MISCELANEA DE HISTORIA DE CANARIAS (XVII) -VIII

NOTAS AL DIARIO DE LAS HERMANAS CASALON (XIV)

12, ALZAMIENTOS  MOTINES  Y REPRESIÓNES EN CANARIAS (II)


Eduardo Pedro García Rodríguez

EL MOTÍN DE LAOROTAVA

Todo ello motivó que en diversas épocas el pueblo se amotinase a pesar del pesado yugo que les tenían- y tienen puesto- en el cuello las estructuras dominantes.  Por ser sobradamente conocidos los alzamientos y motines que como consecuencia de las situaciones reseñadas, nos limitaremos a dar unas breves notas cronológicas de los mismos hasta 1847, evitando así al posible lector, un motivo más de aburrimiento al ojear estas páginas.

Año 1649: Una de las primeras medidas tomadas por los ediles del recién estrenado Ayuntamiento de La Orotava (villa exenta de La Laguna, desde noviembre de 1648) fue decretar la roturación de las tierras de las dehesas en Las Caletas del puerto, naturalmente en beneficio de los propio regidores. Esta usurpación de los derechos del pueblo provocó una reacción popular en contra de tan injusta medida, pues con ella se privaba de los medios de subsistencia de una parte importante de la población. La justa sublevación popular se saldó con varios muertos y decenas de heridos provocados por las fuerzas de represión empleadas por  la oligarquía contra los desposeídos. En enero de 1649 el pueblo se subleva y un contingente de 600 hombres arrasa las tierras de la dehesa que ya habían sido sembradas, la situación se prolongó derivando en un sin fin de pleitos, arrestos y torturas, hasta que Felipe IV confirma el expolio de las tierras a los pobres campesinos en abril de1651.

EL ALZAMIENTO DE TENERIFE EN 1653

Año 1653:  Las clases dominantes en Canarias, mantuvieron siempre una política de fraude fiscal respecto de la corana española, así como un continuo comercio de contrabando, basando en esta actividad fraudulenta el entramado económico con que se sustentaba. La corona intentaba frenar en lo posible estas actividades irregulares que mermaban considerablemente los ingresos de las arcas reales, enviando a las islas continuas tandas de empleados de las más diversas instituciones, pero éstos generalmente eran corruptos, y cuando no era así, tanto la oligarquía local como el sistema corporativo de los propios empleados gubernamentales, se encargaban de corromperlos, pues al fin y al cabo, el fin último de estos funcionarios que solicitaban o eran enviados a las islas, era el de amasar una rápida y fácil fortuna para regresar a la metrópoli enriquecidos, cuando sus aspiraciones no eran más elevadas, como fue el caso del fiscal de la casa de contratación, de Indias de Sevilla don Pedro Gómez del Ribero, a quien se revistió de la calidad de juez superintendente de todas las Jurisdicciones para que <<conoçiese de los exçesos que en las dichas islas se an cometido y cometen en las arribadas maliciosas [...] y en todo lo demás que allí se ofreçe tocante al comerçio y paga de derechos>>, y quien unas ves finalizada su comisión, regresando a España sería premiado con el empleo de juez de la Audiencia de grados de Sevilla.

El  primero de agosto, arriba al puerto de Santa Cruz don Pedro Gómez del Ribero sus cuatro auxiliares y séquito correspondiente, siendo recibidos por dos regidores comisionados a este fin por el Cabildo de la isla. Instalados en la ciudad, y después del intercambio de cortesías protocolarias, Ribero comienza sus actuaciones. Los habituales intentos de soborno en esta ocasión son ineficaces, por ello pronto comienza a cundir el pánico entre las autoridades quienes temen que pruebe lo que era evidente, produciéndose así una mayor represión a la ilegalidad. En sesiones del 25 y 26 de ese mismo mes se trata sobre las diligencias de Ribero, que según los capitulares pretendían impedir las arribadas de Indias a Tenerife. Ésta consigna fue hábilmente utilizada por quienes temían que sus fraudes o negligencias quedaran al descubierto, comienza así uno de los pocos motines protagonizados abiertamente por la oligarquía tinerfeña contra las instituciones españolas, personificadas en el fiscal Ribero. Mientras éste llevaba a cabo sus pesquisas, el Cabildo trata de involucrar en el tema a otros organismos, Cabildo de La Palma,  Audiencia, Cabildo de Gran Canaria,  La Inquisición e incluso al capitán general, además se envía mensajero a la Corte, con una descarada propuesta de soborno enmascarada bajo la forma de donativo, - práctica a la que tan habituada estaba la monarquía española – de 30.000 ducados.

En el debate posterior sobre las contrapartidas a recibir a cambio del donativo, no hay unanimidad, planteándose dos posturas defendidas, respectivamente por don Luís Interián y don Cristóbal de Salazar y Frías: se ofrecían el donativo de 30.000 ducados, concediendo arbitrios el rey en 6 años a 5.000 ducados/año. A  cambio se habría de obtener que el rey quitase los jueces de contrabando de Tenerife, que Ribero acabase ya su comisión, y que éste informase sobre la pobreza, pues cuando estuvo en la isla, coincidiendo con la cosecha de vino, no hallaban los labradores de viña quien les comprase una bota de mosto, base de la economía, ( una ves más la oligarquía saca a colación en beneficio propio la ancestral pobreza del pueblo de la cual es causante, que si bien es cierta para las clases populares, no lo es para la nobleza y terratenientes que viven en gran lujo y boato); 2) el donativo debía ascender a  42.000 ducados en 6 años, en plata, y en cuanto a pedir mercedes había coincidencia con la propuesta anterior, menos en lo relativo a Ribero, añadiendo que los navíos que viniesen cargados con mantenimientos y pertrechos  de guerra se debían recibir  con que llevasen su retorno en frutos de la tierra. La mayoría apoya a Interián, en cuanto su proposición era más ajustada a un acuerdo anterior de 26 de agosto.

Las negociaciones con la Corte no obtienen los resultados apetecidos por la oligarquía insular, a pesar de la intervención en la contienda del Santo Oficio apoyando los argumentos de los Cabildos de las islas, y de la velada amenaza de la independencia al exponer los regidores a la Corte el riesgo de “la perdida” de éstas, con el consiguiente trastorno para el comercio de la metrópoli con las otras colonias de América.

Así las cosas, los contrabandistas decidieron arremeter contra quien personificaba la pérdida de lo que hasta ese momento había sido base de excelentes negocios fraudulentos. En la noche del 28 julio, un grupo de cien personas encapuchadas y armadas de estoques, rodelas y pistolas; después de echar la puerta abajo penetran en la casa del fiscal, hiriendo en la acción a un criado, y aunque el fiscal pidió auxilio desde una ventana – curiosamente – nadie oyó sus suplicas. El objetivo inmediato de los amotinados era destruir las pruebas inculpatorias que el concienzudo Ribero había acumulado durante casi dos años de investigaciones, arrebatándoles los documentos y quemándolos, como así lo hicieron. Como era habitual en estos casos, el Ayuntamiento se dolió de la desgracia sufrida por el fiscal y le expreso el mucho sentimiento de la isla al tiempo que le ofrecía su ayuda.

Pero como la oligarquía local, nunca se distinguió por sus dotes de organización y previsión, una vez pasada la algarada cayeron en la cuenta de que se habían olvidado de destruir unos documentos tan importantes como los libros de Aduana de 1653, por lo que tuvieron que repetir el asalto a la casa del fiscal y tras amenazarlo de nuevo lograron hacerse con los mismos.

La situación de Rivero era muy incomoda y la actitud de las autoridades tolerante y sorprendente, especialmente la del capitán general, quien en situación similar si la algarada hubiese sido protagonizada por el pueblo, no hubiese duda en sacar las tropas a la calle – y según las prácticas de la época - colgar en la plaza de San Francisco a unos cuantos de los sublevados.

¿DICEN QUE MATARON AL MARQUÉS? ¡ESO DICEN!

       La ostentación del fuero militar español por parte de la nobleza local, les permitía hacer un uso extremadamente abusivo del poder de que gozaban – ya de por sí casi absoluto, sobre las clases inferiores – quedando inmune ante la jurisdicción civil, de los abusos y tropelías que frecuentemente cometían. Por otra parte los capitanes generales conseguían con la venta de empleos  en las milicias beneficios económicos muy sustanciosos al tiempo que ganaba voluntades y adhesiones para la causa de sus intereses, y además conseguían mermar el poder de los estamentos civiles. Queda registrado en la historiografía local el caso de algunos capitanes generales que hacían entregar las cédulas por sus esposas y así obtener generosas dádivas de parte de los agraciados.

       El trasfondo de estos continuos enfrentamientos entre los empleados del estado en las islas y la oligarquía local tenían un denominador común, la extracción del máximo beneficio económico a favor de la corona en unos casos y más frecuentemente en el propio, llegándose a ejercer  tanto por parte de estos funcionarios como por los terratenientes, actos de auténtica rapiña  que en diversas ocasiones minaron la resistencia popular dando lugar a verdaderos alzamientos en el transcurso de nuestra historia.

       De las múltiples ocasiones en que el pueblo oprimido y expoliado se vio en la necesidad de defender sus exiguos derechos de la voracidad de los poderosos, exponemos unos cuantos casos como ejemplo. Es notorio las multitudinarias protestas promovidas por los vecinos y habitantes de la comarca de Chasna  (Vilaflor, Abona y Ganadilla) contra el VI marqués de La Fuente de Las Palmas don Domingo José Chirino y Soler de Castilla (1766 – 1825), caballero profeso de la Orden de Santiago, Prior del Real Consulado Marítimo y Terrestre de Canarias, y detentador del Mayorazgo de la casa Soler en Chasna.

       Estas estaban motivadas por la apropiación por parte del marqués de terrenos comunales los cuales  cercaba y amojonaba a su antojo. Dehesas y campos incultos, montes e incluso caminos reales, que servían zonas de pastoreo para los ganados, eran apropiados por el Marqués haciendo caso omiso de los derechos ancestrales de vecinos y moradores, amparándose en su condición de coronel de las milicias de Abona, y por tanto sujeto al fuero militar, con esta estratagema venía burlando la acción de la justicia civil llegando incluso a enfrentarse al cabildo de La Laguna  por la posesión de los terrenos  usurpados.
Como ejemplo de lo que hemos expuesto anteriormente, veamos uno de los tantos pleitos protagonizados por don Domingo José Chirino, recogido en un excelente trabajo elaborado por doña Carmen Rosa Pérez Barrios, titulado “El Mayorazgo de los Soler en Chasna”: <<El 15 de Marzo de 1783 Claudio Yusti, vecino de Granadilla obtuvo Real Provisión a consecuencia de recurso que había presentado ante la justicia, por los perjuicios que los ganados de los vecinos estaban ocasionándole  en sus propiedades de Chasna. Esto sucedía  desde que Alonso Chirino aprovechando la influencia que le proporcionaba su título y la autoridad derivada de ser teniente coronel en el regimiento del lugar, había procedido a cercar la dehesa pública que confinaba con el lugar de Vilaflor, reduciendo a cultivo dicho baldío. Los terrenos servían de desahogo al pueblo, utilizándose para suelta de animales.

       Unos años más tarde, en 1789, de nuevo este poseedor provocó la alarma en los pueblos de Vilaflor y Granadilla, al proceder al levantamiento de una paredes en parajes públicos. Los muros fueron derribados por algunos vecinos de Vilaflor y Granadilla de forma tumultuosa. La Real Audiencia donde se vio la causa criminal suscitada contra aquellos vecinos, sancionó al Marqués, condenándole en costas y multándole con 500 ducados, reconviniendo a los vecinos, para que en los sucesivo <<no se tomasen la justicia por su mano...>> La sanción que se le impuso al litigante fue debido a haber entablado la acción criminal, como pública y famosa, reputando el hecho como una sedición popular en la Comandancia General de la Provincia, dando motivo con ello a prisión y padecimiento de los tratados como reos. El auto dictado el 29 Agosto absolvía de criminalidad de asonada al alférez Nicolás Viera, Antonio Márquez, Tomás Linares, al ayudante Claudio Yusty, Francisco García, Felipe Hernández, Salvador Sierra y al subteniente y sargento Bartolomé y José Sarabia y otros.

       Es probable que algunos de los vecinos citados, gozasen de fuero militar como se desprende de los oficios reseñados, los que, al estar socialmente por encima del común y amparados por el mismo fuero militar les permitía tratar de hacer frente a los continuos excesos y arbitrariedades del Marqués.

       Debemos tener en cuenta que en la terminología de la época, vecinos eran aquellos moradores que, por sus posibilidades económicas eran contribuyentes del erario real, y por consiguiente gozaban de determinados derechos civiles, los pertenecientes a las clases menos pudientes, eran considerados “almas”, por consiguiente, en un pueblo  que contase con una población de mil habitantes de los cuales sólo sesenta eran contribuyentes, en los padrones  correspondientes  figuraba como localidad de sesenta vecinos y novecientas cuarenta “almas”.

      Es indudable que la prepotencia y abuso de poder de que hacían gala los  poseedores del mayorazgo de la casa Soler en Chasna, culminaron con la muerte violenta del VII Marqués de La Fuente de las Palmas don Alonso Fernando Chirino.

       El 10 de Abril de 1840, el Superior Tribunal de Canarias libraba autos confirmatorios de otro que se había fallado el 20 de Julio de 1833,  sobre la posesión de 12 fincas a favor de don Alonso Chirino. Aparentemente el asunto quedaba concluido, a pesar de los esfuerzos de los contradictores al intentar recurso de nulidad e injusticia notoria.

       El 17 de Agosto de1840 el Marqués desoyendo las advertencias de algunas  personas de Granadilla, entre ellas las del párroco del lugar D. Alonso, montó en su caballo e inició el viaje a hacia su casa palacio de Vilaflor,  al llegar a la altura del lugar conocido como “La Cruz de Juan Bello”, doce bocas de fuego tronaron en la noche, cegando la vida del Marqués. La causa criminal fue instruida por el juez de La Orotava, quien se trasladó al lugar de los hechos, sin que sus indagaciones aportasen luz sobre los posibles asesinos, extendiéndose por toda la comarca una especie de pacto de silencio.

       Pasado los años, D. Germán Fumero señalará que la voz popular atribuyó el hecho a 12 carabineros del Resguardo que por aquella época vigilaban los puertos y ensenadas de Abona, para evitar el contrabando de tabaco que hacía frecuentemente un barco velero denominado “El Místico”. Es de suponer que la muerte del déspota Marqués, no despertó en exceso las condolencias entre los vecinos y moradores de las bandas de Chasna, éstos echaron tierra al asunto con una frase muy propia de la socarronería de los habitantes de aquellos lugares, y que aún en nuestros días suele oírse:  ¿Dicen que mataron al Marqués?, ¡Eso dicen!.

      Creemos interesante para un mejor conocimiento  de las circunstancias que rodearon los hechos relatados, transcribir los nombres de algunos de los apelantes en el proceso de 1840: Francisco Díaz González, vecino de Adeje como apoderado de Antonio Siriaco Belbis de Moncada, Marqués de Belgida, grande  de España de primera clase, residente en Madrid. José Martínez de Ocampo, vecino de Garachico como apoderado de María Francisca de Paula Carrasco, Condesa de Villa Leal, Viuda de Luis Roca de Togores, Conde de Pino-Hermoso, residente en Alicante, el Comisionado Principal de arbitrios de Amortización de la Provincia en representación de los suprimidos monasterios de Santa Clara de La Orotava, de Garachico, Recoletas Agustinas de Los Realejos de  Abajo y el convento de San Agustín de Vilaflor, Esteban Pérez de Medina, vecino de La Orotava, Francisco Guzmán y Cáceres, cura de San Miguel por sí y como mayordomo de fábrica de la parroquia, el Ayuntamiento de San Miguel, Pedro Machado Tejera, cura de Granadilla, y un largo etc.  

  
EL ALZAMIENTO DE AGÜIMES

     En Canarias, la conflictividad social ha estado siempre marcada  por la extrema pobreza de sus habitantes, y la ancestral explotación a que son sometidos por los poderosos. La población es obligada a vivir en estatus de continua dependencia, debiendo hacer frente a innumerables impuestos, y además los hombres deben servir gratuitamente en las milicias, teniendo en muchos casos que abandonar sus ocupaciones habituales, y dejando a sus familias sin el sostén necesario.

       Estos obligados milicianos eran requeridos para prestar servicios de vigías en momentos de alerta o de peligros de epidemias, o simplemente a cuando a los coroneles de turno, se les ocurría hacer algunas maniobras,  o organizar desfiles en determinadas fiestas, donde estos jefes y sus séquitos de oficiales podían lucir sus bonitos uniformes. En estas situaciones no se tenían en cuenta los perjuicios que pudiesen ocasionar en la ya bastante maltrecha economía del pueblo. Por el contrario, la oligarquía local manifestaba un desprecio absoluto hacía las clases populares, para las que los epítetos más gentiles eran los de Canalla, Chusma, Populacho, etc.

       La situación de continua opresión a que era sometido el campesinado, sumadas a las frecuentes hambrunas y crisis económicas por las que, cíclicamente atravesaban las islas, en determinadas circunstancias hacía aflorar la rabia contenida durante siglos en el pecho de los canarios, surgiendo el espíritu combativo de sus ancestros para tratar de hacer frente a las frecuentes injusticias de que eran objeto.

