CANARIAS LACERADA, II- VI

ALZAMIENTOS Y MOTINES CONTRA LA  REPRESIÓN COLONIAL EN CANARIAS

Capitulo VII

Eduardo Pedro García Rodríguez

1800 en mayo, los jornaleros de Arucas, Tamarant (Gran Canaria) acuciados por el hambre, asaltan el Mayorazgo y se reparten el trigo que se acumulaba en su interior para ser enviado a la Capitanía General de Canarias, en Tenerife.

El motín de Arucas relata la fuga del cabecilla del motín, Gregorio Borges, del penal de Ceuta y su vida posterior en la isla de Puerto Rico. En este episodio insular tienen un papel destacado las referencias a las nuevas tecnologías, la aproximación a los datos históricos y la experiencia de muchos canarios que, por razones del  colonialismo, ideológicas o económicas, se vieron obligados a vivir lejos del lugar en el que nacieron.

Año 1780: Arucas-G. Canaria. Se ignora el motivo que dio lugar al  amotinamiento. Posiblemente un asunto de tierras o aguas.

Año 1780: Gáldar-G. Canaria. Los campesinos se niegan a pagar  los censos impuestos sobre el agua de barranco Hondo.

Año1784: Maso. Is. La Palma. Conflicto suscitado por el reparto  de la dehesa de El Mocanal.

Año 1786: La Aldea-G. Canaria. Por negarse el Marqués de Villanueva  del Prado a pagar la mitad de los frutos de los terrenos de su propiedad.

Año 1786: Vilaflor-Chasna.Tfe. Los vecinos proceden al derribo  de las cercas levantadas por Chirino, Marqués de la Fuente de Las Palmas,  en su intento de apropiarse de las tierras baldías.

Año 1789: Gáldar-G. Canaria. En tiempo de suma escasez los vecinos  intentan impedir el embarque de granos por el puerto de Gáldar.

Año 1789: Conil-Lanzarote. Los vecinos intentan evitar el relevo  del gobernador de armas en la isla.

Año 1790: Arico-Tenerife.Los moradores se revelan ante la usurpación de los baldíos.

1791 febrero 7. En relación con el motín de Gran Canaria del  año 1777: “Como ya hemos expuesto, la intervención de los corregidores provocó una conflictividad en su contra entre los vecinos de la comarca del S. W., para los cuales no existía ninguna posibilidad de plantear recurso, ya que la Real Pragmática de 1748 ordenaba que las apelaciones debían dirigirse directamente al Consejo de Castilla.

Pero, en un principio, los vecinos acudieron al Tribunal de la Real Audiencia, y éste intentará reducir los castigos impuestos por el primer corregidor, Francisco Ayerbe y Aragón, sin ningún resultado positivo. Con el siguiente corregidor, Ignacio Joaquín de Montalvo, recurren al comandante general de la colonia, Marqués de Tabalosos, pero éste se colocó de parte del corregidor, a quien apoyó en contra de la Real Audiencia.

Declaración del testigo Joseph Bernardo con relación al motín de 1777: “que dicho mozo del cura le dijo al que declara que todas las noches después del tumulto vajan a las casas de su amo Don Joseph de la Encarnación, Cristóbal García, y que están hablando secretamente hasta la media noche”.

Declaración del testigo Salvador Henriquez. “a oído a varios de quienes no se acuerda, están mui confiados en que no hicieron mal en amotinarse, y en que con la obligación de que hizo el corregidor ... nadie se metería con ellos .. lo cierto es que prosiguen labrando las tierras realengas .. y presume que se bolbieran a mober otra ves si el corregidor u otra justicia procediese contra ellos”. Declaración del testigo Salvador González, soldado miliciano.

“También logró tener coyuntura con motivo de averle abrigado el Marques de Tabalosos, que llego poco después de comandante de estas Islas, y se propuso arrollar a la Audiencia... pasó distintos oficios a la Audiencia a fin de que se inhibiese y dexase independiente al corregidor”

Así pues, cerradas las puertas de los poderes públicos coloniales  insulares a las peticiones de los vecinos de la comarca del S. W., la alternativa de amotinarse en contra del corregidor fue la única salida viable.

