.
19 En palabras de Lenin, “la reforma se distingue de la revolución porque con aquélla el poder se conserva para la clase de los opresores, quienes, por medio de concesiones para ellos aceptables, sin la destrucción de su poder, aplastan la insurrección de los oprimidos” (LENIN, V. I., “Plataforma de la Socialdemocracia revolucionaria”, en
LENIN, V.I., Obras completas, T. XII, p. 202).
21 PÉREZ GARZÓN, J. S., “la revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966-1979”, op. cit. p.130.
22 Lenin sintetiza así las características de la evolución de tipo prusiano, que también denomina vía terrateniente- burguesa hacia el capitalismo: “el terrateniente feudal se convierte en junker. El poder terrateniente se afianza en el país por una década. Monarquía. En lugar de democracia, «despotismo militar revestido de formas parlamentarias»”. “Las relaciones medievales en el régimen de propiedad agraria no son liquidadas de golpe, sino  que  se  adaptan  lentamente  al  capitalismo,  el  cual,  por  ello,  conserva  durante  largo  tiempo  rasgos semifeudales. La propiedad agraria terrateniente prusiana no fue destruida por la revolución burguesa; quedó intacta y se convirtió en la base de la hacienda «junker», capitalista en esencia, pero que implica cierto grado de dependencia de la población rural tal como el Gesindeordrung [“reglamento de la servidumbre”], etc. Como una consecuencia, la dominación social y política de los junkers se consolidó después de 1848 por largas décadas y el desarrollo de las fuerzas productivas de la agricultura alemana fue muchísimo más lento que en Norteamérica” (LENIN, V. I., “Fuerza y debilidad de la revolución rusa”, y “El problema agrario en Rusia a fines del siglo XIX”, en LENIN, V. I., Obras Completas, Tomos XII y XV, pp. 341 y 139-140, respectivamente).
23  RUIZ TORRES, P., “Algunos aspectos de la revolución burguesa en España”, en VV.AA, El Jacobinisme. Reacció i revolució a Catalunya i a Espanya 1789-1837, ed. Fundació Caixa de Catalunya-UAB, Barcelona,
1990, pp. 9-39. Una plasmación de esta concepción la encontramos en SANCHEZ HERRERO, M., “El fin de los
«buenos tiempos» del absolutismo: los efectos de la revolución en la Casa de Cerralbo”, Ayer, nº. 48, 2002, pp.
85-126.
24 Ruiz Torres, P., Prólogo al libro de HERNÁNDEZ MONTALBÁN, F. J., La abolición de los señoríos en España
(1811-1837), Biblioteca Nueva-Universidad de Valencia, Madrid, 1999, pp. 11-12.

25  En 1985 llega Gorbachov al poder –iniciándose la liquidación de la Unión Soviética-, coincidiendo con los gobiernos de Reagan en Estados Unidos, de Thatcher en Reino Unido y con una derechización en el gobierno de Francia que implica la salida de los “comunistas” de la coalición de gobierno de la República y la posterior entrada al gobierno del centro-derecha encabezado por Chirac. En 1986 se celebra el Referéndum para la permanencia de España en la OTAN.
26  El carácter reaccionario del postmodernismo se vuelve a poner de manifiesto en un reciente artículo de Santana Acuña. En él se sintetizan los esfuerzos que están llevando a cabo los historiadores estadounidenses y británicos por desprestigiar el objeto “revolución”: “Este debate ha modificado sustancialmente la explicación de
los orígenes, autoría y desarrollo de las revoluciones –no exclusivamente la francesa-, dado que ha cuestionado su naturaleza exclusivamente social, su carácter rupturista y su desarrollo progresivo. No en vano, insiste en la importancia de factores representacionales o culturales, subraya la continuidad entre el antes, el durante y el después de la revolución y, por último, se interroga nuevamente sobre si sus consecuencias inmediatas fueron el progreso y la liberación”. No resulta muy difícil, cuando menos, intuir quiénes son los más interesados en difundir esta crítica global al papel de las revoluciones en la historia (SANTANA ACUÑA, A., “Entre la cultura, el lenguaje, lo «social» y los actores: la nueva historiografía anglófona sobre la revolución francesa”, Historia Social, nº. 54, 2006, pp. 157-181).