       Uno de los siglos más conflictivos lo fue precisamente el XVIII, siendo las islas de Tenerife y Gran Canaria donde se produjeron el mayor número de alzamientos y motines. Uno de los alzamientos más sonados, con el de Chasna, fue sin duda el de   Agüímes, motivado por causas similares. Veamos algunos pormenores de la situación que condujeron a los sucesos de Agüímes, para ello seguimos un excelente trabajo del historiador D. Antonio de Béthencourt Massieu.

       La reconversión del cañaveral en viñedos a causa de la caída del azúcar, produjo un movimiento interno de emigración que, favorece la instalación de poblaciones en zonas hasta entonces menos favorecidas. Migraciones en demanda de nuevas tierras productoras de cereales, y más específicamente el nuevo cereal introducido desde América, el millo, hace necesario poner en cultivo grandes extensiones de terrenos para poder alimentar a una población creciente.

 La Villa de Agüímes era cabeza del señorío perteneciente a la Cámara episcopal de Canarias desde 1486. Abarcaba el espacio comprendido entre los barrancos de Charpollo al Norte y el de Balos al Sur, el mar y las cumbres. Entre Telde y Tirajana. Contaba con algunos reducidos grupos de vecindad, como Carrizal de Ingenio y Aguatona, donde se instaló un ingenio azucarero, que dio el topónimo al lugar. La jurisdicción del Obispo se reducía a cobrar los diezmos enteros, facultades para conceder solares con una imposición de una o media gallina al año y la designación de uno de los alcaldes, el que se ocupaba de las causas civiles, pues las penales correspondían al real que designaba la audiencia.

       Durante los siglos XVII y XVIII, los vecinos se habían visto obligados a roturar tierras realengas en Sardina y Llano del Polvo, roturando más tarde las de Aldea Blanca y otros términos de Tirajana, labor no entorpecida por la lejanía de la capital, donde radicaba la audiencia y el cabildo, lo que evitaba un estricto control de estos organismos sobre las roturaciones y obras de regadío hechas para aprovechar el agua del barranco de Tirajana. Hubieron tres momentos en que los vecinos trataron de legalizar o regular su precaria situación, en 1635-1619 y 1702-1717.

       La audiencia sentencia en 1703 y 1704 y reitera las sanciones impuestas en pleitos anteriores: medio ducado por fanega roturada a los usurpadores, lo cual en la practica equivalía a reconocer el uso de las tierras, continuando los detentadores abonando perpetuamente un real por fanega y año para los fondos del cabildo.

       Este acuerdo se consiguió por la intervención de mediadores, siendo obligación el que llevaran dentro de año y medio título de venta o merced de las tierras de lo contrario, serían expulsados de las mismas. Extremo que no se cumplió, continuando laborando las tierras 63 usufructuarios en  Sardina y Pozo Izquierdo, y 30 en Aldea Blanca.

       La desidia por parte de algunos vecinos que se comportaron de  manera remisa en el pago de las sanciones quienes en 1717 aún adeudaban 7.457 reales de los 20.016 en que habían pactado la composición o multa y a fines de 1719, 6.733 reales. Además del censo de un real por fanega que debían abonar al cabildo, la deuda era más crecida, de los 13.627 reales y dos cuartos a repartir entre los 63 usufructuarios de las tierras de Sardina y Pozo Izquierdo y los 30 de Aldea Blanca, solamente se habían sastifecho 11.302 reales y un cuarto.

      Esta situación anómala es aprovechada por el sargento mayor D. Francisco Amoreto Manrique, quien ve en ella una oportunidad única para continuar expandiendo sus latifundios en el Sur de la isla de Gran Canaria.

       Aprovechándose de la desidia de los vecinos de la Villa, Amoreto acude al consejo y solicita de S.M. que las tierras de Sardina, con una superficie 609 fanegadas y cuatro celemines, como realengas que son, sean sacadas a subasta pública. El oidor decano de la audiencia de Canarias es comisionado por R.C. de fecha 24 de Diciembre de 1716, para que, como juez privativo, las remate.

       Amoreto sujeto de poca prudencia atropello y codicioso, sugiere al juez privativo Diego de Tolosa Ceballos, la inclusión de las tierras adyacentes de “Llano del Polvo”, a lo que accede el juez privativo. Tolosa pública los pregones correspondientes, llevándose a cabo las mediciones y valoración de las tierras por peritos, supervisando las operaciones los alcaldes de Agüímes y Tirajana. Valorándose las tierras en 2.838 escudos y medio y medio real de plata, unos 28.385 reales. El juez privativo Tolosa las concede en dicha cantidad a don Francisco Amoreto Manrique, único postor, en 8 de febrero de 1718. Aunque la R.C. de 1716 sólo autoriza a Tolosa el remate de 609 fanegadas, y cuatro celemines de tierras rozadas en Sardina, Tolosa concedió 451, 5 fanegadas, 50 brazas de tierras rozadas en el Llano del Polvo, más 707 fanegadas, 4`5 celemines de tierras montuosas, más Pozo Izquierdo y cuatro cuevas.

       No se hace esperar la reacción de los vecinos y 32 de los cultivadores extienden en Noviembre de 1717, un amplio poder al teniente coronel D. Cristóbal de la Rocha Betancourt, dueño de las salinas del Romeral y que además poseía 108 fanegas de las tierras en litigio. La acción de don Cristóbal de la Rocha sería pronto interferida por doce vecinos pertenecientes al sanedrín de Amoreto, lo que conformó dos bloques monolíticos entre poderosos, de los que, directa e indirectamente, iban a ser  peones los vecinos.

       Tolosa Cevallos, remite el expediente del remate a la cámara de Castilla, y argumentando que desea recibir instrucciones sobre la manera de enviar el importe al Consejo de Hacienda, pues el giro de las letras cuesta el ocho por ciento: advierte a favor de su protegido Amoreto que, <<pagará en moneda corriente de la Península y no en la provincial que es muy mala y en ocasiones cuesta, dos y cuatro y seis por ciento>>, propuesta que no cumplió, pues al final Amoreto pagó en moneda de las islas y por tanto 26.385 reales en vez de los 28.000 que suponía en moneda de España.

       El rey a propuesta de la cámara aprueba la enajenación el 2 de Agosto, y cursa instrucciones al juez privativo para que el importe del remate sea puesto a disposición del intendente D. Juan Antonio Cevallos. Amoreto se dio prisa en depositar dicho importe el cual fue inmediatamente transferida al tesorero de la intendencia.

 El nuevo propietario se da prisa en tomar posesión de sus recién adquiridas propiedades y designa al alcalde de  Agüímes don Joaquín González como su apoderado, quien acompañado del licenciado D. Juan Melían, prébistero, y del escribano D.  Sebastián Fuentes Diepa, toman posesión de las tierras en nombre de Amoreto el 3 de noviembre de 1718. Cuando los tres comisionados regresaban del Llano del Polvo, le salieron al paso en el camino de la madera una treintena de hombres quienes exigieron al alcalde – caso de haber sido concedida la posesión – al sargento mayor, para presentar impedimento y contradicción ante la audiencia, el escribano se excuso de hacerlo en el acto por encontrarse en campo abierto, prometiendo hacerlo en su posada. El documento fue extendido por el escribano a las diez de la noche. El mismo día 3 por la noche el alcalde envío un mensaje a Amoreto, y al día siguiente los representantes de los vecinos Baltasar Díaz y Melchor Álvarez, recorrían el vecindario de casa en casa y de barrio en barrio. La mecha estaba prendida.

       En su afán por el posicionamiento en las tierras y ante la proximidad del tiempo adecuado para realizar las sementeras en el sur, Amoreto presiona sobre el juez Tolosa y obtiene autorización para emprender las labores en los campos. Ordena que el domingo 30 después de misa, se procediera en los Llanos de Sardina y el Polvo a labrar machos para refrescar las tierras, desplazando para este fin a sus medianeros de Aldea Blanca con sus yuntas de bueyes, y ordena al alcalde de aguas del heredamiento de aldea Blanca que mantenga expeditas las canales y almitraches  y así poder realizar la mojada. Amoreto previendo algún incidente similar al de la toma de posesión, pone al frente de las operaciones al alcalde real Joaquín González Lorenzo.

       Mientras los medianeros del sargento mayor se aplicaban diligentemente en sus tareas, en el Lomo Fernando el Mozo, cerca de la propiedad de álvaro Gopar, que estaba sembrando en lo suyo, un grupo numeroso de vecinos de la Villa se iban concentrando. Ante los activos medianeros de Amoreto se presenta Luis Romero. Lamenta y protesta que estuvieran arando sus tierras. Le recomendaron que fuera a Telde a entrevistarse con Amoreto en la seguridad de que llegarían a un acuerdo, pues éste estaba buscando medianeros para sus nuevas tierras del Sur.

       Un grupo de vecinos que estaban reunidos frente de la casa de Salvador González, inició el descenso al encuentro de los hombres de Amoreto. Para evitar males mayores el alcalde real les salió al encuentro en caballo. Quitándose el sombrero a modo de saludo les dijo <<¡Caballeros, aquietésen ustedes!>> Respondieron que <<tenían contradicho el acto de posesión y que se había dado sin título>>. Iniciada la discusión, preguntaron los campesinos <<si traían comisión y cómo venían>>. Respondió que <<como compadre y amigo de Francisco Amoreto>>. Los ánimos se alteraron y en lo más álgido de la discusión Joaquín González Lorenzo se encontró rodeado. De pronto, Juan álvarez Ortiz le asestó un garrotazo en la cabeza, seguido de otro sendo que le largó Lorenzo Rodríguez, éste último garrotazo derribó al alcalde sin sentido, de la yegua. El Majorero Mateo Suárez  “el ovejero” le tiró una “dardada” y Melchor Quevedo le disparó, propinándole algún palo más Juan Lorenzo. Dándole por muerto lo abandonaron, no sin antes pasar por encima de su cuerpo, en señal compromiso y solidaridad.

El alcalde mayor fue socorrido por Bartolomé Rodríguez y Baltasar Gutiérrez, los cuales se acercaron al lugar de los hechos por curiosidad quienes le encontraron recostado en una roca y con la cabeza cubierta por un pañuelo, de la que manaba abundante sangre.

       Después de la agresión al alcalde mayor, se dividieron en dos grupos. Unos persiguieron al prebístero y apoderado de Amoreto que escapó a “uñas de caballo”, y  el otro fue al encuentro de los medianeros del Sargento mayor y sus yuntas, que huyeron despavoridos. Al alcalde de aguas Sebastián León, le alcanzaron y les tiraron unos palos que pudo esquivar, saliendo librado con un bofetón que le fue propinado cuando de rodillas imploraba piedad. A continuación procedieron a romper los almitraches, las acequias en varios tramos, dejando   imposibilitado el riego durante una temporada.

  A lo largo de la noche el numero de amotinados fue en aumento convocados por el sonido de los bucios. Fueron llegando a la Villa gentes de los pueblos y caseríos comarcanos. Algunos trataron de prender fuego arrimando ahulagas a las casas de Amoreto donde estaban refugiados los medianeros, y las del prebístero apoderado, D. Juan Melían, y a  las del salinero Baltasar Alemán, además de las de otros parciales del sargento mayor. La intervención del capitán de milicias Roxas, les disuadió del intento.

       Siendo consientes los vecinos de Agüímes de que el despojo de las tierras que avían venido cultivado era irreversible, pasan de la intranquilidad a la rebeldía. Pasada la media noche se apoderaron de la caja de guerra, de la que era depositario el alférez de milicias D. Leonardo Alemán, al toque de la misma convocaron al resto de los hombres rezagados y al grito tópico de “¡Viva el Rey! ¡Muera el mal Gobierno!”.Al amanecer el pueblo de la Villa de Agüímes estaba alzado en armas contra la tiranía. Los alzados establecen puestos de guardia a las entradas y salidas de la Villa.

       Mientras el alcalde daba cuenta de la situación a la Audiencia, los alzados extendía poder e instrucciones al procurador Simón Espino. Son unos 400 los hombres desesperados que esperan una respuesta como salida a la grave situación a que se han visto avocados.

   En esta etapa del conflicto algunos oficiales de milicias se unen a los sublevados, entre ellos, los alféreces D. Leonardo Almedia y D. Sebastián Diepa. La situación era indomable para la audiencia al no contar con fuerzas suficientes para hacer frente a los alzados, y previendo que las milicias de los pueblos  estarían más predispuestas a unirse  a los vecinos de la Villa, que acatar sus ordenes, los oidores optaron por emplear una política de dialogo, y así ganar tiempo en espera del arribo a la isla, del capitán General de Canarias D. José Antonio de Chaves. Para dialogar con los amotinados nombran juez especial al fiscal D. Francisco Román Meléndez, con las máximas atribuciones, quien se traslada a Ingenio para cumplir con sus funciones acompañado del escribano D. José Cabrera Betancourt.

       Instalado el fiscal en el pueblo de Ingenio, comarcano de la Villa de Agüímes, hospedándose en casa de D. Agustín Suárez, donde monta su cuartel general. Informado por D. Bartolomé Guedes de que los vecinos de Agüímes continuaban sobre las armas, reclamó la presencia en Ingenio del alcalde Fernández, del prebístero Sebastián Sánchez y del capitán de milicias D. Antonio de Roxas. Éstos se presentaron acompañados del escribano Diepa. Más tarde fueron despachados con la consigna de que usaran de su prestigio entre los alzados para serenar los ánimos, y asegurarles que Román como juez especial los oiría en justicia y <<se les atendería en consideración a su pobreza>>. Los embajadores se retiran de Ingenio acompañados de los 40 hombres armados que les habían escoltado.

   Cuando las conversaciones de los mediadores con los alzados iban tomando buen derrotero, la entrada en la Villa de un destacamento de hombres armados procedentes de Ingenio, torció las intenciones tan laboriosamente logradas. Vino a aumentar la crispación la presencia del Coronel del Regimiento de Telde, suegro de Amoreto, denunciada por Francisco Herrera quien animó a los hombres de la Villa con estas palabras: <<Camaradas: aquí estamos todos a favorecer a Uds. Y dice nuestro Capitán Gregorio Pérez que no viene porque tiene de huésped al Coronel, y que con  las resultas que tuviere, le mandaran aviso>>. A las tres de la madrugada el fiscal recibe una carta en la que se le comunica que ante la presencia del coronel del Regimiento de Telde, y suegro de Amoreto, y consientes de la reacción que cabía esperarse de éste, los amotinados habían decidido  continuar en su actitud de defensa armada.

       A las seis de la mañana se presentan en Ingenio, el alcalde, capitán, escribano y cinco oficiales de milicias, imponen a Román de que la presencia del coronel en la Villa. Provocaría una reacción en los alzados de consecuencias imprevisibles. Regresaron el alcalde, y el capitán a la Villa con la misión de continuar tratando de apaciguar a los alzados, y Román consigue que el coronel regrese a Telde.

       En escrito a la audiencia el fiscal expone que la situación en la Villa no se distiende, y que va en aumento por echar en falta a sus oficiales,  <<y siendo la detención de éstos demasiada – escribe el fiscal -, y no siendo las novedades a favor de la dilación, me resolví a todo trance a pasar (a la Villa de Agüímes) con algunos religiosos>>. El fiscal decide dar un giro a la manera tratar los acontecimientos y se   dirige a la Villa  acompañado de los oficiales de milicias, en el camino les salió al encuentro frai Juan de las Vegas y frai José Zambrana, prior  y regente del convento Dominico. En el barranco se les sumó el capitán Gregorio Pérez el alférez Alemán y el alcalde Fernández, el grupo formado por lo más representativo de la sociedad – justicia, clero regular, milicias y administración local-. Al llegar a la acequia vieron a un gran número de hombres armados del cuerpo de guardia, u buen número de mujeres y muchachos, quienes escoltaron a la comitiva

       Con gritos de “¡Viva el Rey y muera el mal gobierno!”.Los vecinos expusieron al fiscal que estaban dispuestos a morir antes que consentir que alguien se apropiara de las tierras de Sardina, porque en ellas pasaban como miserables la vida y que a costa de ella tenían aquel estado.

       Después de varias conferencias, y teniendo la más firme promesa por parte del juez especial Román, de que la situación tendría arreglo por la vía judicial, asegurándoles además de que no existía inquina por parte de la Audiencia hacía los vecinos, y que la solución del problema pasaba por la vía judicial y no por las armas.

       Sometida esta propuesta a los alzados, hubo disparidad de opiniones entre los más radicales y los moderados, decidiéndose al fin dirigirse a las casas del cabildo donde también esta el posito, depositando allí las armas, banderas cajas e insignias militares.

El capitán Roxas recibió las picas; cerradas las puertas, depositaron las llaves en manos del fiscal don Francisco Román Meléndez, terminando aparentemente la resistencia de los alzados.

       Con las armas a buen recaudo, el fiscal creyéndose ya dueño de la situación se quitó la careta y una de las primeras medidas que tomó fue decretar el estado de sitio en la Villa, prohibiendo a los vecinos salir de sus casas bajo pena de ser declarados los infractores traidores al rey. Esta actitud propia de todos los empleados que la corona enviaba a Canarias, mostrando un total desconocimiento de la idiosincrasia del pueblo que trataba de someter no tuvo en cuenta que, los vecinos precisaban moverse con libertad para atender a sus animales y ganado que, tenían libre en los campos, este desconocimiento y prepotencia de Román daría al traste con los buenos oficios desplegados por los notables de la Villa ante los alzados. En efecto, a las cuatro de la tarde, se reiniciaron los enfrentamientos al llegar los milicianos de Ingenio con su capitán Gregorio Pérez al frente,  éste solicita al fiscal la entrega de las llaves de las casas del cabildo negándose el juez especial a entregarlas. En una reunión posterior entre el capitán Pérez y Román llegan a un acuerdo mediante el cual para lograr la tranquilidad el capitán Pérez se retira con sus tropas a Ingenio, prometiendo Román una próxima visita para levantar el cuerpo de guardia que habían constituido en el pueblo, mientras tanto ambas autoridades estarían en contacto.