Ahora bien, ante un acontecimiento de esta índole, la intervención de la Real Audiencia como Tribunal de las Islas no se hizo esperar, siguiendo órdenes concretas contenidas en la Real Pragmática de 17 de abril de 1774 sobre motines y algaradas populares. 

Avisado el Tribunal el día 2 de octubre, envía un comisionado, Josef Hidalgo y Ugala, con el fin de recoger los papeles quitados al corregidor y averiguar los hechos, informando el 14 de octubre al Consejo de Castilla.

Por su parte, el comandante general ordena que se presenten en Santa Cruz de Tenerife todos los oficiales y suboficiales y soldados  de milicias provinciales implicados en el motín.

Mientras tanto, la actuación del Tribunal de la Audiencia choca contra el poder jurisdiccional del corregidor, que solicita les sean devueltas sus diligencias y que la Audiencia deje en sus manos el proceso.

A esta situación pone fin el comandante general, reconociendo la  potestad de la Audiencia; ordena al coronel de milicias provinciales de Guía, don Fernando del Castillo, que tenga a disposición del corregidor 100 hombres, para que pueda éste seguir su labor de reintegrar los terrenos realengos a beneficio del común. Asimismo, escribe cartas a los párrocos y alcaldes de los pueblos de la comarca del S. W. para que le faciliten su tarea.

Sin embargo, es la opinión de la Real Audiencia la que prevalece: no convenía que el corregidor volviera a los lugares amotinados, ya que éstos se hallaban en la mayor tranquilidad, y hasta tanto el Consejo de Castilla no dictaminara lo que tuviese por oportuno. La Resolución del Supremo, el 20 de febrero de 1778, fue que la Real Audiencia: “continúe, substancie y determine la causa criminal que expresa en su representación de catorce de octubre del año antecedente próximo, procediendo en ella con el temperamento, atención y pulso que exijen las circunstancias de aquellas Islas, y consultando al Consejo la determinación antes de executarla.

Realizadas las investigaciones sobre los culpables del motín: la Real Audiencia remitió al Consejo, por vía de consulta, los castigos que creía más convenientes, el 21 de mayo de 1779, y el expediente de todo el proceso, junto con las diligencias del corregidor, el 24 de diciembre de 1780.

Ahora bien, los castigos impuestos no llegaron a cumplirse, ya que la resolución final del Consejo, dada el 7 de febrero de 1791, fue que: ”en atención al mucho tiempo que se ha pasado desde el principio de estos autos, y aun desde que se pronunció la sentencia por la Real Audiencia de Canarias , a que entonces havía ya fallecido el reo principal . y a otros regularmente habrá sucedido después lo mismo, que ninguno de los comprendidos en la causa se halla preso por ello… y que el continuarla aora por los trámites ordinarios. . desenterrando unos delitos que e1 tiempo ha cubierto, sería obra dilatada, en que aventuraría la tranquilidad de aquellas islas, sobreséase este proceso, archivese, y dese avisos de esta Providencia a la Real Audiencia”. (Antonio Manuel Macias Hernández)

Año 1797: Las Palmas-G. Canaria. La escasez de grano desemboca en  un tumulto popular.

Año 1797: La Vega-G. Canaria. La retención de las aguas de la fuente de las higueras por parte de los vecinos de San Mateo y el Madroñal, provocó el conflicto.

Año 1797: Guía-G. Canaria. Conflictos motivados por la usurpación  de las aguas del heredamiento de las aguas de la Vega Mayor de Gáldar.

Año1799: Telde-G. Canaria. La escasez y precios desorbitados de los granos desembocaron en un conflicto.

Año 1799: Guía-G. Canaria. La prohibición de la entrada de ganados a la Montaña de Doramas, fue causa de graves conflictos.

Año 1799: Tirajana-G. Canaria. Los vecinos se niegan a pagar las multas que le son impuestas por roturación de tierras.

