Eduardo Pedro García Rodríguez
Este sufrido pueblo canario está ya hasta los bemoles de que se le impongan leyes y normas dictadas desde otro continente y otro país, cuyo centro emisor está a más de dos mil kilómetros de distancia de ¿nuestras? islas y con un total desconocimiento de idiosincrasia, modos y costumbres de este sometido pueblo, aplicando la máxima de “café para todos”.
También está harto de la prepotencia de determinados funcionarios de la metrópoli y de otros que autodenominanse canarios, no son sino simples lacayos fieles seguidores de la voz de su amo, y cuya meta en la vida parece ser que no es otra que demostrar a los invasores colonialistas su inquebrantable fidelidad actuando de verdugos de sus compatriotas.
Esto viene a cuento porque una vez más, el colonialismo español valiéndose de sus funcionarios en esta colonia trata de despojar al pueblo canario de una de sus fiestas más populares y entrañables como son las fiestas de carnaval, valiéndose como excusa de una ley emanada desde la metrópoli (el supuesto parlamento de Canarias no pasa de ser un ente decorativo que sólo sirve para proporcionar suculentos sueldos a los políticos canarios de servicio) mediante la cual no se permiten ruidos superiores a 55 decibelios. Esperamos que los funcionarios españoles y españolistas muestren igual celo en aplicar está normativa al próximo carnaval de los curas, es decir su semana santa, impidiendo que las cornetas, tambores y rezos emitan ruidos superiores a los 55 decibelios, ruido que naturalmente molestará a los ciudadanos que viven en los entornos donde el clero de la secta católica desarrolla sus “cabalgatas”.
Quienes nos han despojado de nuestra tierra nuestras aguas, nuestro cielo, nuestros medios de vida, nuestra cultura, nuestra religión y nuestra libertad, es decir, Nuestra Matria, deben tener en cuenta que la historia suele repetirse con más frecuencia que la deseada, por ello me permito transcribirles dos pasajes de nuestra historia colonial por si les puede servir de punto de reflexión, aunque me temo que, “Colonizado viejo no aprende letras”:
Uriarte y Balmaceda
El Intendente Balmaceda era un hombre de recio carácter, el cual le llevó en diversas ocasiones a enfrentarse al Capitán General de la colonia, el Brigadier Isidoro Uriarte, quien ostentó el mando supremo como virrey en la colonia canaria desde 1823 a 1827, parte de este tiempo ejerció el mando en calidad de interino hasta que, por real decreto de la corona española del 7 de septiembre de 1824 se le concede el mando en propiedad.
Uriarte había sido comisionado por el gobierno español de turno para restablecer en Canarias el sistema absolutista, con este fin desembarca en Añazu n Chinech (Santa Cruz de Tenerife) el 2 noviembre de 1823, siendo recibido por el general Polo el 5 del mismos mes, quien entregó el mando no sin cierta resistencia ante las dudas que existían en las islas de a la situación real de la política en la metrópoli. Era hombre de avanzada edad y <<de poco abultado expediente>> Y <<apocado en recursos>>, según recoge Francisco M. De León en su obra “Historia de Canarias”. Durante el mando de Uriarte, el verdadero gobierno de las islas estuvo en manos de su hijo a quien nombró secretario General de la Comandancia, y de Fernando Valignani, ayudante del General, ambos reconocidos absolutistas quienes dejaron triste memoria del poder despóticamente ejercido en las islas especialmente éste último, en las islas de Esero (El Hierro) y la de Benahuare (La Palma).