        El juez especial al creerse de nuevo dueño de la situación, y sin que la experiencia anterior le sirviese de mucho, comenzó a fulminar autos Provisiones, cuando aún las heridas estaban sangrantes.

       Ante la firmeza de los vecinos en no aceptar ordenes de quien maliciosamente les había engañado, el fiscal se vio obligado a refugiarse en el convento temiendo por su integridad física. Los vecinos afirmaban – y no sin razón - que la actitud del juez especial buscaba perderles, cuando lo único que pretendían era continuar labrando sus tierras, defendiéndose del poder absoluto de Amoreto para evitar ser sus esclavos, y  estos no podían esperar apoyo por parte  del fiscal sino todo lo contrario.

       La jornada iba transcurriendo en una tensa calma en los umbrales del convento, hacía las nueve de la noche  un creciente barullo procedente de la calle puso en sobresalto a Román. Los moradores del convento estaban en estado expectantes cuando hizo su entrada el alcalde Fernández portando una nota del capitán Pérez, de las milicias de Ingenio comunicando al fiscal que Allí se había producido un nuevo alzamiento, y le expone que intentaría sosegarlo y, en caso de conseguirlo <<obtendríamos un gran crédito>>; pero en caso contrario la situación se volvería sumamente crítica. Apenas había concluido Román la lectura de misiva cuando en el exterior sonaron los bucios, y le llegó la noticia: los de Ingenio, provistos de hachas estaban delante de las casas del cabildo. Estaba claro para Román que el conflicto se le escapaba de las manos.

       Estando en esta tesitura se presentó el capitán Pérez exigiendo las llaves de las casas del cabildo, amenazando con quebrar las puertas si no se le entregaban. El fiscal mantuvieron una acalorada discusión siendo Pérez recriminado por el fiscal por haber cambiado de aptitud, éste se defendió diciendo que había sido amenazado de muerte por los vecinos, por cual no le quedaba otra opción que unirse a los alzados. La postura del capitán Pérez no dejó de ser ambigua en este conflicto, pues en ocasiones estaba de parte de los vecinos y en otras auxiliaba a los partidarios de Amoreto, no cabe duda  que, a Pérez se le daba bien nadar entre dos aguas.

       Ante la firme exigencia por parte de los de Ingenio para que le fuesen entregadas las llaves, el fiscal optó por negárselas a éstos y entregárselas a los Agüímenses. Recuperadas las armas y estandartes los vecinos y milicias volvieron a ponerse en estado de defensa: cuerpos de guardia, vigilancia de los pasos, reconocimiento de viandantes. El día comenzó con las consabidas conversaciones entre los estamentos dominantes y los alzados. El párroco expulsó, bajo multa de 50 ducados y excomunión al prébistero D. Juan Melían, pues el pueblo desconfiaba de éste por su interesada amistad con D. Francisco Amoreto. El fiscal deseaba buscar ambiente más seguro donde continuar engordando sus legajos, y decidió trasladar su cuartel lejos del escenario de los hechos. Preparó su viaje para refugiarse en Telde, lugar de residencia de Amoreto. Antes de la huida recibió en su celda del convento a una comisión de notables que en nombre del pueblo  quería que retrasara su marcha hasta la llegada de la repuesta de la Audiencia, al memorial enviado por los vecinos, la comitiva estaba compuesta de: alcalde, cura párroco, Sebastián Sánchez, y capitanes de milicia, el fiscal exige como condición para la espera el que, los alzados depongan sus armas a lo que éstos se niegan, por los sucesivos incumplimientos de las promesas del fiscal.

 A las ocho de la mañana del día siguiente regresaba de las Palmas el emisario Juan Rodríguez Hidalgo, traía un pliego  firmado por el regente y oidores de la Audiencia, y otro del regidor y el coronel, en ellos  no ofrecen una salida al conflicto, y aconsejan al fiscal que abandone la Villa de Agüímes, pues en ella peligra su vida.

       Francisco Román con la soberbia propia de quienes ejercen funciones reales, se creía seguro menospreciando la decisión y coraje de los vecinos y milicias sale del convento con intenciones de volver a la ciudad. Los cien hombres del cuerpo de guardia le cerraron el paso, viéndose bloqueado, tampoco permitieron el paso de su escribano, y ni siquiera permitieron que el capitán Roxas enviara a un propio a las Palmas. Por fin convencido de que su marcha a las Palmas es imposible pues todas las salidas del pueblo están controladas por los alzados decide acatar las ordenes que recibió de la Audiencia y dirigirse a Telde, pues el pueblo de Ingenio era tan inseguro para él como Agüímes. En su salida de la Villa concurrieron a despedirle quienes le habían asistido, en al Plaza se encuentra al capitán Antonio de Roxas acompañado del pueblo y milicianos. Por “cortesía” le acompañaron hasta la acequia. Anochecido hacía las siete de la tarde hacía su entrada Francisco Román en Telde.

   En la calma aparente de Telde el fiscal aprovecha para reflexionar y poner orden en sus ideas, en un escrito a la Audiencia expone que le parecía indecoroso que todo un fiscal de S.M. permaneciera en un pueblo sublevado y que, para sacar a los alzados de su error no cabe otro lenguaje que las fuerzas de las armas, dado el grado de radicalismo que les animaba, en la misma carta de fecha 4 Diciembre de 1718, expone con sarcasmo <<Me ha parecido que las suplicas y ruegos que hasta ahora se han usado les hacía cometer la avilantez y asegurar la simple seguridad de que por tener dos picas y tres banderas animadas, con muy pocas armas de fuego y algunas lanzas, chuzos y dardos, tenían a todos sujetos, dependientes de su libertad y su Arbitrio>>. En otra carta el fiscal hace patente sus verdaderas intenciones y escribe <<... y como sea la inquietud tan radicada y la desesperación tan absoluta, me ha parecido imposible actuar cosa alguna, pues hauiendo de ser con los mismos es procurar un gran descalabro: y se necesitan muchos hombres para restablecer el sosiego”. Más adelante continúa: >> Es hora de ir separando gente, pues estando todo el pueblo en un conflicto, muchos vecinos recelosos de experimentar algún atropellamiento...>>.

       La tranquilidad que esperaba encontrar Francisco Román, en Telde no era posible, cuando comenzaba a poner en práctica sus planes se encontró con otro problema, sesenta hombres al mando del alférez Francisco Alemán seguidos de mujeres se situaron frente a su posada. Los manifestantes pretendían atacar al alcalde ordinario D. Juan de Abadía, Román trató de interponerse y se encontró que portaban las armas del país: espadas palos y otras, rebosados en sus capas. Pedían la expulsión del alcalde, el cual haciendo un uso abusivo del poder tenía subyugados a los habitantes de la ciudad.

Francisco Román calmó a los amotinados, ofreciéndoles la mediación de la Audiencia para solucionar sus demandas, a continuación envió aviso al alcalde para que se mantuviera en su casa. Para evitar pretextos a los sublevados, el fiscal escribió al corregidor para que reclamara al alcalde, y así mantenerlo lejos de la fuente de conflictos, el día siete amanecieron pasquines contra el alcalde Abadía, lo que obligó a la Audiencia retener el alcalde en ciudad, para evitar males mayores, esta situación obligaba a Román realizar continua rondas acompañado del nuevo alcalde don Francisco Alemán, poniendo un celo extremo en la vigilancia de la distribución y venta de alimentos, resolviendo con diligencia y estricta justicia cuantos casos se le presentaban en evitación de cualquier pretexto que pudiera ser aprovechado para encrespar más los ánimos de los vecinos de Telde.

 No se le ocultaba al fiscal las conexiones entre los vecinos de Agüímes, Ingenio, Carrizal, Temisas,  Tirajana y Telde, quienes estaban dispuesto a intervenir en defensa de los Agüímense <<coma cosa propia>>.

En Telde, Estaban trescientos hombres armados y preparados para intervenir en cuanto fuese necesario, otros tantos en Ingenio, Carrizal y Tirajana e igual situación pre-bélica se vivía en otros pueblos de la isla de Gran Canaria.

  El fiscal decide realizar un último intento para conseguir una solución al problema, el día 7 convoca en Telde a Amoreto y a los representantes de los vecinos de Agüímes. En ella Amoreto se mantiene inflexible en sus planteamientos negándose a renunciar a las tierras de Sardina y Llano del Polvo, alegando además que dichas tierras no son jurisdicción de la Villa de Agüímes sino de Tirajana, hace una relación de los favores que le deben los allí presentes y ofrece como alternativa que los labradores continúen trabajando sus antiguas tierras pero con contrato de medianeros con su casa, tal como se usaba en Arucas, Telde y en otros lugares <<donde los más viven a rentas o medias con el dueño de la propiedad>>. Termina Amoreto su intervención aconsejando a los representantes de los Agüímenses, que soliciten del rey en almoneda la adjudicación de terrazos y baldíos que quedan por desmontar en Amagro y Pico de Viento.

   Ante el fracaso de la solución negociada, el juez especial – como siempre inclinado más por la defensa de los intereses de los poderosos que los de los vecinos- llega a la conclusión que, la única manera de dar fin al conflicto es desmembrando la organización de los alzados. Al carecer de fuerzas armadas fiables trató de aislarlos  y someterlos creando una situación de desasistencia tendente a quebrar el espíritu de resistencia de los sublevados. Como primera medida Román ordenó al alcalde ordinario, que se presentara en Telde, bajo amenaza de 200 ducados si desobedecía, igual orden cursó a los cinco oficiales de milicias que residían en la Villa, advirtiéndoles que no se admitiría pretextos de impedimentos, pues le consta (al fiscal) que pueden ejecutarlo por la libertad que tienen. Con esta medida el fiscal pretendía dejar a la Villa sin dirigentes y a las milicias sin mandos cualificados. Pero éstos no acudieron al requerimiento del juez especial exponiendo diversos pretextos que le impedían desplazarse a Telde.

       El ambiente se va enrareciendo tanto en Agüímes como en Telde. El fiscal se lamenta de no llevar a cabo su trabajo procesal por la escasa colaboración que recibe, pues no acuden los testigos citados, con menosprecio de la justicia real que tan orgullosamente representa. Mientras tanto, Román no deja que se pare la maquina judicial y aprovecha el tiempo para sustanciar el proceso incoado a raíz de su nombramiento, con dictamen, calificación de los delitos y propuestas de penas para los encausados.

  Por su parte los sublevados reforzaban su unidad y espíritu de rebeldía, el domingo 11 de diciembre sobre por la tarde, convocados al toque de cajas de guerra se reunieron en la Villa hombres procedentes de Ingenio, Carrizal y Temisas. Celebraron  cabildo abierto, acordando delegar en doce hombres para que estudiaran la conveniencia o no de recabar una vez más la presencia del fiscal en la Villa para tratar una vez más de encontrar una salida a la situación, la asamblea acordó invitarle por mediación del padre Zambrana y el alcalde ordinario. En la misma asamblea acordaron permanecer con las armas en las manos pues de abandonarlas <<Serían maltratados por la justicia>>. Tuvo mucho que ver en que se pidiera el retorno a la Villa de Román, el siempre ambiguo capitán de Ingenio Pérez, quien después de haber mantenido una reunión con el corregidor, se esforzó en aconsejar a los vecinos que pidieran la presencia del fiscal, continuando así su política de servir a dos intereses contrapuestos.

        El lunes 12 a las seis de la tarde don Francisco Román Meléndez, recibe la carta del alcalde ordinario y del regente del convento de Santo Domingo padre Zambrana. A las seis de la tarde el fiscal se pone en camino hacía la Villa, una vez más le pudo su arrogancia pues pensaba que con su sola presencia los alzados depondrían las armas y el pueblo quedaría pacificado. A las once de la noche llegaba a las inmediaciones de  la Villa, en camino le esperaba el padre Zambrana en el barranco, al acercarse a la población recibieron la voz de ¡alto! A la que el fraile contestó con la contraseña - <<Los Ángeles de la Guardia>> – atravesaron varios puestos de guardia antes de llegar a la plaza donde estaba el retén principal. La comitiva penetró en el convento de Santo Domingo donde les esperaba el corregidor con varios frailes y allí pernoctaron.

       Al día siguiente sobre las nueve de la mañana tiene lugar un cambio de impresiones entre el fiscal, el corregidor, escribano, el cura párroco Sánchez, capitán Roxas, los alféreces Bernabé López y Leonardo Alemán. Exponen que habían solicitado la presencia del fiscal ante la perspectiva que entre los alzados había originado la oferta del corregidor de: entrar, disfrutar y cultivar las tierras de Sardina en tanto el rey determinase los conveniente, todo ello avalado por el oidor Tolosa. Pero ahora <<estaban de otro dictamen y no querían deponer las armas a causa de los reiterados engaños sufridos por parte de la justicia>>, y añadieron que <<estaban muy corridos y muy mortificados>>. El principio de autoridad estaba tan quebrado que el capitán Roxas, optó por alejarse de la Villa para no verse obligado a tomar partido abiertamente.

       Francisco Román aún no se había repuesto del disgusto cuando una hora más tarde, se presentó en la sala el capitán de las milicias de Ingenio D. Gregorio Pérez, para exponer al fiscal con toda crudeza que los vecinos no estaban dispuestos a dejar las armas, a pesar de que reinaba cierta confusión entre ellos, pues no entendían como hasta el momento no había aparecido la concesión del oidor D. Diego Tolosa, y sospechaban que toda la maniobra del fiscal estaba orientada a conseguir que entregaran las armas, para una vez desarmados, prenderlos y hacerlos victimas de la acción de la justicia de los poderosos.

       Ante la incapacidad del fiscal para aportar una solución que sastifaciéra las justas reivindicaciones de los vecinos éstos decidieron reforzar todos los dispositivos de seguridad, exhortando a los timoratos para que no se dejaran influenciar por las torcidas palabras del fiscal. El padre Zambrana salió a la puerta del convento y recriminó agriamente a los alzados por su cambio de actitud, la alocución del fraile fue contestada con energía por los vecinos Juan Ávila, Francisco Quintana y Juan Ortega, recogiéndose el religioso en el convento para consolar el desasosiego de Román.

   D. Francisco Amoreto, no estaba dispuesto a renunciar a sus recientes adquiridos derechos sobre las tierras de Sardina, y viendo que las cosas en gran Canaria no marchaban conforme a sus deseos y temiendo que los sublevados llevasen a cabo las reiteradas amenazas de acabar con su vida, se trasladó a Santa Cruz de Tenerife para exigir al capitán general Chavez Osorio, su presencia en Gran Canaria a fin de hacer valer por las fuerzas sus derechos y castigar a los – por él  llamados amotinados – que tenían puesta en píe de guerra a la isla. La audiencia por su parte con fecha 10 de diciembre también  había escrito en similares términos al general, quien mandó preparar un navío para desplazarse con prontitud a la gran Canaria, deseoso de obtener un fácil y sonado triunfo político con que rematar su corto y anodino mandato en las Islas Canarias.

       El barco que debía transportar al general estaba dispuesto para hacerse a la mar el día 12 pero los tiempos contrarios le impidieron hacerlo hasta el día 14 en que embarcó con un corto séquito. Al día siguiente desembarcó por la caleta al Sur de San Telmo en Las Palmas.

       Aposentado el capitán general D. José Antonio de Chavez, es ampliamente informado del estado de la situación por los oidores de la Audiencia.

       Los alzados continúan firmes en sus justas pretensiones, y se mantienen su actitud de no deponer las armas sin que antes se les dé una solución sástifactoria  al problema suscitado por Amoreto. Solución que esperan de la presencia del capitán general como máximo representante de la corona, pero pronto, van a descubrir que este personaje es tan poco fiable como el resto de los miembros de la Audiencia que preside.

       Impuesto de la situación desde la perspectiva de la Audiencia, el capitán general es consiente de que debe enfrentarse a un alzamiento armado casi general en la isla, y que cualquier movimiento en falso sería suficiente para prender la mecha del polvorín en que se había convertido Gran Canaria. Para hacer frente a la situación, el general opta por emplear tácticas disuasorias enviando a los sublevados diferentes embajadas con ofertas de ser atendidas sus demandas, (que como siempre nunca serían cumplidas.) Entre las gestiones diplomáticas, destaca la patrocinada por el Señor de Agüímes el Obispo D. Lucas Conejero Molina, quien a pesar de que por esas fechas se encontraba residiendo en el convento de su orden en Santa Cruz de Tenerife, exhortó a sus súbditos en una carta  recriminatoria, aconsejándoles imploraran la misericordia del Capitán General, al tiempo que les recrimina su atrevimiento, que no tiene disculpas y sólo servía para que sobreviniera una ruina general. El Obispo recomienda que acudan al general doce vecinos de los que no estén implicados para que expliquen sus pretensiones y razones, acompañados del cura y del alcalde ordinario.

       Con estos antecedentes y sabiendo que no podía contar con suficientes fuerzas armadas para reducir a los alzados, pues la mayoría de las milicias de la isla estaban predispuestas hacía la causa de los vecinos, el general aparentando una comprensión y benevolencia que, estaba muy lejos sentir, prometió interceder en favor de los vecinos alzados ante Audiencia de su presidencia sí éstos accedían a las siguientes tres condiciones: rendir las armas, recibir en la Villa a un ministro de la Audiencia que sustanciara la causa incoada y la entrega en la ciudad de Las Palmas de los estandartes, insignias y tambores del Regimiento, con la promesa de que haciendo mérito en la obediencia les serían devueltas, una vez sosegada la situación.