Año 1800: Arucas-G. Canaria. Ante la escasez de granos en la zona, se intenta impedir la salida de partidas del mismo procedente del Mayorazgo de Arucas hacía Tenerife.

1807. Una nueva generación de aldeanos se propone reiniciar el Pleito que sus mayores habían promovido contra el marqués de Villanueva del Prado y que entonces pendía en los archivos de la Real Audiencia de Ca­narias. Pero al año siguiente, una gravísima crisis política ocasionada por la invasión napoleónica de la Península Ibérica, paralizará de nuevo este litigio y llevará a la lejana Aldea de San Nicolás vientos revolucionarios. De nuevo sus vecinos actuarán como una entidad social de clase contra el poder de la terratenencia después de un período cíclico de tran­quilidad social.

Año1808: Agïmes-G. Canaria. Las actuaciones del escribano Quintana, provoca las quejas de los vecinos.

Año 1808: La Aldea-G. Canaria. Conflictos suscitados por el reparto de las tierras del Marqués de Villanueva del Prado.

Año 1808: Teror-G. Canaria. Los vecinos protestan por la ruina de la Iglesia.

Año 1808: Moya-Guía.G. Canaria. El reparto de tierras en la Montaña  Doramas, provoca enfrentamientos.

Año1809: Gáldar-G. Canaria.  Aunque se ignora el motivo, es posible que estuviese que ver con la tierra.

Año 1809: Arrecife-Lanzarote.  Conflicto surgido por la enajenación de la isla de la Graciosa.

Año 1810: Arrecife, Lanzarote. El pueblo se niega a que don Lorenzo Bartolomé Guerra, sea nombrado coronel de la isla. Vacante la plaza de Coronel jefe del Regimiento de Lanzarote por fallecimiento de su titular don Francisco Guerra Clavijo en 1808, se dispone que las banderas del Regimiento pasen a la casa de su hijo don Lorenzo Bartolomé Guerra, quien actuaba como Comandante de Armas interino, pero que a no dudar, daba por sentado que sería el nuevo jefe de las Milicias lanzaroteñas puesto que estos empleos, en la práctica, se consideraban hereditarios. No obstante, las luchas caciquiles por el poder político local crea un clima de tensiones alimentado por rencillas entre las familias dominantes, esta situación propició la intervención de la Real Audiencia originando el nombramiento del nuevo Gobernador de Armas de Lanzarote en la persona de don José Feo y Armas. El descontento de los lanzaroteño o mejor dicho, de las facciones que luchaban por el dominio político de la isla, alcanza su punto álgido una tarde del mes de junio.

Veamos como narra estos acontecimientos un historiador de excepción, D. Agustín de la Hoz: «Los amotinados parciales del cabildo de Lanzarote, guiados por el procurador Andresito, enjuto y amarillo, con su levita parda y un hacha herrumbrienta en la mano diestra, bajaron en tropel desde distintas partes del interior de la isla, armados de pistolones y palos para atacar la fortaleza de San Gabriel. Fue una tarde de junio de 1810, muy soleada, sobre las cinco horas sería cuando ya estaban enfilados por el adarve del Puente de las Bolas, cuyo rastrillo permanecía sin elevarse y desde donde hicieron disparos a granel, sin ton ni son, sin orden ni concierto. Desde el castillo se les conminaba a la rendición, diciéndoles que se retirasen o de lo contrario dispararían. El Gobernador dispuso que no se hicieran tiros sino en caso de extrema necesidad y en esa hora llamó a uno de los patrones de pesca para que lo llevara en una balandra al castillo de San José, a una milla y media del de San Gabriel. Sin embargo, la muchedumbre seguía gritando y aproximándose cada vez más, por lo que el subteniente don Leandro Camacho, resolvió disparar el cañón del artillero Manuel Valentín, haciéndose un tiro alto con metralla que, pese a la precaución tomada, mató a uno e hirió a dos de los sitiadores». Este sistema de defensa de cañones contra palos y pistolones mal manejados, ha proporcionado a los ejércitos españoles sonadas victorias en diversas y gloriosas batallas.

