El
Ministerio de Industria y Turismo, contradicciones aparte, del Estado
colonialista español, representado por el canario de servicio José Manuel Soria
(qué cruel puede ser la historia) ha dado un plazo de cuarenta y cinco días, en
plena época veraniega, como no, para realizar alegaciones a la valoración de
impacto ambiental con el objetivo de realizar prospecciones petrolíferas, autorizadas
a la empresa REPSOL, entre las islas Canarias de Lanzarote y Fuerteventura, y
la costa continental africana, alegaciones que caerán en saco roto, por lo que
la mejor alegación es salir a la calle en el próximo mes de septiembre,
debidamente organizados en tiempo y forma, exigiendo respeto a los recursos que
sólo al pueblo canario corresponden, oponiéndonos al planificado y peligroso
latrocinio.
Las
citadas autorizaciones infringen la jurisdicción internacional, suscrita por
España, obligada por lo tanto a respetarla y la conculcan porque España sólo
tiene competencias dentro de las doce millas (aproximadamente 21 kilómetros)
alrededor de cada isla, al ser Canarias un archipiélago administrado por el
Estado español y todavía no un Estado archipelágico, lo que sin embargo puede
ser inminente. Las prospecciones están autorizadas a más de cincuenta kilómetro
de nuestras costas. Esa infracción de la normativa internacional convierte a
España en un Estado forajido, curiosamente gobernado por el Partido Popular
(PP) que sistemátia y demagógicamente reitera la consigna, sobre todo si los
intereses no le son propicios, de que “la ley es la ley y hay que respetarla”.
Las
citadas prospecciones han sorprendido especialmente al pueblo canario y a la Comunidad Científica
Internacional. Al primero por la posibilidad de ver como, de la noche a la
mañana (más apropiadamente en este caso de la mañana a la cruda noche) puede
desaparecer su principal industria, el turismo, del que también es ministro el
denominado Soria y que por lo tanto tiene la obligación de proteger,
sorprendiendo también a la Comunidad Científica Internacional pues Canarias
es, probablemente, la zona de este planeta de mayor biodiversidad, pudiendo ser
irreparables los daños ocasionados por cualquier vertido de petróleo, que
afectaría igualmente al banco pesquero canario-sahariano, uno de los cinco
afloramientos de nutrientes submarinos a nivel mundial, introduciéndose en la
corriente fría de Canarias, que a través del Océano Atlántico baña las costas
africanas y americanas, hasta el Golfo de México. El ejemplo más reciente lo
tenemos en el vertido producido por la rotura y posterior hundimiento del
“Prestige” que afectó a más de mil kilómetros de costa, desde Galicia hasta
Francia.
‘Colisión’
Canaria, que junto con el Partido Socialista Obrero Español (y nada de
Canarias), administra el gobierno títere de esta colonia, se ha opuesto
tímidamente a las sorianas prospecciones, junto con los Presidentes de los
Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, pero mediante recursos ante
los tribunales españoles y que por lo tanto forman parte del entramado
colonial, rechazando uno tras otro dichos recursos.
Las
controversias sobre el derecho marítimo internacional se resuelven ante el
Tribunal Internacional del Mar de las Naciones Unidas y, hasta donde llegan
nuestros conocimientos, ni el gobierno de Canarias ni los Cabildos Insulares
citados han recurrido ante el mismo, lo que cuestiona tanto la seriedad como la
sinceridad de su oposición a las petrolíferas prospecciones.
El
que tampoco ha recurrido es el gobierno marroquí, aunque las autorizaciones se
hayan realizado en las aguas que, hasta que Canarias no sea un Estado
archipelágico, pertenecen a su zona económica exclusiva, lo que cada vez deja
más a las claras el pacto marroquí con la empresa privada REPSOL, que en
cualquier otro supuesto no arriesgaría ni un centavo (y ya van algunos millones
de euros) en las prospecciones, pacto extensivo a las monarquías alahuita y
borbónica, sellado recientemente, besos y abrazos incluidos, por los reyes del
petróleo, pactos que consideramos hostiles a los intereses del pueblo canario y
vienen a demostrar la necesidad de insistir en el hecho de considerarnos
pro-canarios, no transigiendo con ninguna consigna partidaria o ideológica que
demore nuestra senda libertaria, lo que también forma parte del amueblado de
nuestra futura casa común.
El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario
(Movimiento UPC) exigirá los correspondientes daños y perjuicios derivados de
las ilegales prospecciones y/o extracciones, considerando las mismas como un
descarado saqueo de los recursos que sólo al pueblo canario corresponden,
haciéndolo también extensivo a los daños causados sobre la Naturaleza y los
sectores económicos perjudicados por las mismas.
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