       Al siguiente día los vecinos de la Villa trasladaron a Las Palmas las insignias, emblemas y tambores que, fueron depositadas en la casa del corregidor, quedando éstas bajo su custodia.

       Sin embargo esta tranquilidad era más aparente que real, la llegada de un correo procedente de Cádiz portando una R.C. de la cámara de Castilla que confirmaba la posesión de las tierras de Sardina a favor de D. Francisco Amoreto, así como la detención de un capitán del Regimiento de Agüímes, hizo que la tensión renaciera.

         El día 20 la Audiencia presidida por el general Chaves delibera sobre la mejor manera de continuar con el proceso iniciado por el fiscal don Francisco Román. Ante el estrepitoso fracaso que éste obtuvo en sus gestiones, y considerando <<arriesgado en exceso>> el que éste continuara con los autos, aprovecharon un “accidente” político para dejarle fuera del mismo. Fue designado instructor el oidor semanero D. Alejandro González de Barcia, a quien se instruye de cómo debería llevar adelante las diligencias judiciales, y ordenándole la máxima celeridad en las mismas.

   Estuvieron de acuerdo en que, al carecer de fuerzas, la sorpresa era factor imprescindible para el éxito.

   El nuevo juez comisionado, puso el máximo empeño y celeridad en llevar a efecto la misión que le había sido encomendada, y el día 21 sobre  las cuatro de la tarde hacía su entrada en la Villa de Agüímes, acompañado del escribano Cabrera Bethencourt. Al siguiente, González de Barcia comenzó a decretar embargo de bienes y dicta auto de prisión hasta 25 presuntos reos siendo los detenidos y encarcelados: Juan Álvarez Ortega, Francisco Melían. Melchor Quevedo, Juan Perera, Bartolomé Díaz, Melchor  Álvarez, Baltasar Gutiérrez, Bartolomé Lorenzo Rodríguez, Francisco Pérez Miraval, Matheo Suárez, Manuel Mesa, Jorge Rodríguez, Diego Álvarez Romero, Luis Alvarado, Andrés Rivero, Juan Ávila, Juan Lozano, Francisco Juan de Ortega, Lorenzo Rodríguez, Luis Romero, Francisco Vizcaíno, Juan Mauricio, Juan Rodríguez y Francisco Quintana Miraval. La labor realizada con agilidad y limpieza está concluida el día 22. La diligencia mostrada por González de Barcia, le mereció las más vivas felicitaciones de la Audiencia.

 Por su parte los Agüímenses se habían trazado un plan paralelo de defensa, mediante el cual tratan de diluir sus acciones enmarcándolas en un delito casual y comunitario. Según van ingresando en prisión solicitan del juez le sean tomadas declaraciones, pues necesitan conocer de que son acusados. González de Barcia considerando que a cumplido su cometido, pretexta asuntos urgentes que resolver en Las Palmas y deja la Villa con más prisa que cuando llegó, encargando la custodia de los presos al alcalde ordinario. La cárcel de Agüímes carece de las mínimas medidas de seguridad, por lo que la estancia de los presos en ella es mera formalidad, ya que los encausados están más tiempo en sus casas e inclusos en sus labores que en la prisión. Esta situación induce a González de Barcia a solicitar de la Audiencia el traslado de los presos a los castillos y cárcel de la ciudad. El mismo día la sala recibió la protesta de los encarcelados, solicitando la libertad por considerar que se encontraban detenidos bajo denuncias dudosas y procesados sin pruebas suficientes, añadiendo que, por ser hombres pobres, pierden con la prisión el labrar las sementeras y cuidar los animales, con el consiguiente perjuicio para sus modestas economías. El oidor González de Barcia, insiste en su petición de los presos sean trasladados a la cárcel real de Las Palmas.
 
       Reunida la Audiencia en sesión de urgencia bajo la presidencia del capitán general, atiende a las presiones de González de Barcia, Amoreto y el alcalde apaleado, decretando el traslado de los presos a la ciudad de Las Palmas, encargando del traslado al alcalde ordinario de Agüímes  Fernández Alfonso y al capitán Antonio de Roxas. Amoreto  exige por escrito a la Audiencia que a los reos se les aplique la justicia <<que es el exe principal, y el castigo de los delincuentes convictos del crimen de lesa patria>>. El general Chávez Osorio en su deseo de contentar a los poderosos sin exponerse a prender de nuevo la mecha del polvorín, promete a los canónigos que son tenidos por protectores de los vecinos de Agüímes que, los encausados no serán maltratados durante el proceso y que serán libres de costas, promesas que como siempre serán incumplidas.

   El general no tuvo además escrúpulos en valerse del sacerdote D. Bartolomé Espino Alvarado, natural del pueblo y persona de gran prestigio entre sus paisanos, quien en compañía de los canónigos consiguió que los acusados se desplazaran a la ciudad sin ofrecer resistencia, confiados en la calidad de las personas portadoras de las promesas del general Cháves.

A pesar de manifestar  el posible daño que iba a sufrir las sementeras por no poderlas atender, aceptaron su conformidad a las ordenes recibidas y el día 27, de madrugada se ponen en camino los 25 presos hacía Las Palmas. La comitiva parecía más un grupo de amigos y vecinos que una cuerda de presos bajo la tutela del capitán Roxas y del alcalde ordinario. Como llegaron a la ciudad ya de noche, ingresaron en la cárcel real a primeras horas del día, que por  cierto, era día de todos los Santos Inocentes. Con los veinticinco prisioneros ingresaron también en prisión ese día Juan Quintana Miraval, quien mantenía algunas desavenencias con Amoreto, y don Salvador Fernández Alfonso, alcalde ordinario de Agüimes. La venganza de D. Francisco Amoreto Manrique se ponía en marcha una vez que se creía dueño de la situación.

       La paciencia y buena voluntad de los vecinos se pondrían de nuevo a prueba ante las maquinaciones de los poderosos, en el correo procedente de Cádiz llegó – como hemos dicho anteriormente – la R.C. confirmatoria de las pretensiones del sargento mayor de la isla, lo que quebraría la frágil paz alcanzada sobre la base a las arteras promesas del Capitán General Chaves. Ante lo delicado del momento tanto el regente como  el general trataron de influir en el juez especial y comisionado por la cámara de Castilla Tolosa,  para pospusiera la entrega de las tierras hasta que el rey hubiese recibido la representación de los vecinos, pero éste con su habitual arrogancia y quizás motivado por incentivos económico o de poder o de ambos, hizo caso omiso de las sugerencias de sus superiores, y se prestó con la máxima diligencia y servilismo a dar posesión a Amoreto de las mal adquiridas propiedades del Sur, y “olvidando” elevar a la cámara como era su obligación los recursos de los pretendientes de la Villa, especialmente después de haber examinado un instrumento de 1645, en que después de un largo pleito la Audiencia había vendido las tierras a los vecinos por el Censo perpetuo de un real al año, por fanegada desmontada y que en el futuro fueran desmontadas.

       Con todo el obsequio de quien desea agradar Tolosa, no sólo extendió el despacho sino que quiso hacer  entrega de las tierras personalmente, en efecto el día 2 de enero hacia acto de presencia en dichas tierras, junto con el oidor, D. Francisco Amoreto, su suegro el coronel del Regimiento de Telde D. Fernando Castillo Olivares, acompañados de un séquito adecuado. Por el camino del Llano a la altura de Lomo Damián bajaba un grupo de campesinos que portaban leña desde Arinaga. Informaron éstos que en Agüimes la noticia había levantado un gran revuelo. Tolosa se separó del sequito y se adelantó con el coronel y el escribano Antonio González Losada, un grupo de labradores que estaban en las proximidades les dio la espalda no dando lugar a que les interrogaran, los lugareños se dirigieron al encuentro de otros doscientos camaradas que se hallaban situados precisamente en el Llano del Polvo. El suegro de Amoreto por ser conocido de los campesinos recibió el encargo de informar a éstos del motivo que allí les llevaba, y al mismo tiempo tratar de tranquilizarlos.

       Cuando la comitiva llegó al lugar previsto para el acto de la toma de posesión más de doscientos hombres les esperaban todos portando sus armas compuestas por dardos, palos y una escopeta. Tolosa con ademán altanero les ordenó que depusieran las armas, lo que realizaron depositándolas en tierra. Tenían el sombrero en la mano en actitud de dialogar sobre el tema. Uno de los campesinos manifestó que si bien el oidor no hacía otra cosa que obedecer ordenes superiores, ellos contradecían el contenido de la R.C., una vez leída por el magistrado. Acto seguido Amoreto procede a realizar todos y cada uno de los actos que conlleva la toma de posesión, tomar tierra con las manos, arranca hierbas, muda y junta piedras. Todo ello en medio de un vocerío ensordecedor y muestras de desaprobación. Diego Cabrera Negrín, y el viejo alférez Bernabé López, con otros más, destruyeron los mojones, sin dar lugar a que el acto de toma de posesión tuviera remate.

       Similares acciones se reprodujeron en Sardina, donde los cultivadores de las tierras destrozaron mojones y exigieron que se les extendiesen certificaciones del acto para unir a las alegaciones. En algunos casos rodeando a la comitiva impidiéndoles avanzar.

       A pesar de todo D. Francisco Amoreto se sentía sastifecho con los resultados de la toma de posesión de las tierras que por medios tan arteros había arrebatado a sus legítimos poseedores. Deseando mejorar la imagen de su persona, bastante desacreditada especialmente entre las autoridades locales,  el capitán general y el clero, quienes ya contaban con una visión bastante exacta de la retorcida personalidad del sargento mayor, éste hace una contra propuesta a los vecinos y que califica como de muy generosa. La propuesta de Amoreto persigue tres objetivos: apaciguar los ánimos de los campesinos despojados y del resto de los vecinos, justificar su actuación ante las autoridades insulares dejar clara su vocación de servicio a la cámara de Castilla. Siguiendo un plan preestablecido,  concluidos los actos de toma de posesión de las tierras (y quizás asesorado por su parcial el oidor Tolosa), hace su oferta haciendo que el escribano tome nota de la misma para que quedase constancia del acto de “generosidad” que iba a protagonizar ante los hombres de Agüimes.

       En atención a la pobreza de los habitantes de la Villa, y como prueba de su generosidad, está dispuesto a entregarles las tierras libres es decir las que están sin roturar por un plazo de diez años. El resto a tercio aunque era práctica habitual que se dieran a medias. Les da la oportunidad de continuar sembrando las tierras que venían usufructuando, mediante el pago de una renta anual de real y medio por fanegada. Así mismo lanza la oferta de rozar las trescientas fanegadas montuosas que le había entrado en el lote. Estas ofertas no fueron aceptadas por los campesinos siendo rechazadas con desagrado. A la oferta de los diez años, le manifestaron que muy  buena compra fue aquella cuando la daba a diez años, la oferta de “tercio” fue rechazada con incontenible enfado por parte de los Agüimenses pues antes abonaban al cabildo un real por fanegada y año, además de que Amoreto se había quedado con más de mil fanegadas montaraces, siendo de dominio público que, aunque la venta había sido de 1.600 fanegadas incultas y labradas, se tasó el conjunto “muy a sastifaccíon de D. Francisco Amoreto”.

       Los presos encerrados en la cárcel real no disfrutaban de la confianza que habían depositado en el capitán general, éste creyendo tener la partida ganada se despojó de  la careta de hombre flexible y comprensivo, permitiendo que Amoreto y su lacayo Tolosa arremetieran contra los vecinos.

       Además de los vecinos de la Villa  el resto del campesinado se vieron traicionados por la Audiencia y por el capitán general Chávez. Amorerto arremetió no sólo contra los sublevados sino que lo izo contra todos los que no estaban de su parte, con el inestimable apoyo de González de Barcia quien aceleraba los procesos de manera inusitada. El abogado defensor de los vecinos D. Silvestre Quevedo cediendo a determinadas presiones o bien por temor a enfrentarse al poderoso Amoreto y sus secuaces presentó su renuncia a la defensa con fecha 28 de diciembre, el procurador  y apoderado de los alzados iniciaron infructuosas gestiones para conseguir un letrado que les defendiese. Finalmente se propuso a D. José Martínez, pero éste pretextando obligaciones ineludibles que le obligaban a asentarse frecuentemente de Las Palmas, renunció a la defensa. La sala no consideró justificada la renuncia de D. Silvestre obligándole a retomar el caso y multándole con cincuenta ducados a favor de la Casa de Expósitos de la ciudad.

       Amoreto continuamente presionaba a los oidores, toda medida preventiva le parece poca, pretendiendo que todas las personas que en el Sur de la isla no estaban de su parte fuesen procesadas. En su insaciable sed de venganza el 27 presenta demandas, querellas y denuncias de lo más variadas. Contra Juan Quintana Miraval, por camarada y cabeza del alzamiento; contra el procurador D. Simón Espino Carvajal, por elaborar escrito a favor de los vecinos; contra el alcalde ordinario, licenciado Fernández Alfonso, y los capitanes Antonio de Roxas y Gregorio Pérez, por aparecer en ciertos momentos al frente de los sublevados; Y en el caso del alcalde como responsable de la seguridad del cirujano Jacinto Perera, que acudió a cuidar las heridas del alcalde Real. Al ensañamiento de Amoreto se sumó las querellas presentadas por el aporreado alcalde real, quien arremetió contra los ahora encarcelados por los daños sufridos y por la vejación a que fue sometida su persona y el desprestigio de su autoridad, exculpando solamente a Baltasar Gutiérrez, quien con su intervención evitó que continuasen moliéndole a palos.

       El sargento mayor en su ensañamiento dando muestras de actividad digna de mejor causa no cesa de complicar el proceso añadiendo al mismo ramificaciones colaterales. Por medio de procurador solicita la ampliación del número de los encausados, propones nuevos testigos, ampliación de los plazos, etc. La sala ante tal avalancha termina por exigir a Amoreto que ponga fin a sus demandas y que explicite las acusaciones, el volumen de las demandas es tal que en determinados momento se le enfrenta su criado el oidor  y juez comisionado Tolosa, deseoso éste de sustanciar de una vez por todas tan enojoso proceso. Ante la actitud  exigente, y arrogante del sargento mayor, González de Barcia se niega a procesar al procurador que no había hecho otra cosa que cumplir con su obligación al poner por escrito el encargo de sus clientes, considerando además indecoroso procesar a las autoridades locales y, finalmente, niega la ampliación de plazos, etc.

   El pliego de descargo de los vecinos es presentado por el procurador Benítez  Xuarez, quien como es natural solicita la libre absolución de los procesados. Benítez argumenta que los vecinos no acudieron a la “asonada” que se dice, sino como unos del Pueblo y que están exonerados de dicho delito, ya que fueron convocados en nombre del rey, no siendo extraño este tipo de convocatoria en una localidad como Agüimes donde constantemente hay moros en la costa, después se mantuvieron reunidos en son de defensa natural, y prontitud en acudir en defensa de su rey y su monarquía. El procurador Benítez Xuarez continua argumentando la defensa para concluir de la siguiente manera: <<Es poco honorable la actitud de D. Francisco Amoreto Manrique, quien va contra el espíritu y la letra de una Real Cedula otorgada por los reyes D. Fernando, Doña Juana y D. Felipe para Canarias, prohibiendo vender ingenios y heredamientos a personas poderosas, Real Cedula conservada en el Libro Rojo de la ciudad>>. Termina el defensor con el siguiente resumen:  la algarada fue una reunión en defensa de la tierra, ya que los de Agüimes carecían de fuerzas como demuestran los hechos, de una parte, y de otra presenta como un peligro social el excesivo poder que iba adquiriendo Amoreto, con el progresivo ensanchamiento de sus propiedades. Peligro social, sí, pero también peligro para la tranquilidad de la isla.      González de Barcia como juez especial del caso eleva a la Sala la causa sustanciada.

Don Francisco Amoreto Manrique había mediante procurador elevado un escrito en el que se expresaba más como fiscal que como parte. El mismo solicita que los inculpados sean estrictamente castigados con el fin de dejar grabado en la memoria popular las consecuencias de ir contra los poderosos, aplicando un castigo extremo. Después de teorizar sobre la actitud de los reos y tratar de desvanecer la defensa de los mismos termina pidiendo la pena de horca para algunos de los encausados, y la condena a galeras y azotes en público para otros.

       La Sala de la Audiencia se reúne en el palacio episcopal residencia en la ciudad del Capitán General y presidente nato de la misma, el 5 de enero de 1719, bajo la forma de real acuerdo. Forman la misma además del regente Lucas Martínez de la Fuente, recién llegado a las islas; el oidor decano, Diego Tolosa, corresponsable en parte de los hechos y afecto al sargento mayor, y Alejandro González de Barcia.

       El fiscal expuso sus conclusiones calificando el delito de motín, solicitando en consecuencia las penas que para este delito se aplicaba en Castilla: la horca, galeras y  azote en público. Dureza en las penas indudablemente fomentadas por Tolosa, quien desde un principio había tomado partido en contra de los campesinos y no desaprovechaba ocasión para seguir las indicaciones de su mentor Amoreto.

       Don José Antonio de Chaves Ossorio, en esta sesión mostró un alto grado de inteligencia frente al contumaz pueblo, demostrando una mayor sensibilidad que el resto de los jueces, valorando con clarividencia lo que, aquel pueblo era capaz de acometer.