La desproporcionada repuesta por parte del castillo, exacerbó más los ánimos de los partidarios del cabildo, y al día siguiente bajó de la Villa de Teguise parte del Regimiento, con material de artillería, pero fue rechazado por el fuego de los cañones del castillo de San José, ocupado por fuerzas de don Lorenzo Guerra. No obstante, el recién nombrado coronel al ver que las cosas no marchaban como él esperaba optó por embarcar para la isla de Tenerife.

Como es natural en estos casos, los sucesos reseñados trascendieron a la Corte española acompañado de los voluminosos legajos que suelen producir los juristas españoles cuando se trata de encausar posibles delitos de desobediencia al régimen imperante por parte los pueblos oprimidos. Debido a las especiales circunstancias políticas por las que atravesaba la monarquía española, las medidas adoptadas contra los lanzaroteño, fueron relativamente suaves: el Capitán General de Canarias, D. Pedro Rodríguez de la Buria (quien tuvo que hacer frente a varios alzamientos en diferentes pueblos de las islas, durante su mandato) trasladó al Ayuntamiento de la Villa de Teguise, el 6 de noviembre de 1816, un escrito del secretario del Estado español en el que se le comunicaba que «Su Majestad se ha dignado indultar a los naturales de la isla por los excesos cometidos». Se anula el nombramiento de Coronel del Regimiento a favor de don Lorenzo Bartolomé Guerra, pero conservando el grado sin mando. Al mismo tiempo, advierte que en lo sucesivo no serán nombrados jefes del Regimiento ningún natural del país, restituyéndose al ayudante Mayor D. José Feo en su empleo. Con esta medida se daba un paso más de dependencia de la metrópoli.  (Eduardo Pedro García Rodríguez)

Año 1810: Güímar, Tenerife. La secular pugna entre la emergente burguesía terrateniente y los grandes propietarios del heredamiento de Güímar, se pone de manifiesto con motivo del intento de los primeros de extraer y aprovechar con carácter público las aguas del denominado barranco del agua. Estas aguas quedaron ocultas como consecuencia de la emisión de lava producida por las erupciones volcánicas acaecidas durante el 31 de diciembre de 1704 y el 2 de febrero de 1705. Un siglo después, un movimiento sísmico hizo aflorar parte de esta agua comenzando la lucha por la posesión de la misma. Se formaron dos bandos bien definidos; por una parte, los vecinos representantes de la burguesía agraria dominante en el valle, encabezados por don José Leandro García, don Cristóbal Rodríguez y don Domingo Elías; y por otra parte don Bernardo Torres Ledesma, y don Miguel Baulen, representante éste último de los propietarios del heredamiento de Gúímar y encuadrado socialmente dentro del grupo de los grandes propietarios, y que, tras largos pleitos sostenidos con su familia llegaría a ser uno de los mayores propietarios del heredamiento.

Los enfrentamientos sostenidos desde la extinción del Antiguo Régimen, por el poder político local entre las Comunidades rurales, las denominadas clases medias rurales, burguesía agraria o caciques, se pone de manifiesto en las pugnas sostenidas por el grupo caciquil para acaparar el mayor numero de empleos público posibles de los cuales se valían  para acceder a la propiedad de las tierras y las aguas generalmente consejiles o realengas.

Una referencia de esta situación la tenemos en la disputa que sostiene el Capitán D. José Delgado Trinidad, uno de los miembros de la burguesía agraria local, descendiente directo del último Mencey de Adeje, y alcalde de Gúímar. Desde finales del siglo XVIII, la familia Delgado Trinidad se había apoderado de una considerable extensión de terrenos baldíos que se extienden desde el barranco de Erques hasta el de Pedro Díaz, esta apropiación estaba basada en una data concedida por el corregidor de la isla al padre del Capitán D. José Rodríguez Trinidad cuya extensión estimaba en unas 1000 fanegadas. A la ocupación de las tierras se oponen los vecinos de Güímar encabezados por el párroco de Fasnia pero natural de Granadilla don Juan de Castro Baute, (descendiente directo por vía materna de la familia real de Anaga, Ibaute.) D. José Delgado Trinidad con objetivo de alargar el pleito valiéndose de su condición de oficial de Milicias recurrió a la Comandancia General, para evitar de esta manera la intervención del alcalde Mayor.  