Como ejemplo del gobierno déspota y arbitrario del general Uriarte, exponemos uno de los múltiples enfrentamientos que mantuvo con el Ayuntamiento de Añazu (Santa Cruz): Con motivo de la arribada al puerto de la ciudad en agosto de 1825, un buque que transportaba a España a 81 oficiales y la tropa del ejército del Alto Perú, que habían sido derrotadas en Ayacucho. Uriarte pretendió proporcionarles algún descanso naturalmente sin que para ello tuviera que realizar ningún desembolso la comandancia (es decir, él) y para ello pidió al Ayuntamiento les proporcionase alojamiento durante su estancia en Añazu (Santa Cruz). El consistorio conociendo sobradamente la tacañería del general declinó la sugerencia que viniendo del comandante-virrey era una orden, la reacción de éste fue inmediata y mandó detener a los disputados que le trían la noticia.
El Ayuntamiento le pidió explicaciones, declarando que no era obligación suya, alojar a una tropa que ya tenía previsto alojamiento a bordo del barco que los traía, y preguntando por los motivos que habían dictado aquella decisión. El comandante contestó por escrito que lo había decidido él, que era suficiente, añadiendo:<<sin que yo tenga que dar cuenta a nadie de los motivos porque así lo he dispuesto. El Ayuntamiento se ha excedido en darme reglas sobre si debe dar o no el alojamiento que he dispuesto, para que descansen estos dignos defensores del trono>>. Reiteraba la orden, añadiendo que <<si continúan en su negativa, usaré de la fuerza>>, a pesar de la amenaza el Ayuntamiento se confirmó en su actitud.
Esto sucedía el 23 de agosto. Como la noche es buena consejera, a la mañana siguiente el general se despertó con menos arrestos bélicos y se dignó explicar al Ayuntamiento que lo que se le pedía era solo un alojamiento de día, sin derecho a cama, para que la tropa mejor gozara del fresco. El Ayuntamiento se mantuvo en su postura y contestó al comandante que, si lo que quería era evitarles el calor a aquellos dignos militares <<en ninguna parte lo pueden encontrar mejor que en las cuatros hermosas posadas y cafés de esta villa y en el convento despoblado de San Francisco, que está a cargo de la Real Hacienda sin que para esto tenga hacer el más pequeño desembolso>>. La reacción de Uriarte fue la misma que con la embajada anterior y mandó presos al Castillo de Paso Alto a los dos regidores más antiguos, Bernardo Forstall y José Marti. El Ayuntamiento se constituyó en sesión permanente. Envió tres requerimientos seguidos al comandante, pidiendo la libertad de los dos presos; acordó dar parte a la Audiencia, pidiendo el cese inmediato de Uriarte y el nombramiento de otro <<que conozca el límite de sus facultades>>, como eran habitual las arcas del consejo estaban exhaustas por ello se abrió suscripción pública para cubrir los gastos del pleito que pesaba iniciar. El comandante les ordenó que se retiraran a sus casas, de lo contrario los remitiría a todos presos a España, <<Si esta imprudente medida produce la menor reunión, la menor inquietud>>. Declaró haber dado parte de todo a Su Majestad, confesándole no haber hecho uso de los poderes que tenía, para eliminar del Ayuntamiento a los facciosos liberales y añadiendo <<mi mayor culpa ha sido mi demasiada lenitud>>; a pesar de esta actitud al día siguiente puso en libertad a los prisioneros.
El Ayuntamiento no quiso pasar por alto los atropellos de que era objeto. El primero de septiembre enviaba a la metrópoli un extenso memorial, con los diez cargos que se le hacían al general. El primero consistía en el motivo fútil del conflicto. Pero hubo otros cargos menos baladíes que probaban que seguía en pleno vigor los diez mandamientos mantenidos por los capitanes generales durante los siglos anteriores. Los cargos que el Ayuntamiento presenta contra el comandante son que: “Contrariamente a las ordenanzas, nombró por su ayudante de campo al capitán retirado Fernando Valiñani, persona inmoral que asoló a la Isla del Hierro, recogiendo dinero con el pretexto de restablecer la devoción al Soberano; cometió muchos abusos en la formación de un batallón para Cuba, mandando enganchar viejos y casados, para pedirles dinero a cambio de su libertad, de manera que hay 400 queja, que disimula el secretario de la comisión, que es el propio hijo de Uriarte; contra las ordenanzas, firmó nombramientos en las milicias hasta el grado de coronel; a un hijo suyo, cadete de 17 años lo nombró capitán de milicias después de marcharse el batallón de Cuba, para poderlo guardar a su lado; interviene en los pleitos de la auditoria cobró cuatro reales para cada licencia de pasaje para Indias, hasta que hubo amenazas de quejas al Rey; sigue cobrando 80 reales a todo buque que sale debe percibir de la Real Hacienda un salario de 54.000 reales, pero cobra 90.000; declaró cesante al secretario de la Comandancia, para nombrar a su hijo Isidoro, con 18.000 reales de sueldo.”