       En su intervención el general expuso que él por su profesión, esta habituado a imponer castigos ejemplares. Pero ante la extensión del conflicto, era aconsejable no imponer penas de tal calibre, inéditas para los isleños, y que podría implicar el rebrote del conflicto con más violencia, lo que acarrearía ímprobos  inconvenientes. Esto le obligaba a ser benevolente. Continuó el general  esgrimiendo razones en apoyo de sus planteamientos. Los insulares no estaban habituados a contemplar ejecuciones públicas, y la proximidad de los sucesos últimos no habían permitido sosegar los ánimos. Además, por otro lado los de Agüimes cuentan con el apoyo y la simpatía de otros pueblos comarcanos, y la ciudad de Las Palmas estaba llena de parientes de los presos. Por otra parte, las autoridades no contaban con fuerzas armadas suficientes, pues los milicianos son pocos y escasamente instruidos, abundando entre ellos simpatizantes de los alzados.

       Sabiendo que su sucesor está en Cádiz, esperando poder embarcar hacía las islas, Chavez, quiere incluir en su currículum la pacificación de la isla por ello no duda en desmarcarse tímidamente de determinadas influencias y expone que: “aunque el rigor viene recomendado por algunos importantes personajes – en clara alusión a  Amoreto -, encuentra preferible aplicar al caso un capítulo de sus intrusiones secretas, instrucciones que recibió de la Corte, en vísperas de emprender el viaje. Se le ordena por el mismo y en forma taxativa que <<siempre que pudiera peligrar el cumplimiento de la justicia, aunque fuera interesada la Real Hacienda, que se sobreseyera en ello asta mejor ocasión>>. Otros factores que pesan en la decisión del general son “lo remirado, pobreza y clamor de los campesinos que se sentían despojados” “ y no haviendo armas para el resguardo de la execución”.  Sobre  base de lo expuesto Chaves pasó a recomendar una serie de penas más benignas, pero dejando una puerta abierta para que más adelante pudieran aplicarse castigos mayores, y dejando a Amoreto en posesión de las Tierras, quedando al tiempo abierta la vía de reclamación a Cámara de Castilla.

       Sobre las tres de la tarde se procedió a la votación de los diferentes dictámenes, y las penas quedaron graduadas de la siguiente manera: Condenados al presidio de Ceuta, Juan Lozano, 10 años, Juan Álvarez Ortiz, 8 años, Mateo Suárez, 8 años, Medina Quevedo, 8 años, Lorenzo Rodríguez, 4 años. Condenados a destierro: Juan Perera, 10 años, Diego Romero, 8 años, Francisco Melían, 8 años, Bartolomé Díaz, 8 años, Francisco Quintana, 8 años, Melchor Álvarez, 4 años, Juan Ortega, 4 años, Juan Ávila, 2 años. Quedaron a disposición del Consejo: Francisco Pérez Miraval, Luis Romero, Jorge Rodríguez, Francisco Vizcaíno, Salvador Artiles, Luis Alvarado, Andrés Romero, José Alonso y Torres Travieso. Fueron absueltos: Salvador Fernández, Manuel de Mesa, Juan Mauricio, Juan Quintana Miraval y Baltasar Gutiérrez.

       Las sentencias se redactaron y formalizaron en la mañana del día de reyes, publicándose ese mismo día, los cargos se rebajaron de motín a tumulto. Los oidores aceptaron la aplicación de estas penas “benignas” a condición de que el general Chaves Ossorio explicara su motivación al rey y al consejo de Castilla. Además fueron condenados mancomunadamente incluso los absueltos al pago de las costas del proceso, indemnizar a la real hacienda por los gastos ocasionados por el viaje del general y su séquito, gastos de cárcel, querellas de Amoreto y del alcalde real etc. Además a los absueltos se les prohibía regresar a sus pueblos sin licencia de la Audiencia. Los condenados quedarían bajo la custodia del capitán general en Tenerife, en espera de que el rey confirmara o modificara las penas. El capitán general incumplió la promesa hecha a los Agüimenses de que serían exonerados de las costas del proceso, a pesar del reconocimiento por parte del propio general de extrema pobreza de los vecinos.

       En la tarde del día seis un escribano público lee en la cárcel las sentencias a los reos, acto seguido y cumpliendo ordenes del Capitán General el sargento mayor de la plaza D. Salvador Cayetano Manrique, recibe a los presos y los conduce a la playa de la Caleta, bajo una fuerte escolta, el traslado de la cuerda de presos se efectuó sin el menor problema siendo embarcados y asegurados en el navío que había traído al general Chaves  desde Tenerife. El bajel quedo arranchado y presto para hizar velas, operación que habría de llevarse a cabo a la mañana siguiente debido a unas molestias experimentadas por el general Chaves, quien pernoctó en el Palacio Episcopal.

       En cuanto llegó a Agüimes la noticia de las penas impuestas y del embarque de los presos, comenzaron las escenas de dolor y rabia por parte de las mujeres y parientes de los condenados, la indignación del vecindario fue en aumento. La gente se fue concentrando hasta alcanzar un determinado número de personas, y se pusieron en camino hacia Las Palmas. A primeras horas de la mañana en la portadilla de los Reyes estaban congregadas unas sesenta personas, mujeres y hombres. Desde aquí se dirigieron a la Plaza Mayor para solicitar del Capitán General la puesta en libertad de los presos, de lo contrario, pedían ser también encarcelados como coparticipes de los hechos por los que habían sido condenados los presos. Los manifestantes entraron en el patio del palacio episcopal gritando y pidiendo al Capitán General la puesta en libertad de los embarcados. Chaves Osorio que estaba reponiéndose de una gripe y preparando su regreso a Tenerife, al oír el vocerío se puso la casaca sobre los hombros y bajo a enfrentarse con los vecinos, pues pensó que lo más práctico era atajarlos a toda prisa.
       Una vez frente a los manifestantes les encrespó  duramente tratando de imponer su autoridad, al no impresionar con esta actitud, ni conseguir apaciguar las súplicas de los allí reunidos- muchos de los cuales imploraban rodilla en tierra por sus parientes-, Chaves Ossorio desenvainó su espadín y con la bizarría, y arrojo y valor propios de un general de los Reales Ejércitos, arremetió contra las mujeres y hombres desarmados haciéndoles retroceder por la plaza hasta el atrio de la Catedral.

       Atraídos por el tumulto, hicieron acto de presencia en la Plaza, el resto de las autoridades: Regente, el oidor González de Barcia, el inquisidor D. Juan Eusebio Campomanes acompañado de ministros e insignias, el Cabildo insular con su corregidor, D. Damián Jacinto Guerrero, y varios funcionarios eclesiásticos, todos ellos como un solo hombre, arroparon al valiente general.

       Conforme trascurría el tiempo el número de los congregados iba en aumento, por todas las calles  se aproximaban gentes que engrosaban el grupo inicial, ya no sólo eran los campesinos los interesados en el asunto, sino que otros sectores de la población, incluso la urbana participaba  en el mismo extendiéndose la protesta por toda la isla, según relación del Ayuntamiento <<se extendió al estar lleno de resentimiento popular las demás vecindades, haciendo común la causa de lo que sucedía era por un particular, que siendo poderoso aspiraba a opulento, en contrapeso del daño de tantos pobres y de utilidad Pública, que en su concepto se consideraba interesada toda la Isla en la Participación de los granos, carnes y pastos para sus ganados que de dicha tierras se producen y alimentan a menos precio que anexenarse Dichas tierras>>.

       El general se retira al palacio del Obispo, informado de que gentes procedentes de diferentes puntos de la isla se están concentrando en la ciudad, se prepara para hacer uso de las fuerzas armadas para tratar de reducir el motín, dispone que las fuerzas del presidio ocupen las bocacalles que dan acceso a la plaza y manda sacar cinco piezas de artillería que estaban depositadas en el Cabildo, emplazándolas en lugares estratégicos. Los sublevados en número superior a los ochocientos, y que iba en aumento, tenían rodeado todo el perímetro de la plaza y sus alrededores haciendo constar que no dejarían embarcar al general sin que antes soltase a los presos.

      En la Plaza de Santa Ana, estuvo a punto de ocurrir un choque sangriento que nadie deseaba, ante la postura inflexible de ambos contendientes, el general Chaves Ossorio amenazó con hacer fuego si los alzados no se disolvían inmediatamente, la tensión alcanzó tal grado que para evitar una masacre, el cabildo eclesiástico se interpuso a toda prisa con hábitos de coro, las comunidades de Dominicos, Franciscanos, Agustinos y los jesuitas del colegio, todos en procesión, así como el ayuntamiento y otras autoridades, quienes trataban de convencer a los sublevados para que abandonaran la ciudad.

       Ante la posibilidad de un derramamiento de sangre innecesario, los amotinados optan por evacuar la plaza por salidas opuestas ocupando de inmediato todos los pasos que van al puerto sin permitir pasar a nadie y reconociendo a las mujeres “tapadas”, ante la posibilidad de que el general intentara huir disfrazado. La ciudad es tomada por los sublevados quienes empiezan a mostrar sus arcabuces y picas, mientras afirmaban que todos eran Agüimes, el alzamiento estaba en marcha.
Desalojada la plaza por los manifestantes, los frailes y otros pacificadores se entrevistan con el Capitán General para exponerle a su excelencia cual era su punto de vista sobre la situación, asegurarle su adhesión y recomendarle que desista del uso de las armas, ya que los milicianos que pudieran ser reunidos no eran de confianza, por tanto a la vista de la situación la única salida que quedaba era la de soltar a los presos.

       El general rechaza de plano la propuesta, pues liberar a los presos supone reconocer la rendición. En cambio propuso a los frailes que actuasen una vez más, como mediadores, asegurándoles que los presos iban de su mano y confiasen en que serían tratado benéficamente, ya que él <<no había venido a Canarias para dejar la autoridad real por los suelos>> pues <<la mayor ruina de la Ciudad y las Islas sería liberar a los presos, entregándoles bajo violencia>>. Chaves encargó a los frailes un último intento de pacificación de los amotinados, la misión de los clérigos fue un fracaso, los alzados continuaban aumentando, temiéndose que causaran daños y robos.

       Ante la tormenta que se avecinaba, su excelencia convoca consejo. Fueron citados, D. Francisco Matos, Coronel del Regimiento de Las Palmas; D.  Fernando del Castillo Olivares, del de Telde y Agüimes, y D. Diego Lezcano del de La Laguna, que formaba parte de su séquito, La junta tuvo lugar en presencia de la Audiencia e inquisidor.

El planteamiento que el general hace a los jefes militares es duro y directo, en el caso de no atacar con sus fuerzas a los sublevados, serán considerados cómplices de los mismos.

       Los coroneles de Gran Canaria, se mostraron decididos a cumplir estrictamente con las ordenes recibidas, pero hacen ver al general que eluden las responsabilidades derivadas, pues están seguros de que sus hombres desobedecerán, colocándose al lado de los alzados, siendo entonces las consecuencias imprevisibles. Sólo cabía una salida liberar a los presos <<por constarles que cada instante era mayor el número de los tumultuados, por habérseles agregados todos los de las Villas inmediatas, y seguiría toda la isla>> Chaves aceptó lo expuesto a condición de que lo hicieran por escrito, echo así el general se guardó el escrito.

       Al fin el general escribió la orden de puesta en libertad de los prisioneros, sabida la noticia, los sublevados se fueron acercando a la marina, ayudando a botar las lanchas para el desembarco de los detenidos, ayudando en ello hasta las mujeres, desembarcados éstos se les ofreció un refresco en la misma playa y posteriormente se trasladaron a la Villa.

       Conseguida esta primera victoria, los Agüimense consideraron que debían recuperar su dignidad mancillada por los poderosos y por la justicia, aún les quedaban dos reivindicaciones por plantear, la primera recuperar las insignias y cajas depositadas en casa del corregidor y la segunda conseguir una mayor seguridad para los ex reos, haciendo quemar en la plaza pública los autos obrados por los jueces especiales y el proceso que se conservaba en la Audiencia.

       El domingo 8 de enero al amanecer ante la portadilla del camino de conduce a Telde y la placilla de los Reyes hicieron presencia los hombres del regimiento de Telde que venían en formación, según decían cumpliendo ordenes de su coronel, les acompañaban un numeroso grupo de vecinos que habían hecho noche por fuera de la portada.

       La presencia del Regimiento de las milicias de Telde en la ciudad de Las Palmas, creó un clima de confusión pues ni aun los mismos actores llegaron a ponerse de acuerdo, siendo confusas las explicaciones: según el corregidor venían llamados por su Coronel para mantener el orden, e incluso venían con su coronel al frente según el general Chaves, y para el cabildo fueron llamados por el propio Capitán General para someter por la fuerza de las armas a los amotinados, pero éstos manifestaron públicamente –según los testigos -, que no harían tal cosa, que si fuese contra Moros o enemigos del Rey estaban pronto, pero nunca tomarían las armas contra vecinos.

      Aunque el Coronel hizo los mayores esfuerzos, siendo unos y otros del mismo Regimiento y siendo además el coronel suegro de Amoreto. Milicianos y vecinos acordaron entrar en la ciudad y como primera medida optaron por ir a reclamar las banderas armas y cajas al corregidor, aunque fuese por la vía de las fuerzas, momento en que el Coronel D. Fernando Castillo Olivares dejó la formación. Abandonaron la plaza de Santa Ana y en tropel se dirigieron a la casa del corregidor, y  exigieron de éste la inmediata entrega de las banderas, cajas y armas, quien las entregó sin resistencia temiendo por su vida, porque así lo tenía prevenido llegado el caso.

       Ya en posesión de las insignias recuperadas se dirigieron a la Plaza Mayor. Habían aumentado en el intervalo los efectivos del grupo inicial. Mientras tanto, el Capitán General estaba más confuso que el día anterior. Sin embargo trató de imponer su maltrecha autoridad publicando un bando en el que declaraba incurso en delito de alta traición a toda persona que se manifestase como amotinado, a la vez distribuía las escasas tropas procedentes del presidio, y convocaba a los milicianos para que acudieran con sus armas a la Plaza de Santa Ana, para ponerse a las ordenes de la suprema autoridad, es decir a sus ordenes.

       Una vez más, el Capitán General recoge los frutos de su política  de engaños y desprecio hacía el pueblo, se ve obligado a reconocer que se encuentra desasistido y más que desasistido abandonado. Los coroneles le reiteraron una vez más que los hombres de los Regimientos se pasarían a los sublevados. El llamamiento del bando tampoco tuvo el resultado deseado, presentándose con las armas solamente los ministros de  los  Tribunales y algunos notables, entre todos no pasaban de la treintena, los cuales acudieron sin exceso de entusiasmo según reconoció el propio general.

       Es evidente que la desasistencia en que se vio el Capitán General, no tiene otra explicación, que no sea la sociológica. La casi totalidad de la población, sin matizaciones de clases, estaban a favor de los vecinos de Agüimes. Esta reacción por parte de la sociedad fue motivada por la extrema opresión a que estaba sometido el pueblo canario por parte de la corona y sus representantes en las islas, apoyados por una clase local minoritaria pero dominante y privilegiada que se esforzaba en mantener la situación de absoluta dependencia, asegurando así, sus intereses de casta, y tratando de conseguir el dominio absoluto de la tierra, y por consiguiente de los medios de producción. El poder de esta minoría estaba cimentado sobre la base de una población semi-esclava y de siervos que era explotada sin ningún tipo de concesiones, ello explica claramente el porqué aquellos campesinos que disfrutaban de un trozo de tierra, por pobre que fuese,  estuviesen dispuesto a juzgarse la vida con tal de conservarlo, ya que en la mayoría de los casos constituían el único medio de subsistencia de sus familias.

       Con la concentración de los alzados en la Plaza de Santa Ana, estuvo a punto por segunda vez, el producirse un enfrentamiento armado, consientes de ello el clero, se apresuró a sacar en procesión al Santísimo y a la Virgen del Rosario, acompañando a las mismas todas la ordenes religiosas establecidas en la ciudad. La iglesia se aprovechaba una vez más de la profunda religiosidad de los isleños, para salir en defensa de los intereses de los poderosos, que en el fondo eran los suyos.

       Ante la presencia de las procesiones, milicias y vecinos optan por retirarse de la plaza e inician su camino hacía Telde. La retirada fue calculada, pensada y recelosa, pues se temía una reacción violenta por parte de la autoridad vejada y vencida en toda regla. El general Chaves decidió permanecer unos días más en Las Palmas, para dar la imagen de normalidad, aunque no las tenía todas consigo, e incluso en algún momento llegó a temer un brote independentista como el mismo deja entrever en algunas de sus manifestaciones <<El no determinarse por ahora salir de ella (Gran Canaria) es porque en semejante demostración no se despeche la isla y piense en algún Dueño, que no debemos creer, del sumo amor y fidelidad que tienen a V.M.;
Pero si prudentemente recelar; como afirmar no poder en la constitución presente administrar justicia>>.

       Ante los insistentes rumores de que el Capitán General Chaves Osorio, había jurado pasar a cuchillo a todos los sublevados, y creyendo éstos que efectivamente, trataría de llevar a cabo su amenaza, desistieron de continuar camino a Telde y Agüimes, acampando en un despoblado a medio camino entre Las Palmas y Telde, en las proximidades de Jinámar, juramentándose todos en morir en defensas de sus vidas.

       Se mantuvieron el  improvisado campamento durante dos días, hasta que tuvieron conocimiento del embarque del capitán general rumbo a Tenerife, en la mañana del 11 de enero, no sin antes haber dejado sosegada a la Audiencia, donde algunos de sus miembros, entre ellos Diego de Tolosa y el fiscal Francisco Román Meléndez, principales instigadores del proceso, pretendían llevar a cabo una huida hacía adelante tratando de trasladar a Tenerife la sede de la Audiencia, propósito que no consiguieron debido a la firme oposición del regente Martínez de la Fuente.