Delgado Trinidad, aplicando la habitual política de hechos consumados y según el defensor de los vecinos, el presbítero Castro Baute: «se introdujo en los terrenos de la Data, asociado nada menos que de 150 hombres a rozarlos e incendiar muchos astilleros, de cuyas resultas se quemaron también muchos pinos, arando después la tierra y sembrándola. Ha estorbado al mismo tiempo la introducción de los ganados en ellas; con tanta arrogancia, que ha vociferado públicamente que no le entraran a las tales tierras en ningún tiempo del año y que podrá muros y cancelas, y a dado orden a sus medianeros para que maten los ganados que hallaren dentro de dichas tierras».

El mismo presbítero continua diciendo: «Don José Delgado Trinidad, posee tantos bienes vinculados y libres que no puede atender el cultivo de todos», para rematar con: «no ignora don José Delgado que actualmente se está tratando de sacar otras aguas de un Río que está en la cabezada de los terrenos de la disputa en el paraxe que nombran Juan Álvarez».

Al final de un largo litigio la  Real Audiencia dicta  una de las pocas sentencias favorable a  los demandantes, en estos pleitos por la posesión de la tierra, ya que generalmente acostumbraba a fallar a favor de los poderosos, pero en esta ocasión lo hizo a favor Castro Baute y sus seguidores declarando de uso público la dehesa desmontada por Delgado Trinidad.

Por otra parte, la posición que defendían los propietarios del heredamiento, representados durante estas fechas, por Dña. Úrsula Lercaro y Baulén, éstos se oponían radicalmente a que los vecinos de Güímar llevaran a cabo la extracción de aguas, basándose en que ellos era los legítimos propietarios del heredamiento, cuya propiedad tenía su origen en la Data que en 1500 concedió el Adelantado Alonso Fernández de Lugo a los hermanos Blasino Pomblino Romano y Juan Felipe, origen que contestado por el alcalde de la localidad don José Bello Ledesma en los siguientes términos: «En nuestro asunto de aguas se debe contar la rivalidad de los que quieren hacer caciques, para oprimir a unos vasallos del monarca más benéfico del mundo (...). La Data de Blasino Romano no se poseyó jamás en toda la extensión del lugar; porque hay muchas tierras libres de distintos, que no representa al licenciado Vargas ni pagan censos, ni otra pensión al heradamiento que después fue de Pedro de Alarcón y los que hoy le suceden pagan tributos de algunos de sus terrenos y están divididos de otros que posee don Miguel Baulén, el convento de Candelaria, los Adrianes, la casa Núñez y otros distintos. Lo que da a conocer que el licenciado Vargas y Pedro de Alarcón en fuerza de los títulos, el uno de su Data y el otro de su compra; no debe haber en el valle Güímar debajo de los voluntarios supuestos y fijados linderos, porque estos son efectos de una prepotencia de gente rica y acaudalada, que se apropiaba de lo ajeno porque no tenían rivales vigorosos que le contrarrestaran sus intentos(...). Las aguas que se quieren sacar del barranco del agua del Río de Güímar que comprende la Data de Blasino Romano se secó con el volcán a principios de este éste siglo».

La opresión que las clases pudientes venía ejerciendo en las distintas localidades de la isla en un afán acaparador de las tierras consejiles y realengas, y que motivaron los alzamientos de la Orotava entre otros, centró la atención de los cronistas, pasando casi desapercibidos los acontecimientos de Güímar para la opinión pública. El día 10 de enero de 1810 el corregidor de La Laguna don José Valdivia y su escribano Vargas, salieron para el lugar de Güímar, les acompañaba el portero Lázaro Álvarez, para practicar diligencias sobre el resultado de las elecciones. Dichas diligencias culminaron con la destitución como alcalde de Güímar de don José Delgado Trinidad, miembro destacado del caciquismo local, cuya familia ostentaba un marcado protagonismo en la vida política y económica de la comarca, fruto de una acertada estrategia de enlaces matrimoniales, que les lleva a mediados del siglo XIX a enlazar con la aristocracia insular a través de la Casa de los Marqueses de La Florida.