El fiscal del Consejo emitió su informe el 5 de noviembre, pero como en toda colonia debe imponerse el criterio del colonizador sobre los derechos del colonizado, éste se limitó a exponer que <<si bien consideraba que la conducta de Uriarte, tan estrepitoso e irregular procedimiento, que no debe repetirse; pero también juzga que el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha excedido>>.
Retomemos la figura del funcionario de la metrópoli Fermín Martín de Balmaseda, fue este personaje en los comienzos de su carrera un oscuro empleado subalterno de las oficinas de puertas en Madrid, quien supo tomar partido a tiempo como furibundo absolutista, adhiriéndose a la causa realista, consiguió ir ganándose la confianza de sus superiores lo que le permitió ir medrando conforme se iba afianzando el sistema absolutista. Durante la Regencia de Urgel, llegó a ocupar empleos de cierta consideración desempeñando incluso una misión de cierta delicadeza en Francia, a donde fue comisionado. Llegó pues Balmaseda a Chinet (Tenerife) en Junio de 1824, dejando ver desde un principio un carácter impregnado de su espíritu absolutista, y haciendo gala de la altivez propia en los empleados que nos remite la metrópoli, no obstante, estaba dotado de convicciones más firmes y una mayor inteligencia en sus funciones que su antecesor Les.
Una visión aproximada de la ingente legión de funcionarios con que siempre nos han “obsequiado” los diferentes gobiernos del estado español, nos la proporciona el viajero inglés A.B. Ellis, quien en su obra nos dice: <<Verdaderamente, Santa Cruz está plagada de oficiales del gobierno, que siempre pueden ser reconocidos por su arrogancia y por el hecho de que la legión de mendigos que existen en la ciudad nunca les piden limosna>>. En el censo de población de Santa Cruz de Tenerife de 1821, de un total de 6.148 habitantes con que cuenta la población, 764 son militares, además de los empleados civiles y clero foráneo.
Dotado también de un carácter austero, inició sus funciones de Intendente General rebajando ligeramente el canon que se pagaba para las haciendas locales y, paralelamente, aumentando los ingresos de la corona al restablecer en el país la implantación del papel sellado, carga ésta de la que estaban exentas las islas. Con esta imposición Balmaseda no sólo se excedió en sus funciones, sino que además hizo aflorar el espíritu de virrey que todo funcionario del Estado español en las islas lleva dentro de sí, en esta ocasión el intendente pasó olímpicamente de la real orden -aún vigente- de 14 de Noviembre de 1823, que prohibía imponer bajo ningún pretexto contribuciones ni empréstitos a los pueblos; pero al intendente de Canarias, le movía el interés de seguir trepando, por ello desoyó las quejas de los ayuntamientos y corporaciones, confiando en sus anteriores servicios y en su realismo, despreció a las instituciones del país y pasando por encima de las leyes programáticas que prohibían expresamente el sellado de papel en Canarias, creando una imposición que abría de ser harto gravosa para un pueblo empobrecido y extenuado como era el Canario.