       Después de algunos avatares y manteniéndose los vecinos en una tensa calma, en Castilla se continúan moviendo las piezas de la partida, por parte de Amoreto y sus adeptos, sin que los vecinos se queden a la saga. En carta reservada, despachada por el propio Felipe V dirigida al regente de la Audiencia Martínez de la Fuente, y despachada en Madrid el 26 de Septiembre de 1719, el monarca ordena textualmente al regente que <<olvide procesos y sentencias anteriores y que mantenga a los tumultuados en pacífica posesión de las tierras en litigio, a fin de no producir nuevas alteraciones del orden público. Al tiempo que para poder decidir en justicia, se le mande a averigüe de manera secreta la cantidad, calidad y precio justo de las tierras rematadas; revise la licitación por si hubiera existido fraude, colisión o simple equivocación; si Amoreto a la sombra del remate, se hubiera introducido en otras tierras realengas; que clase de agravios pudo haber inferido a los vecinos de Agüimes; así como si los pastos que quedan para los ganados de los pueblos próximos son suficientes para su crianza. Y, finalmente, que estudie si la oferta realizada por los vecinos para realizar una nueva licitación encierra una seguridad plena>>.

       Por fin el consejo de Castilla, con fecha 3 de noviembre de 1725 pronuncia sentencia ejecutiva. Las tierras de Sardina y Llano del Polvo eran adjudicadas al vecindario de Agüímes, con las mismas condiciones y facultades contenidas en la real Cédula que le fue extendida a Amoreto. A este le fue reintegrado el importe de su remate.

       Los vecinos tuvieron que sortear diversas situaciones para mantener el disfrute de sus tierras, pero eso es un tema que trataremos más adelante.

OTROS ALZAMIENTOS Y MOTINES

Año 1655. Como consecuencia de las epidemias sufridas, las muertes habían sido considerables, por lo que los campos de cultivo estaban prácticamente abandonados. En esta tesitura se encontraban las islas cuando el rey de España, ordena una leva en la colonia de Canarias para incrementar sus tercios. Ante la desolada situación de las islas, el Cabildo de Tenerife interpone súplica ante el capitán general Alonso Dávila de Guzmán, (uno de los capitanes generales más corruptos que han gobernado en Canarias) rogando la suspensión de la misma, pidiendo que se realice con carácter voluntario, a lo que se niega el general. Este ordena a los capitanes que apresen cada uno a 8 hombres. Al punto los hombres jóvenes imitando a sus antepasados se alzan a los montes, escondiéndose en cuevas del interior. A pesar del alzamiento las tropas de ocupación consiguen apresar y encarcelar a 1.200 hombres, ayudadas por la burguesía local la cual estaba exenta de la leva forzosa amparada por sus privilegios, mediante los cuales sus hijos quedaban libres de esta imposición, mostrando así a la corona española, la fidelidad debida a cambio del  mantenimiento de sus prerrogativas. Enterado Felipe IV de la deplorable situación porque atravesaban las islas ordena suspender la leva, aún así, son enviados por el capitán general de manera forzada 700 de los desgraciados que habían sido apresados y encarcelados.

Año 1655: Chasna-Tenerife.   El Mayorazgo de la casa Soler, intenta apoderarse del pueblo de Vilaflor, arguyendo que dicha villa se encontraba dentro de las tierras del Mayorazgo. La actitud de la casa Soler provocó que los vecinos del pueblo y de la comarca se alzaran contra los detentadores del Mayorazgo.


Año 1666: Garachico-Tenerife. El intento por parte de un grupo de comerciantes ingleses de crear un monopolio para la comercialización de los vinos de Tenerife, originó un revuelo en la oligarquía isleña, en el que se vieron involucrados los intereses de los terratenientes y los del clero secular y regular, detentadores de la mayor parte de las tierras dedicadas al cultivo de la vid, quienes veían peligrar su mayor fuentes de ingresos si tenían que comerciar únicamente con los ingleses, quienes además marcarían los precios de los caldos. Los ánimos populares se fueron caldeando soliviantados desde los púlpitos de las  iglesias y desde los conventos además de las maniobras de los políticos locales y desde el propio Cabildo de la isla. El conflicto del vino mantuvo en tensión durante bastante tiempo a la sociedad tinerfeña, desembocando en uno de los momentos de tensión en la algarada denominada “el derrame del vino”. Este tuvo lugar en el puerto de Garachico, en la madrugada del 3 de julio. Un grupo compuesto de unas cuatrocientas personas integrado  por frailes y seglares irrumpen por la fuerza en tres bodegas de la localidad y derraman 54 pipas de vino de Malvasía, posteriormente, llevan a cabo igual acción en la Caleta de Interián, donde derraman 41 pipas pertenecientes todas a comerciantes ingleses que se le suponen vinculados con la Compañía inglesa, y que estaban preparadas para ser embarcadas en navíos ingleses con destino a Londres.

Año 1668: La Laguna, Tenerife. Como hemos dicho en otra parte, los empleados de la Metrópoli, aprovechaban su destino en Canarias para extraer de ellas el máximo de beneficio propio posible, siendo los funcionarios de más alto rango los primeros en emplear estas prácticas de enriquecimiento ilícito. Uno de estos funcionarios fue el capitán general Varona, quien deja entre los canarios una excelente escuela de despotismo, corrupción y cohecho. Amparándose en su condición de máxima autoridad, no dudó en conceder privilegios especiales a  comerciantes ingleses a cambio de sustanciosas sumas de dinero. Así acaeció que estando la isla extremadamente escasa de granos y en plena hambruna, el general autoriza a los mercaderes ingleses para que exporten cereales. El malestar entre las clases populares es notorio, y aunque el Cabildo recurre ante la corona las decisiones del general no obtiene repuestas sastifactorias. Así unas ves más, el pueblo se ve obligado a luchar por su supervivencia ante el despiadado despojo de que es victima por parte de los poderosos y tiránicos funcionarios españoles. As í el 24 de mayo de 1688, una multitud de desconocidos prenden fuego a la casa del general Varona. Las investigaciones de las autoridades locales tendentes a averiguar quienes fueron los autores del asalto, fueron (supuestamente) infructuosas, no pudiendo en esta ocasión la justicia reprimir a los responsables.

Año 1696: Chasna. Vilaflor, Tenerife. Oposición a las pretensiones de  la casa Soler, que intenta apoderarse de las tierras baldías incorporándolas al Mayorazgo.

Año 1699: En enero, los gomeros retoman el gran reto histórico que aún tienen pendiente y, se sublevan unas ves más contra la tiranía de los señores de la isla.

Año 1711: La Laguna-Tenerife. La isla sufre una de las frecuentes hambrunas que a azotan a las clases populares. En estas situaciones los mercaderes sin escrúpulos, que solían serlo casi todos, no renunciaban a obtener beneficios aunque fuese a costa del sufrimiento el pueblo. Al parecer unos comerciantes franceses trataban de embarcar  con destino a su país unos barriles de harina simulando que contenían vino, enterado el pueblo se amotinó deteniendo la caravana a su paso por La Laguna. El capitán general don Felipe Chacón que como casi todos los capitanes generales eran protectores de los mercaderes – principal fuente de los ingresos extras - acudió en ayuda del convoy; pero como la necesidad extrema convierte en héroes a los más pusilánimes, el general se encontró con una multitud dispuesta a hacerle frente. Ante la firme actitud de los sublevados, el general se retiró a su residencia, presentado poco tiempo después su renuncia al empleo. Es digno de destacar que éste fue uno de los pocos motines que no fue reprimido sangrientamente por las fuerzas de ocupación.          

Año 1714: Lanzarote. Se encontraba por estas islas el visitador y oidor de la Audiencia de Sevilla, don Saturnino Daoix, cuando por orden del capitán general don Ventura de Landaeta, inicia una visita de inspección a la isla de Lanzarote, para ver el estado de las armas acompañado por   el coronel don Francisco Jacinto de León. Éste jefe tuvo enfrentamientos con el síndico personero don Domingo Hernández Fajardo, como consecuencia de los mismos el coronel mandó a encarcelar en el castillo al personero. Apenas enterados del suceso la isla se levantó en armas contra el coronel y el oidor. Desde los más remotos pueblos acudieron gentes armadas con sus respectivos capitanes al frente. Ante las amenazas de los sublevados de quemar los expedientes y tomar otras medidas más drásticas, visitador y  coronel optaron por soltar al preso, siendo expulsados de la isla los promotores del encarcelamiento, sin que jamás se tomara represalia directa sobre los amotinados.          

Año 1715:  Icod, Tenerife. El Alcalde real en un manifiesto abuso de poder, en una de sus rondas nocturnas decide registrar las casas de varios vecinos, la repuesta de éstos fue la de apalear al alcalde quien resultó herido de consideración. Como consecuencia de las arbitriaridades del alcalde alzáronse más de ochocientas personas, el tumulto alcanzó tales proporciones que a pesar de la intervención del corregidor éste no consiguió apaciguar los ánimos, por lo cual fue precisa la intervención del capitán general  don Ventura Landaeta, acompañado del fiscal de la Audiencia. La intervención de estos personajes tampoco sirvió para que los amotinados abandonasen su actitud de resistencia, hasta que por fin llegaron a un acuerdo, expulsando al tiránico Alcalde del pueblo y de la comarca, sin que los sublevados sufrieran represión, gracias a la firme resolución que tenían de resistir a cualquier tipo de imposición por parte de las autoridades.                    

Año 1718: Tenerife. La alta rentabilidad  que siempre ha proporcionado esta finca propiedad del estado español, situada al Noroeste del Continente y llamada islas Canarias, ha inducido a algunos altos funcionarios a comprar la administración de las mismas al estado. Uno de los compradores fue el capitán general D.Fernando Chacón Medina y Salazar. Este funcionario compró la gobernación de las islas por 4.000 ducados, en forma de donativo, expidiéndosele en consecuencia real título por cédula del 20 de enero de 1709. Siendo  sustituido en el mando por D. Ventura de Landaeta, quien llegó al puerto de La Luz a principios de marzo de 1713, dejando una lamentable memoria de su gobierno en las islas.

Pero como una desgracia nunca se presenta sola, en agosto de 1717, la Metrópoli en su afán por obtener el máximo de rentabilidad de su finca atlántica, decide monopolizar el tabaco, para ello obsequia a las islas con el envío de un funcionario encargado de poner en marcha la operación. Así llega a Tenerife el factor D. Diego Navarro, provisto de su título y seguido de una tribu de parientes que pronto caerían sobre la isla como una plaga de hambrientas langostas. Las severas medidas fiscalizadoras tendentes a conseguir el máximo beneficio se dictaron con gran lujo de arbitrario despotismo. De inmediato la oligarquía y el clero formaron frente común contra las desmedidas atribuciones del factor, medidas que también alcanzaban al pueblo llano que cultivaba algunas plantas de tabaco. El pueblo instigado por el clero tanto seglar como secular, y por la oligarquía, perseguía Navarro con  piedras y petardos que lanzaban contra su casa y con carteles que aparecía en las esquinas de Santa Cruz, lugar donde había fijado su residencia. Con el miedo incrustado en su cuerpo, el factor decide trasladarse a La Laguna, tratando de ponerse allí al abrigo de toda persecución bajo el amparo del Ayuntamiento y del Capitán general.

En al noche del 18 de enero de 1718, en cuyas primeras horas circulo la noticia de que se acercaba a La Laguna gran cantidad de gentes en son de algarada dando gritos de libertad y blandiendo picas, azadas y garrotes. El general Landaeta y el corregidor
D. Jaime Jerónimo de Villanueva, que con sospecha de lo que iba a ocurrir  rondaban por las calles, no encontrándose según decían con fuerzas para resistir al motín, se llevaron  a Navarro a la casa del general y a su atribulada familia a la del marqués de Villanueva del Prado, dejando que la amotinada columna invadiera libremente la ciudad, allanando las oficinas del funcionario quemando los papeles, apoderándose de las campanas de los templos y tocando a rebato, consiguiendo de este modo que Landaeta ofreciese a los sublevados el trasladar al factor Navarro a Santa Cruz con la promesa de embarcarlo en una nave francesa que se hallaba en el puerto. Esta transacción que indudablemente debió estar pactada con anterioridad por las autoridades y los dirigentes de los sublevados, se llevó a cabo en la forma acordada pasando así  Navarro a engrosar la lista de los funcionarios expulsados de la isla por sus propios correligionarios, quedando los alzados sin el castigo que las autoridades tenían previsto para estas acciones, ya que motín estuvo promovido por las mismas.

Año 1718: Isla del Hierro. El 22 de febrero la corona española inducida por su ya mencionado afán recaudatorio implanta en el Hierro los derechos de aduana sobre los productos importados que entrasen en la isla, al margen de los derechos de quintos que percibía el señor de la isla. Los Bimbaches ven en esta coyuntura la posibilidad de sacudirse el tiránico yugo del señor feudal y se sublevan,  a la ves que presentan a su alcalde Mayor D. José Magdaleno, un memorial pidiendo: <<Que se acepte el nuevo impuesto de entrada, pero con la condición de que la isla quedase libre de los derechos de quintos que pagaba a sus señores >>. El alcalde aceptó las condiciones exigidas por los vecinos y decretó la abolición del derecho de quintos, y que no se llevase más derechos que el 6 por ciento de las aduanas reales.

El primer oponente a esta medida lo encontró el alcalde en la persona del beneficiado de aquella parroquia. D. Bartolomé García del Castillo, persona ilustrada y muy adicta al conde, quien como es habitual en el clero, apoya siempre al poder dominante. Éste párroco se opuso abiertamente a la ejecución del decreto, razón por la que fue detenido y encarcelado. Ante esta situación el conde solicitó y obtuvo el apoyo del capitán general Landaeta, ordeno que se volviera a cobrar los derechos de quintos, esta resolución provocó nueva revuelta de los vecinos, la sublevación alcanzó tales proporciones que el conde se vio obligado a relegar cualquier cuestión sobre los derechos de quintos, y accedió a que solo se aforara el seis por cientos impuesto por la corona española.

Año 1718: La Orotava. Tenerife. En el amanecer del 25 de febrero apareció en el pueblo ( en la esquina de Santa Clara) un cartel anónimo en el que se pedía la creación de una cárcel en la localidad, que no se permitiese extraer expedientes ni procesos de aquella jurisdicción, que se construyese una fuente y que se distribuyese el vino en las tabernas con más equidad, el pasquín fue mandado a retirar por el alcalde mayor, pero a la noche siguiente fue repuesto por un grupo de cincuenta encapuchados. Esta petición aparentemente normal para la época, encerraba un trasfondo político mucho más complejo.

 Los instigadores convocaron una asamblea general para el  5 de marzo en la ermita de San Roque, la asistencia de vecino fue tan masiva que fue preciso trasladar el acto a la vecina iglesia de San Agustín. De inmediato no faltaron voces para amplificar aquella modesta petición cartelaria, una de las que se dejaron oír fue la del vicario foráneo don Juan Delgado Temudo, quien se dirigió a la asamblea y propuso añadir a la solicitud primaria las siguientes peticiones: Primero, que se reintegrase  la alhóndiga, porque debiendo tener en  su almacén dos mil fanegas de trigo, sólo tenía catorce. Segundo, que el Cabildo de La Laguna hiciese entrega a La Orotava de los propios pertenecientes a aquel distrito. Tercero, que se repartiese el vino en las tabernas sin intervención de la justicia. Cuarto, que se recogiese el agua sobrante en un depósito, Quinto, que de lo que de ella y de los propios se recaudase se destinara a la construcción de un puerto y fábrica de una cárcel, un hospital y una parroquia. Mientras los próceres deliberaban sobre estas peticiones y formaban comisiones para obtener su realización, el pueblo cuyos verdaderos intereses y necesidades sociales iban más allá de estas peticiones caciquiles. La noche del primero de abril, los sublevados escalan la torre de La Concepción y tocan las campanas  a rebato, más de 1.500 vecinos acuden a la llamada y se forman en tropa; al frente de la cual se pone un ayudante de milicias cuyo nombre no recogen los historiadores; se dirigen a la casa del alcalde mayor don Alonso Pérez de León, y derriban las puertas, éste consigue huir, y aunque fue buscado en varios lugares no fue encontrado, la columna se dirige a la casa del alférez mayor y coronel, don Francisco Valcarcel, apuntándoles con varias armas de fuego le intimidan para que convoque al regimiento y marche con ellos en busca de Bolaños, del escribano Álvarez y de los papeles de la alhóndiga y de la junta de San Agustín. El coronel se niega a las pretensiones de los alzados, éstos le registran la casa  no encontrando en ella al alcalde mayor, obligan al coronel a acompañarles hasta una de las calles en que había un cartel y se lo hacen leer por un pregonero, en él se pedía que saliese Bolaños de la villa por enfermo y poco letrado, así mismo se pedía la salida del escribano por ser demasiado hábil e inquieto.

Al amanecer, los sublevados se desplazan al puerto y celebran una asamblea en los llanos de San Sebastián, desde allí con tambor batiente se dirigen a Las Caletas del Puerto. Talan viñas, derriban casas, arrancan árboles y arrasan mojones, en un acto de recuperación de las tierras comunales, de las cuales habían sido desposeídos los vecinos por la primera corporación exenta de la villa. La sublevación se mantuvo durante unos días, hasta que el general Landaeta, hizo entrada en la villa el 5 de abril al frente de los regimientos de Güimar y el Realejo, restituyendo en la alcaldía al cobarde Bolaños, implantando el poder imperante, apresó y desterró a algunos de los amotinados, quedando rotas las esperanzas de justicia del pueblo.
 

