Eduardo
Pedro García Rodríguez
1819. Septiembre 22. El capitán de
una fragata inglesa, que arribó en busca de refresco al puerto de Santa Cruz de
La Palma, confirmó al gobernador de
las armas la existencia de barcos "sospechosos", noticia que ratificó
el subdelegado de marina en la Villa de San Andrés y Sauces.
A partir de
entonces, los citados capitanes y propietarios, junto con don Juan Fierro que lo era del bergantín "La
Estrella", procedente de Puerto Rico y con registro para
Santa Cruz de La Palma, decidieron elevar
una nueva instancia al alcalde mayor ponderando los recientes y tangibles peligros, subrayando la imposibilidad de
asegurar suficientemente los buques y solicitando por enésima vez que
se omitiese la obligación de acudir a Santa
Cruz de Tenerife, "a no ser que Vm. se quiera cargar con la responsabilidad de ciento diez y ocho
miles pesos que importan los tres buques y sus cargamentos", esto sin
olvidar el deterioro a que se veía sometida la carga en las bodegas de los
barcos, así como los costos de mantenimiento
que ya ascendían a más de diez mil pesos corrientes ".
Pese a lo anterior, León solicitó la ayuda necesaria del gobernador militar que mostró su disposición al efecto. Antonio de Guisla recibió
entonces a los capitanes para que hicieran sus alegatos defensivos, máxime
cuando, durante la mañana de ese día 24 de septiembre, se había producido un significativo incidente en el puerto palmero, donde una goleta con
bandera inglesa se había aproximado y echado un bote que, en las
cercanías del muelle y tras pedírsele la
documentación, había optado por emprender la retirada, no sin antes intentar sondear la bahía, por lo que hubo de
ser amenazado con un cañonazo, saliendo también en su persecución dos lanchas
armadas de los bergantines "Relámpago" y "Gran Poder
de Dios".
Como puede
presumirse, en esta situación las peticiones de armamento y de tropa de los
capitanes implicados desbordaron las posibilidades reales y legales del gobernador militar, que
devolvió el expediente al alcalde mayor.
Éste, sin
embargo, tornó a insistir en su posición, la que hizo extensiva
al subdelegado de marina, y dio cuenta de todo a la Intendencia.
Los
acontecimientos se precipitaron. El mismo día, 25 de septiembre, se reunió el
Cabildo en sesión extraordinaria. La Corporación estudió un memorial de
los capitanes donde se ponían de relieve los nuevos peligros "por los
enemigos que cruzan estas bocas", y en consecuencia se acordó llevar a
efecto lo deliberado en acta del 21 de agosto, por lo que se ordenó que los tres
buques fueran descargados y admitidas sus cargas por el administrador
de la aduana, "hecho cargo de las nuevas e imperiosas circunstancias que
exigen esta determinación, en beneficio de los reales derechos y del interés
individual". Dichos cargamentos, para evitar la oposición de Saura,
deberían ser depositados en la aduana o almacenes bajo la inspección y
custodia de los vecinos y comerciantes de la Plaza don José García Carballo,
don Manuel Lujan, don Félix Batista y don Antonio Vicente Fernández, "por
su notorio arraigo". Asimismo, en atención a que el ''Relámpago"
transportaba cien quintales de pólvora con destino a África, con el
consiguiente peligro en caso de ataque al puerto, se decidió solicitar de Guisla
que lo hiciese " salir a su destino a la mayor brevedad".
Por último
se acordó dar cuenta al monarca de esta "determinación puramente
gubernativa", matizando la arbitrariedad de la Intendencia y la firme
voluntad de no acatar sus órdenes mientras no recayera la "soberana
resolución" sobre el asunto.
Tal como se
sospechaba, Saura no cedió a las presiones. El día 26 escribió al subdelegado
de rentas mostrando su firmeza y pidiendo ayuda para que no fuera
contrariado lo "ya resuelto por la única autoridad que, correspondiente con
arreglo a los inventarios practicados", y en caso de que se resistiera
deberían ser comisionados los mismos depositarios para que "entreguen las
cargas a sus respectivos dueños o poderdantes, previas las competentes
fianzas que aseguren en todo tiempo los reales derechos con arreglo a
los registros'.
Joaquín
Saura, pues, fue sustituido en su cometido por los comerciantes ya
mencionados, quienes hicieron entrega de la carga, con la "'excepción de
una poca perteneciente a particulares de Tenerife", por ello el Cabildo les
encargó que avisaran a los interesados para que nombraran apoderados que se
responsabilizasen de la misma y, paralelamente, la Corporación acordó dar cuenta de todo al Administrador General,
"para que disponga que por este
administrador se perciban los reales derechos y admita los registros", así
corno también al Comandante General de Canarias.
El 21 de noviembre de 1819, los comisionados
dieron cuenta de la entrega de los cargamentos,
con lo que concluyeron sus trabajos. Se trataba, sobre todo, de
productos alimenticios y de materias primas destinadas a las labores artesanales y al mercado insular. (Manuel de Paz-Sánchez.
1994).
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