Eduardo Pedro García Rodríguez
1813 Enero 5.
El apasionado y oportuno discurso
del criollo y clérigo de la secta católica don Antonio Ruiz Padrón, acabó de
derribar el carcomido edificio de la Inquisición. Se abrió en las Cortes españolas
solemne debate sobre la incompatibilidad de aquella institución con los
principios proclamados de la constitución del Estado. Brilló entre todos, por
la solidez de su argumentación, el discurso del diputado canario que, en uno de
sus párrafos, decía: "El daño que ha hecho la Inquisición a la Iglesia y al Estado es
incalculable. Ella no ha corregido las costumbres, no ha procurado la
instrucción de los pueblos en la sólida y verdadera religión; se ha opuesto, ya
por conveniencia ya por política, a la instrucción de un pueblo digno de mejor
suerte. Ha derramado las ti- nieblas, ha patrocinado la superstición, mira con
odio la libertad de imprenta y, aunque acosada y moribunda, quiere como la
hidra levantar sus siete cabezas para destruir después sordamente cuanto V .M.
ha establecido en beneficio de la nación. La posteridad, juez seguro e
imparcial, es la que más aplaudirá la abolición del Santo Oficio como el rasgo
más digno de transmitir se a las generaciones futuras". A consecuencia de
este debate, en el que tomaron parte todos los oradores más notables
del congreso, fue votada la
abolición del Santo Oficio (22 de febrero de 1813) con gran regocijo del
partido liberal y reformador.
La noticia llegó a Las Palmas el
31 de marzo, designando la regencia al obispo Verdugo para su cumplimiento, con
encargo especial de recoger el archivo y guardar las llaves del edifico,
poniendo en libertad a los presos. El cabildo, compuesto entonces en su mayoría
de personas ilustradas, acogió con aplauso esta nueva y, en sesión
extraordinaria que celebró el sábado 3 de abril, acordó "que, aprovechando
el barco que va a salir de este puerto para España, se escriba por el cabildo a
las Cortes, manifestándoles la prontitud con que se han ejecutado sus decretos
sobre Inquisición y felicitándolas por su celo religioso en haber quitado este
borrón de la iglesia de Jesucristo, que hace odiosa su amable y santísima
religión". Al margen de este acuerdo se puso la siguiente nota:
"Certifico que en la tarde de este día hice quemar en el patio de esta
santa iglesia los sambenitos que había en ella, guardados en sus sótanos. sin
dejar el más mínimo vestigio. Doctor Ramírez, secretario".
El obispo procuró también cumplir
por su parte las órdenes del congreso, tomando, como se le ordenaba, posesión
del archivo y haciéndole trasladar a su palacio, y solicitando las casas que el
tribunal había ocupado para instalar en ellas una cárcel eclesiástica y
ensanchar las salas del seminario. Antes de entregar el archivo, los
inquisidores sustrajeron dos hojas de su libro de correspondencia con la Suprema. poniendo al
margen esta nota, redactada evidentemente en 1814: "Las que faltan se
quitaron porque había que entregar a 8.1. este libro después de la extinción
del tribunal, y se decía en ellas, informando a 8.A., cosas contra 8.1... El
jefe económico de la provincia se incautó de los muebles y enseres de la casa y
puso en administración las fincas y censos hasta la resolución de las Cortes.
Eran entonces inquisidores los doctores don José Francisco Borbujo y don
Antonio de Echanove, de los cuales el primero permaneció en Las Palmas
esperando el regreso del rey Fernando, de cuyas intenciones absolutistas había
recibido secretos informes.
El triunfo de los liberales fue,
como se esperaba, breve y transitorio. El famoso decreto de 21 de julio de
1814, recibido en Las Palmas el17 de agosto, restableció el suprimido tribunal,
reintegrándole en todos sus privilegios y reconstituyéndole bajo las mismas
bases de su antigua organización. El señor Borbujo, escudado con la
comunicación reci-
bida, se presentó inmediatamente
al obispo intimándole la devolución de la casa y entrega del archivo, a lo que
contestó el prelado que no le era posible acceder a su petición porque aún no
se le había comunicado la oportuna orden. "A la verdad -decía Borbujo al
dar cuenta a sus superiores de esta visita -, que no debíamos esperar ni pro-
meternos otros resultados, aunque
aparenta eficaces deseos de servirnos, teniendo a la vista, como tenemos, la
carta gratulatoria que dirigió este señor a las Cortes tumultuarias... de
eterno oprobio para su autor" .
Hasta el 29 de septiembre no
llegó la orden de entrega, pero como había que evacuar diferentes diligencias
de carácter económico y gubernativo, no pudo Borbujo abrir las puertas del
tribunal tan pronto como deseaba y se vio obligado a esperar algunos días. A
pesar del temor que debía inspirar una reacción que había de suponerse violenta
y rencorosa, se vio que los edictos del inquisidor aparecían rotos, su
jurisdicción contradicha y los cargos de alguacil y familiar, antes tan solicitados,
sin personas que quisieran desempeñarlos.
Con la llegada del fiscal don
Ramón Gregorio Gómez, se principió a perseguir los libros prohibidos y a
recoger toda publicación sospechosa de herejía o de liberalismo. Se procesó al
doctoral don Graciliano Afonso, a los presbísteros don José de la Rocha y don Mariano Romero,
a los poetas don
Rafael Bento y don Francisco
Guerra y Béthencourt, a don José Valdés, alumno del seminario, al comisario de La Gomera don José Ruiz Armas
y a otros calificados de desafectos al tribunal. Las brujas y hechiceras
volvieron a ser perseguidas y, entre ellas, una vecina de Agüimes llamada Juana
Catalina de Quintana por embustera, supersticiosa y curandera de maleficios,
como expresaba su sentencia.
En estos inocentes desahogos les
sorprendió el nuevo decreto de disolución expedido en 9 de marzo de 1820, que
concluyó definitivamente con tan odiosa institución. El día en que el decreto
fue conocido en Las Palmas, los seminaristas principiaron a tocar a muerto y,
cuando se les interrogaba, respondían: "Doblamos por la vecina" .Así
terminó, en medio del desprecio universal, un organismo que fue la causa del
atraso moral e intelectual de España durante los tres siglos anteriores.
Las ciencias enmudecieron, los
sabios más eminentes de la nación se vieron perseguidos, el libre examen fue
una horrible blasfemia y de las prensas sólo brotaban novenas y libros de
santos, indigestos comentarios o libros como el Ente dilucidado. Es
verdad que poseemos el Quijote y
un teatro nacional, reflejo de aquellas costumbres, cuya circulación se
permitía por no contener frase alguna que fuese censurable para el Santo
Oficio, pero, jcuánto hubiera podido esperarse del genio español sin la presión
de estúpidos gobernantes y del veto inquisitorial !
En Canarias no fue preponderante
la influencia de los autos de fe. Algunos hubo, como hemos visto en el curso de
esta historia, pero aquellos que venían acompañados del siniestro resplandor de
las hogueras terminaron al principio del siglo XVII.
Cuéntanse, sin embargo, II
procesados quemados en persona, 107 en estatua, 498 reconciliados con penas más
o menos aflictivas y 1.647 absueltos de la instancia, después de horribles
tribulaciones para ellos y para sus desgraciadas familias, contin- gente no
despreciable en una provincia tan pequeña y de tan morigeradas costumbres.
Afortunadamente, el registro de apellidos notados, donde se dejaban consignados
los fallos que a su juicio infamaban a algunas familias, es hoy una curiosidad
histórica que, en vez de denigrar, honra a las personas que en su lista se
encuentran. (A.Millares T. 1977)
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