Año 1718: Isla de Lanzarote. El Almojarife Lázaro Machín, es designado por el factor Diego Navarro para implantar en la isla la aduana española, la isla se alzó contra la imposición, viéndose Machín en situación de perder la vida, razón por la que renunció al empleo.


Año 1718:  Agüimes, G. Canaria. Alzamiento de los vecinos y las milicias ante la pretensión del sargento mayor de la isla Francisco Amoreto, de comprar con métodos no muy ortodoxos las tierras realengas de Sardina y Llano del polvo además de “anexionarse” otras vecinales.

Año 1718: Teguise, Lanzarote. Resistencia de algunos regidores a la actuación del oidor de la Audiencia D. Fernando Morrondo.
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Año 1719: Moya, G. Canaria. El vecindario desea expulsar, al teniente de cura y al mayordomo, por estar  descontento de las numerosas tropelías que estos cometían.
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Año 1719: Tirajana, G. Canaria. El pueblo se alza contra el alcalde de aguas Fernando Quevedo, por los abusos que éste cometía con los vecinos.
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Año 1720: Teguise, Lanzarote. Al intentar imponer la Aduana española el almojarife Manzaneda, el pueblo se rebela contra él por lo que se ve obligado a renunciar a su cometido y regresar a la isla de Tenerife. Después de algunos forcejeos, se impone las amenazas del general Mur, viéndose los vecinos obligados a aceptar la imposición de la aduana española más los quintos del señorío.

Año 1720: Betancuria, Fuerteventura. Como consecuencia de la terrible hambruna que padecen los vecinos, estos deciden secuestrar el arca de quintos, para con su contenido importar granos para el socorro del pueblo. Ante las amenazas de invasión y exterminio lanzadas por el general Mur, los vecinos al igual que los de Lanzarote, se ven obligados a aceptar la aduna más los quintos del señorío.

Año 1720: Santa Cruz de Tenerife. Expulsado el factor Navarro, con la complicidad del capitán general Landaeta, la Metrópoli no ceja en su política de esquilmación de las islas, así pues crea la figura del intendente real en la colonia. Para implantar este nuevo empleo y poner un poco de orden entre los soliviantados empleados de la corona, desembarcan en una oculta caleta de Las Palmas, pues temían que las islas estuviesen envueltas en una sangrienta revolución, desengañados de su error, se dieron a conocer. El comisionado regio D. José de Chaves, nuevo capitán general en sustitución de Landaeta,  impuso a D. Juan Antonio de Cevallos como flamante intendente general de Canarias. Retirado Chaves a su gobierno de Alicante en abril de 1719, le sustituye D. Juan de Mur y Aguirre, sujeto de nefasta memoria en las islas.

Como ya hemos expuesto en otro lugar, la principal fuente de ingresos extras de los altos funcionarios españoles en Canarias, procedían de los chanchullos y gangocheos que practicaban con el comercio, especialmente con mercaderes ingleses. El contrabando, la recepción de mercancías procedentes de navíos piratas o corsarios era práctica habitual. Esta situación que siendo irregular era aceptada o tolerada por todo el estaf, especialmente cuando era práctica corriente en los capitanes generales, máximos representantes de la corona en la colonia. Estas actuaciones irregulares no tardarían en enfrentar al intendente Balmaceda con el general Mur, llegándose a mantener las hostilidades abiertamente bajo la excusa de un incidente protocolario, al negarse Balmaceda a dar al general el tratamiento de Excelencia que éste le exigía. Así pues la oligarquía local, y el clero tanto regular como secular dirigidos solapadamente por el capitán general, comienzan a tejer alrededor de Balmaceda una red de intrigas tendentes a conseguir el acoso y derribo del molesto intendente, dirigida desde los púlpitos de las iglesias y los corrillos santacruceros. Con esta labor da zapa, fueron predisponiendo los ánimos del pueblo en contra de Balmaceda, lo que por otra parte no precisaba de grandes esfuerzos pues la actitud altanera, despótica y de desprecio hacía el pueblo de que siempre han hecho gala los funcionarios españoles, eran motivos suficientes para tenerle encontrado.

El intendente Balmaceda sabía perfectamente que el fracaso de su antecesor Navarro, se debió al hecho de haber encontrado un muro en la actitud del general Landaeta, situación que se reproducía en sus relaciones con el corrupto Mur. Así las cosas, remite un minucioso y extenso memorial a la corona española exponiendo los pormenores de su gestión y las posibles soluciones para poder llevar a efecto su comisión y, entre otras cuestiones exponía que: << Fue servido S.M. que hallándome sirviendo la superintendencia de rentas generales Cádiz (16 de marzo de 1718), mandarme pasar de intendente a estas islas, y a don José de Chaves por gobernador y capitán general de ellas, con motivo de la novedad que se ejecuto con don Diego Navarro,[...]Luego que llegué fui notando con la experiencia lo que me habían asegurado los informes [...] prosigue dando razón del modo y precio que se pago la compra del tabaco y afirma que no sólo no ayo quien le apoyase, sino que fomentaban contra él a los interesados; [...] porque en éstos fraudes se interesaban todos los que intervenían en la descarga; que estos descubrimientos motivaban a desear y solicitar la discordia con el capitán general e intendente, persuadiendo a aquél que debe incluirse, como tal capitán general en muchas cosas dependientes de la intendencia a fin de que sus instancias, ayudadas con otros cautelosos informes, puedan  persuadir no conviene aya otro ministro; y con esta mira proponen a la ignorancia del pueblo diferentes imposturas, desfigurando lo decoroso de la intendencia con la voz de estanquero, suponiendo precisa la autoridad de la capitanía general para sus expedientes >>. Balmaceda continua su extenso memorando y concluye con los siguientes planteamientos: << que por estas experimentadas y continuas desazones que, cuando no embaracen eternamente hacer el servicio, dilatan la más breve ejecución y exponen a competencias impertinentes, me veo precisado a representar a V. M. Y repetir el medio que se me ha ofrecido más proporcionado para obviar estas instancias, el apartar de esta isla al capitán genera, por ser el que con su comercios ocasiona estas displicencias, nacidas de lo que llevo expresado, por sus abusos; y lo que dio motivo a vivir en ella a los capitanes generales fue el tener la superintendencia de todas las rentas, dejando con este pretexto de vivir en la isla de Canaria, donde está la Real Audiencia de que son presidentes, y siendo más proporcionada por este respecto a la habitación en aquella isla, donde reside también el tribunal de la inquisición y está la iglesia catedral. No será extraño se le mande pase a ella el actual capitán general, para que él y sus sucesores autoricen aquel tribunal y tengan con la custodia y resguardo que se necesita la isla y ciudad, por estar más expuesta a invasiones de enemigos que, en otras ocasiones, se han experimentado por lo acomodado sus playas en los desembarcos. >> 

La tensión ente ambos funcionarios había alcanzado el límite, y como en situaciones similares anteriores, tanto el clero como el capitán general, se valieron de la ingenuidad del pueblo para mediante los elementos infiltrados caldear los ánimos y acometer contra el intendente. La ocasión se les presentó en la mañana del 19 de junio de 1720. Sucedió que un esclavo guanche de Güímar, criado del intendente mantenía relaciones con una joven también guanche, y al parecer fueron sorprendidos por la esposa del intendente en situación amatoria, ésta, hizo que su marido apresara e encarcelara de manera arbitraria a la joven amenazándola además con ponerla en la picota. Esta mujer era extremadamente querida por el pueblo, por ello en cuanto se extendió la voz de que había sido encarcelada por el intendente, y que pretendía exponerla la vergüenza pública, explotó la espoleta retardada que el general y sus secuaces habían puesto en marcha. Se sublevo el pueblo y marchó sobre la casa de Cevallos para exigirle la puesta inmediata en libertad de la joven, el altivo intendente recriminó de manera airada y en tono despreciativo la actitud de los amotinados, éstos comenzaron a arrojar piedras contra las ventanas de la casa, una dio en la cabeza de Balmaceda hiriéndole, asustado corrió a su despacho y redacto una nota para el general quien –casualmente – se hallaba en La Laguna, y al parecer enterado del alzamiento se dirigía a Santa Cruz cuando fue alcanzado por el mensajero, quien entregó el escrito a Mur, donde el intendente le decía escuetamente  Estoy herido y ya V.E. estará contento. Mientras tanto, los acontecimientos en la plaza se habían desbordado, instigados por los infiltrados del general, la muchedumbre había irrumpido en la casa del intendente y le había apuñalado cayendo muerto en el acto, a continuación movidos por la  inmensa aversión que las despóticas actuaciones de Balmaceda habían despertado en la muchedumbre sacaron el cadáver y lo arrastraron por algunas calles de la población, sin que, significativamente, los oficiales y milicianos de presidio en el castillo de San Cristóbal, hiciesen nada por evitarlo.

Instalado el general Mur, en sus aposentos de Santa Cruz y “impuesto” de los sucesos acaecidos, en un intento de alejar de su persona toda sospecha de participación en los acontecimientos, (recordemos que a Landaeta le costó el puesto su participación en los secesos de Navarro) comienza una despiadada y criminal represión contra un pueblo indefenso; hace detener y encarcelar a cientos de personas sin antes averiguar si habían participado o no en la sublevación, instruye procesos sin dar descanso a los jueces; declara culpables a doce de los detenidos y sin darles oportunidad de defensa ni de apelación son condenados a muerte, y asesinados el 26 de junio, en que fueron colgados de las troneras del castillo de San Cristóbal, tardándose en la operación cuatro horas quedando los cadáveres expuestos a la vista de los habitantes de la  consternada villa. No contento con este brutal crimen, la saña del general se cebó en los infelices presos condenando a más de treinta de ellos a presidio y a otros a galeras, alejando así de la isla a posibles molestos testigos de su participación en los hechos.

Debemos lamentar que algunos autores edulcorados, fieles aduladores de los poderosos, y vividores a costa del sistema imperante, se hayan permitido ofender  la inteligencia de los canarios dando a personajes como el general Mur, el calificativo de “padre de los pobres”, es evidente que éstos ignoraban lo que significa ser padre, y mucho más, ser pobre en una sociedad colonizada como lo es la nuestra.

Año 1720: La Vega, G. Canaria. El alcalde real y regidor perpetuo don Blas Carvajal, extorsionaba y injuriaba continuamente a los vecinos, a quienes además acosaba con multas injustas, situación motivó el amotinamiento del pueblo.
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Año 1721: Teror, G. Canaria. Los aguamangantes deciden usurpar el agua del heredamiento de Tenoya, lo que obliga a los ciudadanos a sublevarse en defensa de sus derechos.

Año 1722: La Aldea, G. Ganaria. La actuación arbitraria de los  administradores del Marqués de Villanueva del Prado causan el amotinamiento de los vecinos.

Año 1723: Telde, G. Canaria. Las multas y extorsiones impuestas por el alcalde real, propicia el alzamiento de los teldenses.

Año 1724: Guía, G. Canaria. los moradores salen en defensa del alcalde, ante las diligencias practicadas contra este por el teniente corregidor don Juan Acedo.

Año 1724: La Vega, G. Canaria. El sobre guarda del Monte Lentiscal, trata de impedir el aprovechamiento comunal del monte, el que había venido usando los vecinos desde tiempos inmemoriales hasta la fecha.

Año 1734: Teror, G. Canaria. Los vecinos se ven obligados a defender sus derechos de riego con el agua de la  acequia de los Llanos de Teror.

Añó 1736: Isla de Fuerteventura.  Ante los continuos desfalcos que venía cometiendo el alcalde de la isla, los vecinos se amotinan para expulsarlo.

Año 1742: Los Silos, Tenerife. La ocupación por parte de los terratenientes de terrenos comunales dedicados a  canteras y dehesas.

Año 1744: Isla de La Gomera. Los Gomeros se alzan contra una vez más contra el régimen señorial, asignatura que los gomeros tienen pendiente desde que permitieron el asentamiento europeo en sus tierras, hay que tener en cuenta que ésta isla es la única del archipiélago que no fue conquistada con las armas.

Año 1744: La Vega, G. Canaria. Los vecinos se alzan contra el alcalde y regidor perpetuo don Juan de Meneses.

Año 1750: Telde, G. Canaria. Ante el intento de saca (exportar) millo en época de extrema escasez.

Año 1750: Teror, G. Canaria. El pueblo se amotina ante el intento de los herederos de Tenoya de romper las acequias y abercones.

Año 1751: Guía, G. Canaria. Contra los alcaldes de agua que iban a registrar las acequias de los altos de Guía.

Año 1751: Guía, G. Canaria. Por las pretensiones del corregidor Núñez de Arce de cobrar derechos por su visita.

Año 1752: Tejeda, G. Canaria. Los vecinos se amotinan por los continuos abusos del alcalde don Sebastián  Cabrera, al que estuvieron a punto de ejecutar.

Año 1762: S. Sebastián, Gomera. El pueblo sigue luchando contra el régimen señorial y contra la imposición de la aduana, la sublevación alcanzó tales cotas que los vecinos ante lo infructuoso d sus luchas por liberarse de la tiranía señorial, se decantan por la independencia de la isla, sufriendo la represión de las fuerzas de ocupación.

Año 1766: Telde, G. Canaria.  Los vecinos se niegan a pagar la renta de almotacenazgo.

Año 1769: Teror, G. Canaria. Se crean graves conflictos sociales ante la entrega a los terratenientes de las tierras de la data de la Virgen, en la Montaña de Doramas.

Año 1769: Gáldar, G. Canaria. Los vecinos se niega a pagar los impuestos sobre los sitios realengos.

Año 1769: Haría, Fuerteventura. El pueblo se niega a recibir como párroco, a fray Ignacio Ruiz.

Año 1770: San Bartolomé, G.Canaria. Por la quema de un bardo, propiedad de don Francisco Guerra de Yagabo.

Año 1771: Guía, G. Canaria.  Amotinamiento por la roturación de la Montaña de Guía y el encarcelamiento de algunos vecinos que protestaron.

Año 1772: La Esperanza, Tenerife. El poseedor del Mayorazgo de Coronado pretende apoderarse de las tierras de los Montes de La Esperanza.

Año 1772: La Aldea, G. Canaria Los terratenientes proceden a la roturación de tierras realengas.

Año 1775: Fasnia-Tenerife. Los vecinos exigen la puesta en libertad de los presos.

Año 1777: La Aldea, Tejeda, Artenara. La roturación de las tierras realengas por parte de los poderosos provoca el amotinamiento de los vecinos de estos pueblos.

Año 1780: Arucas, G. Canaria. Se ignora el motivo que dio lugar al amotinamiento. Posiblemente un asunto de tierras o aguas.

Año 1780: Gáldar, G. Canaria. Los campesinos se niegan a pagar los censos impuestos sobre el agua del barranco Hondo.

Año 1784: Maso. Isla de La Palma. Conflicto suscitado por el reparto de la dehesa de El Mocanal.

Año 1786: La Aldea, G. Canaria. Por negarse el Marqués de Villanueva del Prado a pagar la mitad de los frutos de los terrenos de su propiedad.

Año 1786: Vilaflor, Chasna, Tenerife.  Los vecinos proceden al derribo de las cercas levantadas por Chirino, Marqués de la Fuente de Las Palmas, en su intento de apropiarse de las tierras baldías.

Año 1789: Gáldar, G.Canaria. En tiempo de suma escasez los vecinos intentan impedir el embarque de granos por  el puerto de Gáldar.

Año 1789: Conil, Lanzarote. Los vecinos intenta evitar el relevo del gobernador de armas en la isla.

Año 1790: Arico, Tenerife. Los moradores se revelan ante la usurpación de los baldíos por parte de los poderosos.

Año 1797: Las Palmas, G. Canaria. La escasez de grano desemboca en un tumulto popular.

Año 1797: La Vega, G. Canaria. La retención de las aguas de la fuente de las higueras por parte de los vecinos de San Mateo y el Madroñal, provocó el conflicto.

Año 1797: Guía, G. Canaria. Conflictos motivados por la usurpación de las aguas del heredamiento de las aguas de la Vega Mayor de Gáldar.

Año 1799: Telde, G. Canaria. La escasez y precios desorbitado de los granos desembocaron en un alzamiento.

Año 1799: Guía, G. Canaria. La prohibición de la entrada de ganados al Montaña de Doramas, fue causa de graves conflictos.

Año 1799: Tirajana, G. Canaria. Los vecinos se niegan a pagar las multas que le son impuestas por roturación de tierras.

Año 1800: Arucas, G. Canaria. Ante la escasez de granos en la zona, se intenta impedir la salida de partidas del  mismo procedente del Mayorazgo de Arucas hacía Tenerife.


Año 1808: Agüïmes, G. Canaria. Las actuaciones del escribano Quintana, provoca las quejas de los vecinos.

Año 1808: La Aldea, G. Canaria. Conflictos suscitados por el reparto de las tierras del Marqués de Villanueva del  Prado.

Año 1808: Teror, G. Canaria. Los vecinos protestan por la ruina de la Iglesia.

Año 1808: Moya, Guía.G. Canaria. El reparto de tierras en la Montaña Doramas, provoca enfrentamientos.

Año 1809: Gáldar, G. Canaria. Aunque se ignora el motivo, es posible que estuviese que ver con la tierra.