El intendente Balmaseda en sus ansias de poder, no contento con dominar al país económicamente mediante toda una serie de imposiciones arbitrarias, para dar rienda suelta a su desmedida ambición, concibe un proyecto con el que pretendió dominar al país políticamente, combatiendo abiertamente a los portadores de ideas liberales y trabajado denodadamente a favor del más exacerbado absolutismo, pero no contento con esto, pretende emular a la “Santa Inquisición”, y para ello dedica grandes esfuerzos y recursos en crear una sociedad secreta cuyo fin primordial era mantener el entronizamiento de las ideas y el sistema proyectado allá en las sombras del misterio por la corte Romana, esta sociedad dependería o estaría afiliada a otras similares que ya existían en España, las cuales estaban encargadas de preparar el terreno para el desarrollo de los traumáticos sucesos que tuvieron lugar posteriormente; Balmaseda nutrió su sociedad con una buen número de eclesiásticos y bastantes oficiales realistas, con quienes mantenía una extensa correspondencia, siendo uno de los corresponsales de Balmaseda en España el canónigo Baltasar Calvo; tachado como sanguinario, y se presume que preparaban un cambio radical en las estructuras sociales de las islas desposeyéndolas de lo poco que de liberal aún quedaba en ellas.
Las verdaderas diferencias entre el intendente don Fermín Martín de Balmaseda y el general Uriarte, estuvieron motivadas por el levantamiento de un batallón expedicionario de “voluntarios leales Canarios”y que debía contar de unos dos mil hombres.
La corona española en su habitual ceguera política, no quiere aceptar el hecho consumado de la emancipación de las colonias americanas y, prepara la reconquista de los territorios perdidos, por tanto cuantos proyectos tendentes a dicho fin le son presentados tienen buena acogida, por ello no desestiman al igual que sus antecesores los reyes católicos, aceptar ofertas de facinerosos y “corsarios sin navíos” o piratas de tierra adentro de cuantas ofertas tendiesen a este fin.
Uno de estos bandidos sin escrúpulos lo fue sin duda alguna, el criollo portuense Isidro Barradas Martínez ( J.M. de León le dice Isidoro), quien obviando los nulos resultados obtenidos por la corona en su intento de levantar un batallón de voluntarios en Canarias, por real orden de 27 de Febrero de 1824 con destino a las colonias americanas y, al que solamente se alistaron algunos empleados públicos de Añazu (Santa Cruz), con objeto de no perder sus empleos, cuatro personas en Eguerew (La Laguna) y solamente una en La Orotava, sin que en los demás pueblos de la isla se alistase persona alguna, por lo cual la milicia realista jamás llegó a establecerse en Canarias.
A pesar de los resultados de este intento de recluta, Isidro Barradas se desplaza a Madrid y ofrece al rey Fernando VII reclutar un batallón de expedicionario de “voluntarios leales Canarios” su majestad aceptó encantado la iniciativa y a pesar de que se pidieron informes sobre el particular, con fecha 8 de Marzo de 1824, Barradas debía contar con algún contacto influyente en la corte, pues no se esperó a que los informes fuesen concluidos y con fecha 15 de Abril, se resolvió por real orden que se reclutase un batallón expedicionario en Canarias, quedando dicho batallón bajo las ordenes de su promotor Isidro Barradas Martínez.
Poco tiempo después desembarca en Añazu (Santa Cruz), Barradas acompañado de algunos oficiales, furibundos realistas. El general Uriarte prestó el máximo apoyo y amparo posibles. Comenzó de inmediato la recluta pero los voluntarios que se presentaron distaban mucho de los necesarios para cumplir con los fines que se había propuesto el Brigadier Barradas, siendo los alcaldes de los pueblos los primeros en no colaborar con el proyecto de Barradas y compañía, siendo uno de los más destacados en su oposición el del Puerto Mequínez (Puerto de la Cruz) don Francisco de Arroyo, quien hizo frente de manera razonada y firme a los requerimientos del general Uriarte para que, por sorteo destinase hombres para la recluta que se efectuaba en Añazu (Santa Cruz), también se ordenó requisar las armas propiedad de los cívicos, posiblemente para pertrechar con estas a los soldados del futuro batallón. En este intento quedó demostrado que los canarios no estaban dispuestos a ser reclutados ni eran tan “leales” a la corona española como presumía el promotor.