27 Uno de los principales apóstoles de la nueva “religión” en España será José Álvarez Junco. En su artículo “A vueltas con la revolución burguesa” (Zona Abierta, nº. 36-37, julio-diciembre 1985, pp. 81-106) el actual miembro  del  Consejo  de  Estado  plantea  que  el  debate  sobre  la  revolución  burguesa  en  España  estuvo determinado por los intereses políticos del momento –lo que es cierto- pero oculta la profunda determinación política conservadora de la renovada ofensiva postmoderna –de la que él forma parte- contra la historiografía marxista. La visión de Álvarez Junco ha sido criticada, entre otros, por historiadores como Pedro Ruiz Torres (“Algunos aspectos de la revolución burguesa en España”, op. cit. pp. 9-12) y José A. Piqueras Arenas (“La revolución burguesa española. De la burguesía sin revolución a la revolución sin burguesía”, Historia Social, nº. 24, 1996, pp. 129-132).

28 Una crítica a esta concepción postmoderna puede verse en HERMIDA REVILLA, Carlos, “La revolución bolchevique no fue un golpe de estado”, Historia y Comunicación Social, Vol 7., 2002, 109-119.
29  Evidentemente, los Ponte representan sólo una parte de la realidad histórica y no concentran en sí mismos todas las características de un proceso rico en matices y particularidades locales y regionales. No obstante, creemos  que  son  un  ejemplo  suficientemente  significativo  como  para  permitir  a  los  historiadores  extraer
enseñanzas válidas desde una perspectiva rigurosamente científica.
30 FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Francisco, Nobiliario de Canarias (ampliada y puesta al día por una Junta de Especialistas), Juan Régulo Editor, Tenerife, 1952, p. 28.
31  NUEZ SANTANA, Juan Carlos de la., El mercado de la tierra y las estructuras agrarias en las “Bandas del Sur” de Tenerife, 1750-1850, Tesis Doctoral inédita, ULL, 1997, pp. 310-361.
32 FERNANDEZ DE BETHENCOURT, F., Nobiliario de Canarias, op. cit., T. 3, p. 22.
33 NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra..., op. cit., pág. 361.
34 Ibíd..., pág. 674.
35 Tenía en Adeje y Vilaflor más de 1.300 ha.
36 Tenía en Adeje más de 1.600 ha., la mayoría correspondientes al partido de Iserse.
37 Carta de Miguel Curbelo Espino, uno de los compradores de la Casa Fuerte, al Secretario del Ayuntamiento de Adeje, fechada en Las Palmas de Gran Canaria el 26-5-1926, Archivo Histórico Municipal de Adeje.
38  Un caso inverso es el de la Marquesa de Villafuerte, emparentada familiarmente con los Ponte. Siendo aún menor de edad, esta terrateniente del Noroeste de Tenerife heredó importantes extensiones de terrenos en varias zonas de la península (Córdoba y Guipúzcoa), pero al poco tiempo se desprendió de las mismas a través de subastas extrajudiciales efectuadas en 1908 y 1910. Estas ventas no estaban motivadas por ningún tipo de hundimiento económico de la casa de Villafuerte, que, durante el primer tercio del siglo XX continuó siendo una de las principales familias propietarias del Noroeste. Coincidimos, por tanto, en este punto, con Miguel Sánchez Herrero, cuando, en su trabajo sobre la Casa de Cerralbo, afirma que “no pocos nobles aprovecharon la oportunidad que ofrecían las leyes desvinculadoras para desprenderse de pequeñas propiedades enclavadas en pueblos y alejadas de sus lugares de residencia. Se trataba de bienes que debían constituir un problema de administración y de los que ahora se podían obtener unos beneficios sin que constituyeran un signo demasiado evidente de dificultades económicas.” (SÁNCHEZ HERRERO, M., “El fin de los «buenos tiempos» del absolutismo...” op. cit., p. 115).