Año 1809: Arrecife-Lanzarote. Conflicto surgido por la enajenación de la isla de La Graciosa.
                 
Año 1810: Guía, G. Canaria. Los vecinose niegan a pagar las multas impuestas por roturar tierras en la Montaña de Doramas.


Año 1810: Puerto de La Cruz Tenerife. Alzamiento de los vecinos de la Orotava por la usurpación por parte de los partidos dirigidos por los caciques de las  elecciones municipales.

Año 1810: Arrecife, Lanzarote. El pueblo se niega a que don Lorenzo Bartolomé Guerra, sea nombrado coronel de la isla. Vacante la plaza de Coronel jefe del Regimiento de Lanzarote por fallecimiento de su titular don Francisco Guerra Clavijo en 1808, se dispone que las banderas del Regimiento pasen a la casa de su hijo don Lorenzo Bartolomé Guerra, quien actuaba como Comandante de Armas interino, pero que a no dudar, daba por sentado que sería el nuevo jefe de las Milicias lanzaroteñas puesto que estos empleos en la práctica, se consideraban hereditarios. No obstante, las luchas caciquiles por el poder político local crea un clima de tensiones alimentado por rencillas entre las familias dominantes, esta situación propició la intervención de la Real Audiencia originando el nombramiento del nuevo Gobernador de Armas de Lanzarote en la persona de don José Feo y Armas. El descontento de los lanzaroteño o mejor dicho, de las facciones que luchaban por el dominio político de la isla, alcanza su punto álgido una tarde del mes de junio.

Veamos como narra los acontecimientos un historiador de excepción, D. Agustín de la Hoz: << Los amotinados parciales del cabildo de Lanzarote, guiados por el procurador Andresito, enjuto y amarillo, con su levita parda y un hacha herrumbrienta en la mano diestra, bajaron en tropel desde distintas partes del interior de la isla, armados de pistolones y palos para atacar la fortaleza de San Gabriel. Fue una tarde de junio de 1810, muy soleada, sobre las cinco horas sería cuando ya estaban enfilados por el adarve del Puente de las Bolas, cuyo rastrillo permanecía sin elevarse y desde donde hicieron disparos a granel, sin ton ni son, sin orden ni concierto. Desde el castillo se les conminaba a la rendición, diciéndoles que se retirasen o de lo contrario dispararían. El Gobernador dispuso que no se hicieran tiros sino en caso de extrema necesidad y en esa hora llamó a uno de los patrones de pesca para que lo llevara en una balandra al castillo de San José, a una milla y media del de San Gabriel. Sin embargo, la muchedumbre seguía gritando y aproximándose cada vez más, por lo que el subteniente don Leandro Camacho, resolvió disparar el cañón del artillero Manuel Valentín, haciéndose un tiro alto con metralla que, pese a la precaución tomada, mató a uno e hirió a dos de los sitiadores>>. Este sistema de defensa de cañones contra palos y pistolones mal manejados, ha proporcionado a los ejércitos españoles sonadas victorias en diversas y gloriosas batallas.

La desproporcionada repuesta por parte del castillo, exacerbó más los ánimos de los partidarios del cabildo, y al día siguiente bajó de la Villa de Teguise parte del Regimiento, con material de artillería, pero fue rechazado por el fuego de los cañones del castillo de San José, ocupado por fuerzas de don Lorenzo Guerra. No obstante, el recién nombrado coronel al ver que las cosas no marchaban como él esperaba optó por embarcar para la isla de Tenerife.

Como es natural en estos casos, los sucesos reseñados trascendieron a la Corte española acompañado de los voluminosos legajos que suelen producir los juristas españoles cuando se trata de encausar posibles delitos de desobediencia al régimen imperante por parte los pueblos oprimidos. Debido a las especiales circunstancias políticas por las que atravesaba la monarquía española, las medidas adoptadas contra los lanzaroteño, fueron relativamente suaves: el Capitán General de Canarias, D. Pedro Rodríguez de la Buria (quien tuvo que hacer frente a varios alzamientos en diferentes pueblos de las islas, durante su mandato) trasladó al Ayuntamiento de la Villa de Teguise, el 6 de noviembre de 1816, un escrito del secretario del Estado español en el que se le comunicaba que <<Su Majestad se ha dignado indultar a los naturales de la isla por los excesos cometidos>>. Se anula el nombramiento de Coronel del Regimiento a favor de don Lorenzo Bartolomé Guerra, pero conservando el grado sin mando. Al mismo tiempo, advierte que en lo sucesivo no serán nombrados jefes del Regimiento ningún natural del país, restituyéndose al ayudante Mayor D. José Feo en su empleo. Con esta medida se daba un paso más de dependencia de la metrópoli.  

Año 1810: Güímar, Tenerife. La secular pugna entre la emergente burguesía terrateniente y los grandes propietarios del heredamiento de Güímar, se pone de manifiesto con motivo del intento de los primeros de extraer y aprovechar con carácter público las aguas del denominado barranco del agua. Estas aguas quedaron ocultas como consecuencia de la emisión de lava producida por las erupciones volcánicas acaecidas durante el 31 de diciembre de 1704 y el 2 de febrero de 1705. Un siglo después, un movimiento sísmico hizo aflorar parte de esta agua comenzando la lucha por la posesión de la misma. Se formaron dos bandos bien definidos; por una parte, los vecinos representantes de la burguesía agraria dominante en el valle, encabezados por don José Leandro García, don Cristóbal Rodríguez y don Domingo Elías; y por otra parte don Bernardo Torres Ledesma, y don Miguel Baulen, representante éste último de los propietarios del heredamiento de Gúímar y encuadrado socialmente dentro del grupo de los grandes propietarios, y que, tras largos pleitos sostenidos con su familia llegaría a ser uno de los mayores propietarios del heredamiento.

Los enfrentamientos sostenidos desde la extinción del Antiguo Régimen, por el poder político local entre las Comunidades rurales, las denominadas clases medias rurales, burguesía agraria o caciques, se pone de manifiesto en las pugnas sostenidas por el grupo caciquil para acaparar el mayor numero de empleos público posibles de los cuales se valían  para acceder a la propiedad de las tierras y las aguas generalmente concejiles o realengas.

 Una referencia de esta situación la tenemos en la disputa que sostiene el Capitán D. José Delgado Trinidad, uno de los miembros de la burguesía agraria local, descendiente directo del último Mencey de Adeje, y alcalde de Gúímar. Desde finales del siglo XVIII, la familia Delgado Trinidad se había apoderado de una considerable extensión de terrenos baldíos que se extienden desde el barranco de Erques hasta el de Pedro Díaz, esta apropiación estaba basada en una data concedida por el corregidor de la isla al padre del Capitán D. José Rodríguez Trinidad cuya extensión estimaba en unas 1000 fanegadas. A la ocupación de las tierras se oponen los vecinos de Güímar encabezados por el párroco de Fasnia pero natural de Granadilla don Juan de Castro Baute, (descendiente directo por vía materna de la familia real de Anaga, Ibaute.)  D. José Delgado Trinidad con objetivo de alargar el pleito valiéndose de su condición de oficial de Milicias recurrió a la Comandancia General, para evitar de esta manera la intervención del alcalde Mayor.            

Delgado Trinidad, aplicando la habitual política de hechos consumados y según el defensor de los vecinos, el presbítero Castro Baute: <<se introdujo en los terrenos de la Data, asociado nada menos que de 150 hombres a rozarlos e incendiar muchos astilleros, de cuyas resultas se quemaron también muchos pinos, arando después la tierra y sembrándola. Ha estorbado al mismo tiempo la introducción de los ganados en ellas; con tanta arrogancia, que ha vociferado públicamente que no le entraran a las tales tierras en ningún tiempo del año y que podrá muros y cancelas, y a dado orden a sus medianeros para que maten los ganados que hallaren dentro de dichas tierras>>. El mismo presbítero continua diciendo: <<Don José Delgado Trinidad, posee tantos bienes vinculados y libres que no puede atender el cultivo de todos>>, para rematar con: <<no ignora don José Delgado que actualmente se está tratando de sacar otras aguas de un Río que está en la cabezada de los terrenos de la disputa en el paraxe que nombran Juan Álvarez>>.
Al final de un largo litigio la  Real Audiencia dicta  una de las pocas sentencias favorable a  los demandantes, en estos pleitos por la posesión de la tierra,  ya que generalmente acostumbraba a fallar a favor de los poderosos,  pero en esta ocasión lo hizo a favor Castro Baute y sus seguidores declarando de uso público la dehesa desmontada por Delgado Trinidad.

Por otra parte, la posición que defendían los propietarios del heredamiento, representados durante estas fechas, por Dña. Úrsula Lercaro y Baulén, éstos se oponían radicalmente a que los vecinos de Güímar llevaran a cabo la extracción de aguas, basándose en que ellos era los legítimos propietarios del heredamiento, cuya propiedad tenía su origen en la Data que en 1500 concedió el Adelantado Alonso Fernández de Lugo a los hermanos Blasino   Pomblino Romano y Juan Felipe, origen que contestado por el alcalde de la localidad don José Bello Ledesma en los siguientes términos: <<En nuestro asunto de aguas se debe contar la rivalidad de los que quieren hacer caciques, para oprimir a unos vasallos del monarca más benéfico del mundo (...). La Data de Blasino Romano no se poseyó jamás en toda la extensión del lugar; porque hay muchas tierras libres de distintos, que no representa al licenciado Vargas ni pagan censos, ni otra pensión al heradamiento que después fue de Pedro de Alarcón y los que hoy le suceden pagan tributos de algunos de sus terrenos y están divididos de otros que posee don Miguel Baulén, el convento de Candelaria, los Adrianes, la casa Núñez y otros distintos. Lo que da a conocer que el licenciado Vargas y Pedro de Alarcón en fuerza de los títulos, el uno de su Data y el otro de su compra; no debe haber en el valle Güímar debajo de los voluntarios supuestos y fijados linderos, porque estos son efectos de una prepotencia de gente rica y acaudalada, que se apropiaba de lo ajeno porque no tenían rivales vigorosos que le contrarrestaran sus intentos(...). Las aguas que se quieren sacar del barranco del agua del Río de Güímar que comprende la Data de Blasino Romano se secó con el volcán a principios de este éste siglo>>.

La opresión que las clases pudientes venía ejerciendo en las distintas localidades de la isla en un afán acaparador de las tierras consejiles y realengas, y que motivaron los alzamientos de la Orotava entre otros, centró la atención de los cronistas, pasando casi desapercibidos los acontecimientos de Güímar para la opinión pública. El día 10 de enero de 1810 el corregidor de La Laguna don José Valdivia y su escribano Vargas, salieron para el lugar de Güímar, les acompañaba el portero Lázaro Álvarez, para practicar diligencias sobre el resultado de las elecciones. Dichas diligencias culminaron con la destitución como alcalde de Güímar de don José Delgado Trinidad, miembro destacado del caciquismo local, cuya familia ostentaba un marcado protagonismo en la vida política y económica de la comarca, fruto de una acertada estrategia de enlaces matrimoniales, que les lleva a mediados del siglo XIX a enlazar con  la aristocracia insular a través de la Casa de los Marqueses de La Florida.

Llegado el Corregidor y sus acompañantes, pasaron pernoctar en las casas de don Miguel Baulén, en ambiente del pueblo se notaba una tensión inusual, por lo que el sueño de los viajeros no era nada placido, efectivamente tenían razón al estar inquietos, sobre la media noche comenzaron a oírse el sonido de algunos bucios que hacía llamadas, y ruido de gentes por las calles y plaza, un grupo de personas s dirigieron a la casa de don Miguel  Baulén dando fuertes golpes en la puerta principal al tiempo que lanzaban grandes gritos, lo que obligó al Corregidor y acompañantes  a asomarse al balcón desde donde pudieron ver a un grupo de 100 personas reunidas y agolpadas delante de la casa, más otro grupo junto a la parroquia, más otro grupo que tenía rodeada la casa. El Corregidor inquirió de los presente el motivo de aquella algarabía, adelantándose tres de los amotinados le expusieron que deseaban que saliera pronto del pueblo, dejando como alcalde a D. José Delgado Trinidad, de lo contrario su señoría y séquito lo pasarían muy mal, el corregidor trató de hacerles comprender lo inapropiado de la hora para viajar por los malos caminos de la comarca, que si de día eran prácticamente intransitables de noche era del todo imposible, indicándoles que al amanecer saldrían hacía su destino. Que los papeles no estaban recogidos, y que sobre el tema del alcalde, el tribunal de La Real Audiencia determinaría. Los amotinados respondieron que no había remedio, debiendo salir del pueblo en aquel mismo instante acompañados de algunos hombres de la localidad para su seguridad, de lo contrario, no respondían de su vida, inmediatamente les presentaron las caballerías debidamente habilitadas, y conducidos por cincuenta hombres armados de palos fueron expulsados del pueblo.

Este episodio nos ilustra sobre el gran poder caciquil en los pueblos de las islas, capaz de enfrentarse a los gobernadores de la metrópolis, dirigiendo a los pueblos como auténticos virreyes, la represión del motín no fue inmediata como se acostumbraba, quizás debido al temor que el Corregidor sentía hacia la Milicia de Güímar, formada en su mayor parte por jornaleros y agricultores de la localidad. Por otra parte. No deja de ser significativo el que la mayor parte de los dirigentes y participantes en el alzamiento era de claro origen guanche, entre ellos los siguientes: Juan Aday, Pedro Pablo Adrián, Lucas Alberto (los Alberto, son descendientes directos del Mencey Añaterve),  Martín Aguiar, Antonio Alberto, Juan Cartaya, Domingo Bello, Juan Manuel de Campos, José Delgado Trinidad, Pascual Díaz, Domingo Elías, Bernardo Flores, Juan García Adrián, Juan Agustín Gómez Guanche, José Izquierdo, José Leandro García, Francisco Leandro García, Luis Marrero Delgado, Francisco Marrero, Juan Pérez, Martín Pérez, Juan Antonio Plácido, Agustín Ramos, José Felipe Ramos, Cristóbal Rodríguez Mesa, Plácido Rodríguez, José Domingo Romano, Domingo Siverio, Juan Tejera y José Tomaso.

El alzamiento de Güímar, tuvo cierto grado de preparación, una de las reuniones preparatorias tuvo lugar en Igueste de Candelaria, en la casa de Juan Delgado (descendiente de la familia real de Güímar), a ella concurrieron los capataces Plácido Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, Juan Manuel de Campos, Juan Leandro, Francisco Leandro, Cristóbal Rodríguez Canario, Martín de Aguiar, y dos enmascarados que se suponen eran José Delgado Trinidad y Domingo Elías.

Los encausados por el motín, fueron indultados por la amnistía proclamada por las Cortes Generales y extraordinarias de 1812, con motivo de la publicación de la Constitución política de la Monarquía española. 

Año 1812: Tacoronte, Tenerife. El derribo de unas paredes para la ampliación de la plaza de la iglesia crea enfrentamiento con los vecinos.

Año 1812: Agulo, La Gomera. Protesta vecinal por la extracción de granos.

Año 1812: Guía, G. Canaria. No hay constancia del motivo.

Año 1813: Arucas, G. Canaria. Los vecinos se oponen a los mandatos judiciales del alcalde.

Año 1814: Teror, G. Canaria.  Se crean conflictos por los repartimientos de tierras en la Montaña de Doramas, llevados a cabo por los Ayuntamientos de Guía y Moya.

Año 1814: Guía-Moya. G. Canaria. Protestas contra la data de don Cristóbal V. Mújica. De la Vega Mayor de Telde.

Año 1817: Tejeda y Artenara, G. Canaria.       Por la usurpación de las aguas que bajan a la Aldea.

Año 1818: Santa Lucía, G. Canaria. Usurpación del agua de la acequia real del Ingenio.

Año 1820: Guía, G. Canaria. Las pretensiones de don Juan G. Jaque, comandante accidental del Regimiento de Guía, de que la 2ª compañía de éste Regimiento pasase revista en  Gáldar fue la causa del amotinamiento.

Año 1820: Ingenio, G. Canaria. Los vecinos se oponen al decreto de 8 de junio de 1813 que, entre otras cosas, manda a acotar y cercar los predios particulares.

Año 1822: Santa Lucía, G. Canaria. Se promueven disturbios al impedirse enterramientos en el cementerio parroquial.

Año 1822: Teror, Arucas y Firgas. G. Canaria. Motín suscitado por el reparto que el Ayuntamiento de Moya trataba de hacer la Montaña de Doramas.

Año 1822: Teror, Arucas y Firgas, G. Canaria. Contra la data de don Juan Laguna y las roturaciones que se estaban haciendo la Montaña de Doramas.

Año 1823: Agüimes, Ingenio, G. Canaria. La imposición de un juez de Letras, del partido de Telde, cuyo sueldo deben pagar los  vecinos mediante contribuciones, dio lugar al alzamiento.

Año 1823: Pájara-Betancuria,  Fuerteventura. Los vecinos se niegan a pagar las contribuciones de exportación en la playa del jurado

Año 1826: Moya, G. Canaria. Se niegan los vecinos al traslado de la imagen de San José a la parroquia.

Año 1832: Las Palmas, G. Canaria. Los ciudadanos se manifiestan a favor de la constitución.

Año 1834: Las Palmas, G. Canaria.  A favor de la constitución.

Año 1836: Las Palmas, G. Canaria. Los vecinos se movilizan contra los destrozos ocasionados en los pinares de la isla.

.Año 1847: Tejeda, G. Canaria. Movimiento vecinal contra la usurpación de las  aguas que bajan a la Aldea.  
Tomado de: www.elcanario.net