Llegado el Corregidor y sus acompañantes, pasaron pernoctar en las casas de don Miguel Baulén, en ambiente del pueblo se notaba una tensión inusual, por lo que el sueño de los viajeros no era nada placido, efectivamente tenían razón al estar inquietos, sobre la media noche comenzaron a oírse el sonido de algunos bucios que hacía llamadas, y ruido de gentes por las calles y plaza, un grupo de personas se dirigieron a la casa de don Miguel  Baulén dando fuertes golpes en la puerta principal al tiempo que lanzaban grandes gritos, lo que obligó al Corregidor y acompañantes a asomarse al balcón desde donde pudieron ver a un grupo de 100 personas reunidas y agolpadas delante de la casa, más otro grupo junto a la parroquia, más otro grupo que tenía rodeada la casa. El Corregidor inquirió de los presente el motivo de aquella algarabía, adelantándose tres de los amotinados le expusieron que deseaban que saliera pronto del pueblo, dejando como alcalde a D. José Delgado Trinidad, de lo contrario su señoría y séquito lo pasarían muy mal, el corregidor trató de hacerles comprender lo inapropiado de la hora para viajar por los malos caminos de la comarca, que si de día eran prácticamente intransitables de noche era del todo imposible, indicándoles que al amanecer saldrían hacía su destino. Que los papeles no estaban recogidos, y que sobre el tema del alcalde, el tribunal de La Real Audiencia determinaría. Los amotinados respondieron que no había remedio, debiendo salir del pueblo en aquel mismo instante acompañados de algunos hombres de la localidad para su seguridad, de lo contrario, no respondían de su vida, inmediatamente les presentaron las caballerías debidamente habilitadas, y conducidos por cincuenta hombres armados de palos fueron expulsados del pueblo.

Este episodio nos ilustra sobre el gran poder caciquil en los pueblos de las islas, capaz de enfrentarse a los gobernadores de la metrópolis, dirigiendo a los pueblos como auténticos virreyes, la represión del motín no fue inmediata como se acostumbraba, quizás debido al temor que el Corregidor sentía hacia la Milicia de Güímar, formada en su mayor parte por jornaleros y agricultores de la localidad. Por otra parte. No deja de ser significativo el que la mayor parte de los dirigentes y participantes en el alzamiento era de claro origen guanche, entre ellos los siguientes: Juan Aday, Pedro Pablo Adrián, Lucas Alberto (los Alberto, son descendientes directos del Mencey Añaterve),  Martín Aguiar, Antonio Alberto, Juan Cartaya, Domingo Bello, Juan Manuel de Campos, José Delgado Trinidad, Pascual Díaz, Domingo Elías, Bernardo Flores, Juan García Adrián, Juan Agustín Gómez Guanche, José Izquierdo, José Leandro García, Francisco Leandro García, Luís Marrero Delgado, Francisco Marrero, Juan Pérez, Martín Pérez, Juan Antonio Plácido, Agustín Ramos, José Felipe Ramos, Cristóbal Rodríguez Mesa, Plácido Rodríguez, José Domingo Romano, Domingo Siverio, Juan Tejera y José Tomaso.

El alzamiento de Güímar, tuvo cierto grado de preparación, una de las reuniones preparatorias tuvo lugar en Igueste de Candelaria, en la casa de Juan Delgado (descendiente de la familia real de Güímar), a ella concurrieron los capataces Plácido Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, Juan Manuel de Campos, Juan Leandro, Francisco Leandro, Cristóbal Rodríguez Canario, Martín de Aguiar, y dos enmascarados que se suponen eran José Delgado Trinidad y Domingo Elías.

Los encausados por el motín, fueron indultados por la amnistía proclamada por las Cortes Generales y extraordinarias de 1812, con motivo de la publicación de la Constitución política de la Monarquía española.  (Eduardo Pedro García Rodríguez).