39 Esta afirmación no nos impide reconocer que en alguna ocasión algún miembro del linaje tuviera que afrontar graves problemas económicos. Tal fue el caso de Catalina Ponte de Monteverde, que en 1878 pierde la propiedad de la Hacienda de Interián (unas 32 ha., aprox.) por los autos ejecutados contra ella por la Sociedad Mercantil Francisco Sixto Lecuona y hermano. Catalina de Ponte había actuado como fiadora en un contrato celebrado entre esta Sociedad y su hijo, Ernesto Monteverde, para el desarrollo del cultivo de la cochinilla. La quiebra del hijo ocasionará a la madre la pérdida de una de las más ricas haciendas del municipio, que pasará a amillararse a nombre de la Sociedad acreedora (Archivo Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, sig: 13/56).
40 Los hermanos Melchor y Gaspar de Ponte y del Hoyo-Solórzano eran hijos de Antonio de Ponte y Prieto, el mismo que se desprendería en la segunda mitad del XIX de grandes extensiones de terrenos en el Sur de Tenerife. Se comprueba así que, tal y como afirmábamos antes, dichas ventas no deben entenderse como signos del declive definitivo de los Ponte en el tránsito del Antiguo Régimen a la sociedad liberal, sino más bien como procesos de reestructuración patrimonial.
41  Fuente: Repartimientos de la contribución rústica y pecuaria de varios años, conservados en los archivos municipales de los municipios citados.
42  OJEDA QUINTANA, José Juan, La desamortización en Canarias (1836-1855), Las Palmas de Gran Canaria, 1977, pp. 61, 100, 228, 229, 235 y 259.
43  La pervivencia aristocrática en la sociedad contemporánea ha sido puesta ya de manifiesto en diversas ocasiones. En Canarias la ha documentado ampliamente, entre otros, Agustín Millares Cantero (“Sobre la gran propiedad en las Canarias orientales [Para una tipificación de la terratenencia contemporánea]”, en MILLARES
TORRES, Historia general de las Islas Canarias, Tomo V, Las Palmas de Gran Canaria, 1977, pp. 257-291). Para otros espacios contamos con interesantes trabajos como, por ejemplo, el del extremeño Fernando Sánchez Marroyo (“La revolución liberal y la consolidación de los patrimonios nobiliarios”, en DONEZAR, J. M. y PÉREZ LEDESMA, M. (eds.), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, T. 2, Economía y Sociedad, ed. Alianza, Madrid, 1995, pp. 655-672, o el libro del también extremeño Juan García Pérez, Estructura agraria y conflictos campesinos en la provincia de Cáceres durante la II República, (Institución Cultural «El Brocense», Cáceres, 1982). En este último trabajo se describe un panorama con ciertas similitudes, parciales, con el que nosotros estamos describiendo: “Es suficiente el modelo del término municipal de Cáceres para hacer ostensible esta realidad: la mayoría de los grandes propietarios pertenecen a rancias familias aristocráticas que todavía en los años de la II República continuaban siendo una importante clase terrateniente, a pesar de que con anterioridad se había llevado a cabo un buen número de ventas, procurando evitar la disminución del tamaño de las fincas debido al sistema de herencias mediante la conversión de la propiedad en «Sociedades anónimas» y la explotación de estas grandes dehesas” (p. 147-149).