Ante el fracaso de la recluta voluntaria, los organizadores idean una trama para capturar a los hombres necesarios para sus proyectos, para ello organizan una leva de vagos (posible antecesora de otra creada bastantes años después por la dictadura franquista) con lo que se abrió una amplia puerta para hacer victima al pueblo una ves más de las injusticias y fraudes ideadas por los poderosos. Aún con esto no fue suficiente para completar el batallón, por lo que se procedió a extraer milicianos mediante sorteos entre los regimientos de milicias, dándose el triste espectáculo de ver conducidos por todas partes maniatados a los hombres que debían llevar la divisa de voluntarios, de que entonces y- después -estaban muy distantes. En resumen, el coronel Barradas recorrió varias islas cometiendo dota clase de crueldades para conseguir su empeño. Es notorio que el “buen” Barradas encontró una buena mina en sus paisanos arrancados por la fuerza del terruño, traficando posteriormente con la sangre y la libertad de sus compatriotas antes de la desastrosa actuación militar que tubo en México.
Una vez concluida la recluta, el batallón parte rumbo a Cuba, llegados a la Habana el capitán general de aquella isla ordena la disolución del mismo, integrando a sus componentes entre los diversos regimientos de la plaza, dando al traste con las apetencias de mando y aventuras de don Isidro. El coronel no renuncia fácilmente a sus proyectos y, en un empeño digno de mejor causa, se traslada a Madrid donde obtiene de la corona el mando de otro batallón expedicionario, con el cual pretende reconquistar Méjico. Poco tiempo después la expedición hace escala en la isla de paso para el puerto de Tampico. Los resultados de la expedición son sobradamente conocidos, por lo que evitamos entrar en materia, solamente apuntar que el flamante brigadier de los reales ejércitos españoles, Isidro Barradas, recibió tal derrota de mano de los Mejicanos que, damos por sentado que a partir de la misma se le aplacaron las ansias de aventuras.
Nos hemos alejado un tanto la figura del intendente Balmaceda, pero era necesario, para un mejor entendimiento de las causas que motivaron el enfrentamiento abierto entre Uriarte y Balmaceda, que no fue otro que las exigencias del primero para dotar de los pertrechos necesarios al forzado batallón levantado por Barradas con el incondicional apoyo del general, su hijo, y el secretario de la comandancia general. Como consecuencia del agrio carácter de Balmaceda y de las continuas exigencias del general, las ya deterioradas relaciones entre ambos empleados de la metrópoli se van agravando hasta el punto que, hizo pasar al general Uriarte un último oficio en extremo depresivo e insultante; que colmó la paciencia de éste quien haciendo uso de su superior autoridad mandó a detener al intendente, suspendiéndole de empleo y sueldo, ordenando su ingreso en prisión, en el castillo de Paso-Alto.
Cuando se ejecuto la orden de prisión, se hallaba Balmaceda en La Laguna y allí fue detenido en un día lluvioso, por una compañía de soldados. Se le condujo a Añazu (Santa Cruz) y se le obligó a atravesar el pueblo caminando hasta el lugar de su prisión situado como hemos dicho en Paso-Alto, al otro extremo de la población, los innumerables enemigos que Balmaceda se había creado, tuvieron la oportunidad de presenciar el cortejo. Las acusaciones contra el intendente fueron numerosas y de variados delitos, permaneciendo en prisión durante varios meses hasta que fue remitido a España donde fue vista su causa, y dictaminada de manera curiosa, pues mientras por el ministerio de hacienda español se expedía real orden desaprobando la actuación de Uriarte, el ministerio de la guerra expedía otra aprobándola.
