La oligarquía dominante en Canarias durante el
periodo de la
Restauración (1876-1923) fue el núcleo que inspiró la
represión desencadenada en la retaguardia de las Islas a lo largo de la Guerra Civil.
Mayores propietarios plataneros, empresarios portuarios, altas jerarquías de la Iglesia y mandos del
Ejército, alarmados por la amenaza que las reformas de la República suponían para
su antigua preeminencia, plantearon usar la violencia como recurso para
preservar sus creencias y sus patrimonios.
Durante el periodo republicano (1931-1936), esta
oligarquía asumió las direcciones de los partidos de Derechas y convenció al
conjunto conservador de la sociedad de que era necesario alcanzar el Gobierno
de la nación para aprovechar los recursos coactivos del Estado y emprender una
operación represiva que contuviese la movilización popular impulsada por las
organizaciones de izquierda. Entre 1931 y 1936, la Derecha “posibilista”
intentó acceder al poder mediante la vía legal: venciendo en los comicios.
Pero, tras la derrota sufrida en las elecciones generales de febrero de 1936, a
manos del Frente Popular, decidieron conspirar para derribar al Gobierno de la República , a través de
un golpe de Estado. Entre los apartados de la conjura diseñados con más
atención estuvo la represión.
Una vez iniciada la Guerra Civil , los
sectores que integraban la oligarquía participarán en el desempeño punitivo.
Mientras el Ejército asumía la coordinación de las tareas represivas, la cúpula
caciquil colaboraba desde la jefatura de las milicias del Movimiento (Falange
Española, Acción Ciudadana) y desde la presidencia de las corporaciones locales
del Archipiélago.
La operación represiva diseñada en Canarias
estipulaba unos objetivos, establecía unos procedimientos y contaba con agentes
para ejecutarla desde los instantes iniciales de la sublevación.
La primera misión asignada fue vencer la
resistencia al golpe de Estado. La represión formó parte de la embestida
inicial del Alzamiento militar. El castigo pretendía ser rápido, ejemplarizante
y disuasorio, una manifestación implacable de poder que activase el instinto de
supervivencia de sus adversarios, de modo que la violencia desplegada, quebrase
el ánimo de resistir.
En segundo lugar, a más largo plazo, pretendió
cimentar un régimen autoritario y conservador. La represión persiguió
disciplinar a las Izquierdas, a fin de truncar su empuje transformador y
someterlas a un gobierno dictatorial, edificado a la medida de la España conservadora.
En tercer lugar, la represión se propuso
desmantelar los partidos y sindicatos de Izquierdas. Para consumar este
objetivo, dispuso la ilegalización de las organizaciones que encuadraban a las
masas obreras y republicanas y la persecución de cualquier actividad
clandestina que pudiesen realizar sus afiliados.
Básicamente, los procedimientos empleados para
lograr estos fines fueron cuatro: la represión sangrienta, la cotidiana, la
económica y la penitenciaria.
La represión sangrienta fue la más dura de las
variantes represivas. Sus métodos eran los fusilamientos, las desapariciones
clandestinas y las condenas a elevadas penas de cárcel. Normalmente, se dirigió
contra los líderes del Frente Popular y contra los resistentes más destacados.
La represión cotidiana buscaba intimidar a los
militantes de segunda fila y a los simpatizantes de las sociedades de
izquierdas. Al eco del terror que provocaba la represión sangrienta aplicada a
los dirigentes, el operativo represivo añadió penas de cárcel de menor cuantía,
detenciones frecuentes, agresiones públicas y humillaciones cotidianas con el
propósito de abocar a la pasividad al conglomerado social del Archipiélago
identificado con el discurso progresista.
Por su parte, la represión económica pretendía
arruinar a la población de izquierdas. Pérdidas de empleo, inhabilitaciones,
multas y cierres de negocios se conjugaron para quebrar los medios de vida del
conjunto progresista de la sociedad y, así, extinguir su capacidad de
atracción.
Por último, la represión penitenciaria cumplió
dos cometidos: apartar de su entorno social a los militantes de izquierda más
carismáticos e introducir en los presos castigados la idea de que, si
descartaban oponerse al nuevo régimen, se les permitiría desenvolver su vida
con normalidad.
Además, el dispositivo represivo requería
personal. Una cadena de agentes que hiciera confidencias, practicara
detenciones, enviara informes sobre antecedentes políticos y sociales, asignara
castigos y se encargara de ejecutar las penas. Las fuerzas que se involucraron
en estos cometidos se extrajeron del conglomerado conservador de la sociedad o
fueron reclutadas por éste. Tal como muestran los sumarios de los consejos de
guerra abiertos en Canarias durante la conflagración, el Ejército, la Guardia Civil ,
Falange Española, Acción ciudadana, una activa red de confidentes y los
caciques locales fueron los principales agentes de la represión.
Pero ésta no solo tuvo un carácter eliminatorio.
Además, consiguió ser un elemento efectivo de cohesión de la sociedad
conservadora en torno al régimen del general Francisco Franco. Primero, porque
parte del conjunto social conservador considero que la represión era necesaria
para preservar su modo de vida tradicional, basado en el catolicismo, la
propiedad o la unidad de la
Patria. Segundo , porque miles de personas, desde denunciantes
a cargos municipales, pasando por sacerdotes, “personas de orden” o miembros de
las milicias del Movimiento, se involucraron, en mayor o menor medida, en las
tareas punitivas del Bando nacional durante los tres años de Contienda.
La represión alcanzó sus objetivos. Su doble
efecto -aterrador para la sociedad progresista y aglutinador para la sociedad
conservadora- la erigió en uno de los pilares que sostuvo el régimen franquista
durante las décadas siguientes. (Salvador González Vázquez)
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