44 Antonio de Ponte y Cólogan fue concejal de La Laguna en diversas ocasiones entre 1905 y 1914; Esteban de Ponte había sido Alcalde de Garachico durante varias décadas en la segunda mitad del XIX, mientras que Gaspar de Ponte y Cólogan y Antonio Monteverde y Ponte tuvieron, en esa misma localidad, el cargo de concejal repetidas veces durante la Restauración; Por su parte, en la ilustre Villa de La Orotava sería Alcalde en varias ocasiones a partir de 1902, Nicolás de Ponte y Urtusáustegui, y el mismo cargo obtendría Fernando Méndez y Ponte en 1928. Mientras, en muchas corporaciones orotavenses aparecían como concejales otros individuos de ese linaje como el Conde del Palmar, el Marqués del Sauzal, etc. Con respecto a la Diputación Provincial, obtuvieron el cargo de Diputado personajes como Ignacio Llarena y Ponte, Diego de Ponte del Castillo, Gaspar de Ponte, Francisco Manrique de Lara y Ponte, Esteban Salazar y Ponte (jefe de una de las principales facciones del partido conservador en la Restauración) y luego su hijo Domingo Salazar y Cólogan. En relación al Cabildo Insular  de  Tenerife,  fueron  Consejeros  Conrado  y  José  María  Brier  y  Ponte  y  Fernando  Méndez  Ponte (Consejero Directo suplente en la dictadura de Primo de Rivera), mientras que Domingo Salazar y Cólogan llegaba a Presidente de esa institución entre 1920 y 1923. Por último, en las Cortes estuvieron como diputados Esteban Salazar y Ponte (el Conde del Valle de Salazar) en 1898, y su hijo Tomás Salazar y Cólogan, en repetidas ocasiones entre 1916 y 1923.
45 Es interesante que, según esta historiografía, en España culmina el proceso de transformación capitalista por la vía prusiana varias décadas antes que en la propia Alemania. Sin embargo los resultados de los dos procesos, por lo visto, fueron muy diferentes. A finales del siglo XIX Alemania se había convertido en un potente país imperialista, con una de las economías más importantes del mundo. Mientras, España ponía de manifiesto en 1898  su  enorme  debilidad  y  sus  principales  recursos  y  sectores  productivos  caían  en  manos  del  capital extranjero, entre el cual se contaba, por supuesto, el capital alemán.
46 “La medianería en Canarias”, Diario de Tenerife, 29 de octubre de 1913 (subrayado nuestro).
47 “La jornada de ocho horas”, La Comarca, (Icod) nº 29, 12 de octubre de 1919. Texto precioso para ver una plasmación icodense de lo que Marx denominó en el Manifiesto Comunista el “socialismo feudal”. Se hace la crítica del régimen burgués a partir de la exposición de sus nefastas consecuencias para la clase obrera, pero la hacen desde su caduca ideología feudal. La acusación principal que le hacen a la burguesía es la de haber engendrado al proletariado revolucionario. Otro ejemplo de este socialismo feudal lo encontramos en la obra de Manuel de Ossuna y Vanden-Heede, El Regionalismo en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1904, Tomo I, pp. 157-160.
48 LENIN, V. I., “Proyecto de discurso sobre el problema agrario en la segunda Duma del Estado”, LENIN, V. I., Obras completas, T. XII, p. 258. En el caso del Noroeste de Tenerife –donde ejercían su hegemonía económica los Ponte- el porcentaje de los propietarios agrícolas que tenían menos de 1 ha. rondaba, en los años treinta, entre
el 65 y el 71%, siendo la superficie media que poseían inferior a las 40 áreas (Fuente: Amillaramientos de Buenavista, Los Silos e Icod).
49 Un antiguo historiador procedente de la vieja nobleza canaria como José Peraza de Ayala –en una obra en la que también defiende la plena vigencia de la enfiteusis como forma de “armonizar al capital y el trabajo y el esfuerzo con el ahorro”- afirmó que en la aparcería “predomina el carácter de asociación del propietario con el cultivador o de éste con un capitalista u otros cultivadores” (PERAZA DE AYALA, J., El contrato agrario y los censos en Canarias, Ediciones especiales del Anuario de Historia del Derecho Español, Tomo XXV, nº 82, Madrid, 1955, p. 17).
50  Una apología de la aparcería que apunta en esta dirección se puede leer en GARRABOU, R., PLANAS, J. y SAGUER, E., “Aparcería y gestión de la gran propiedad rural en la Cataluña contemporánea”, Documents de Treball,    Universitat    Autònoma    de    Barcelona/Unitat    d'Història    Econòmica,    2/2001    (http://www.h-
economica.uab.es/papers/2-2001.pdf).
51  Esta flexibilidad en las relaciones de producción ha sido constatada, entre otros, por Francisco GALVÁN y MARTÍNEZ AZAGRA en “El proceso de valoración de la producción canaria en la segunda mitad del XIX”, en GALVÁN FERNÁNDEZ, F., y MARTÍNEZ AZAGRA, L, Trabajos socioeconómicos. Canarias a finales del siglo XIX, Tenerife, 1994, pp. 116-117. Véase también, GALVÁN FERNÁNDEZ, F., La transformación del campo de La Orotava ante la gran crisis capitalista y algunos precios canarios, ed. Benchomo, 1985, pp. 67-73. Esta idea coincide también con lo planteado por Lenin para la Rusia de finales del XIX: “La inmensa diversidad de las relaciones agrarias en Rusia se reduce al entrelazamiento de los métodos de explotación feudales y burgueses” (LENIN, V. I., “El problema agrario en Rusia a fines del siglo XIX”, en LENIN, V. I., Obras Completas, T. XV, p. 125).
52 Borrador de contrato de arrendamiento de la Hacienda de Daute, fechado en 1883, entre Elisa de Ponte y del Hoyo –Marquesa viuda del Sauzal- y la sociedad “Capote, Padilla y Cª”, para dedicarla al cultivo y producción azucarera (Archivo Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, sig: 16/25).
53 En el Apéndice al amillaramiento de Garachico para 1894-95 figuraban a nombre de Constanza de Ponte y del Hoyo: un censo de cuarto impuesto sobre un terreno de 2 ha, 62 a., en parte de riego, que pagaban los herederos de José Sotomayor; un censo de cuarto sobre terrenos en el Roque de Manta, de 2 ha., 64 a., 28 ca. con parte de riego, que pagaban Nemesio Labrador y los herederos de su hermano Policarpo; otro censo sobre un terreno en El Guincho de 1 ha, 86 a., 98 ca., que pagaban Juan N. de León y Abad, José Antonio González y González, María Nicolasa Rodríguez Monte, Ana Pérez Dorta en representación de sus hijos; otro censo sobre tierras en Las Aguas de 49 a., 24 ca., de riego, que paga Domingo Martín Carballo en representación de su esposa. Por su parte, Gaspar de Ponte y del Hoyo tenía amillarados en Garachico un censo de cuarto de frutos impuesto sobre un terreno en Las Aguas, de 3 ha, 52 ca y 34 ca., que pagan los herederos de José María Brier; otro censo deproducción dominante en Canarias, “prescindiendo de unas cuantas fincas dedicadas al cultivo de plátanos”. Y así era. Las fincas plataneras –no tanto las tomateras- implementadas por el capital imperialista darán lugar a una aceleración del lento proceso de proletarización campesina que venía desarrollándose con anterioridad, porque en ellas van a imperar las relaciones salariales. El papel de los Ponte en este proceso –como el de otros muchos miembros de la vieja aristocracia- será el de proporcionar tierras en arrendamiento, principalmente a Henry Wolfson y a la empresa británica Fyffes, para que estos puedan poner en marcha sus grandes explotaciones fruteras para la exportación a los mercados europeos. En el caso concreto de los Ponte y sus herederos, estos arrendamientos tienen lugar tanto en el Sur (Adeje) 54  como en el Noroeste, donde cederán a la Fyffes la productiva Hacienda de Daute. No obstante, la transformación capitalista impulsada por el capital imperialista no debe ser sobredimensionada. Es cierto que las relaciones salariales se desarrollaron en el campo, pero no es menos cierto que las tradicionales relaciones de producción semiserviles continuaron siendo mayoritarias en una gran parte del territorio insular. Con respecto a los Ponte, es verdad que ceden importantes haciendas en arrendamiento, pero también que en otras de sus muchas fincas continuaron comportándose como los terratenientes semifeudales que, evidentemente, seguían siendo.
54 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra en la comarca de Abona en el Sur de Tenerife durante los años 1850-1940, Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna, 2003, p. 868.
55  La nueva tesis marxista del Capitalismo Burocrático está siendo impulsada actualmente por el grupo de
Investigación de la Universidad de La Laguna –dirigido por el profesor Víctor O. Martín Martín- sobre “El Capitalismo Burocrático en la explicación del subdesarrollo y el atraso social” [http://webpages.ull.es/users/capburoc/].




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