El Subdelegado de la policía política
[…] Otro obstáculo que tuvo que superar el comandante general Morales –canario de servicio-durante su gobernación de Canarias, fue el que le supuso el subdelegado de la recién implantada en la metrópoli policía política, Sr. Bérriz, éste como todo empleado español creía ser un virrey en esta colonia, ello le llevó a sostener diversos enfrentamiento con su jefe inmediato, el general Morales.
Bérriz, trataba de exigir del vecindario la retribución de las licencias, gravamen que en el momento era a todas luces ilegales; por lo cual los vecinos se negaron a pagar, por cuya causa fueron multados los alcaldes de barrios y detenidos al negarse a pagar; también acusó al de Santa Cruz de disidente por haberse opuesto a la introducción del impuesto de pajas y utensilios; acusación que obligó al ayuntamiento a recoger testimonios y certificaciones de los militares, de los conventos y del vicario, para verse libre de tan grave imputación.
Bérriz en su deseo de castigar esta desobediencia ciudadana, que indudablemente afectaba a sus bolsillos, solicitó del general Morales la intervención militar (¡qué poco han cambiado las cosas!) Para hacer cumplir su exigencia, Morales se negó a sacar las tropas a la calle argumentando con acierto que tal acción podría provocar una revuelta popular; perturbando por consiguiente la paz ciudadana, situación que como es natural era poco deseable dado los difíciles momentos porque atravesaba la política interna española.
Por otra parte, el general era consiente de la repulsa que todas las clases sociales de la isla, manifestaban hacia la impuesta policía política, organismo que hasta la fecha era desconocido en canarias; y que los canarios jamás pidieron ni desearon.
La negativa del general Morales de sacar las tropas a la calle para hacer cumplir la exigencia del subdelegado de policía don José Bérriz Guzmán, creó en éste, tal animosidad, que se declaro enemigo jurado del general, tal resentimiento le llevó a elevar al gobierno español varios escritos acusatorios contra el Mariscal de Campo Morales, siendo quizás el más pintoresco uno en que hacia saber al gobierno español que la continuidad de la pertenencia de las islas a la corona española no estaba segura bajo el gobierno del general Morales; ya que en ellas existía un germen de independencia que el general Morales fomentaba, por lo que era preciso para conservar las islas, separar del gobierno de las mismas al general. El gobierno español comunicó al comandante las acusaciones de que era objeto y, este como es natural redactó varios pliegos en su defensa aportando cuantos documentos creyó oportunos, saliendo liberado de las acusaciones.
No deja de ser curioso que se acuse de independentista, a quien precisamente se destacó y cimentó su carrera aplastando de manera inmisericorde a los patriotas independentistas venezolanos, y siendo además como era, un reconocido españolista y absolutista realista.
Del encono que el incombustible Bérriz sentía hacía el ayuntamiento de Santa Cruz, nos puede dar una idea el siguiente pasaje: necesitando el ayuntamiento de Santa Cruz una bomba contra incendios y careciendo de fondos para adquirirla, se le presento la oportunidad de hacerse con el dinero preciso por una infracción cometida por un comerciante de la plaza; quien tenía almacenada cierta cantidad de pólvora de manera clandestina, comerciante y ayuntamiento llegaron a un acuerdo para sustituir la preceptiva multa por una donación de 300 pesos con destino a la adquisición de la referida bomba contra incendios, enterado el corregidor de La Laguna, nuestro altivo Berriz, de la transacción y entendiendo que en realidad se trataba de una multa encubierta, ordenó la incautación de los trescientos pesos, pues como tal multa pertenecía a las rentas reales. El ayuntamiento recurrió el embargo, y por real cédula de 31 de julio de 1832, se dispuso que se dejara el dinero para el destino que se había previsto; incluso si procedía de una multa. Sin embargo no se pudo recuperar el dinero por parte del ayuntamiento hasta febrero de 1837.
En la actualidad, han cambiado las formas de actuación del colonialismo español en Canarias, pero no el fondo, sino, tiempo al tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario