Recopilados por Eduardo Pedro García Rodríguez
1762 septiembre 22.
La
gran sublevación de 1762 contra El Conde de La Gomera
Las tensiones que cada día se
fraguaban en el seno de la sociedad gomera estaban abocadas a explosiones
violentas en situaciones coyunturales que habían de tomar conciencia a la
totalidad del cuerpo social de la necesidad de una transformación. La
emigración se convertirá en la forma de protesta silenciosa y desgarrada, y la
isla pasará a ser exportadora de mano de obra joven para las colonias americanas,
de entusiastas repobladores deseosos de crear una nueva sociedad bien
diferente de aquella que habían dejado atrás. La emigración será el elemento
de distensión que equilibrará la diferencia entre recursos disponibles y
aumento demográfico.
Los conflictos internacionales también tendrán su
repercusión en La Gomera ,
como nos lo demuestra la coincidencia de sublevaciones y guerras entre España y
los países europeos.
En la guerra Anglo-Española desarrollada entre
1739 y 1748, se conoce la primera fuerza de oposición al régimen señorial
durante el siglo XVIII. Los problemas de nombramiento de alcaldes, la administración
de justicia, los repartimientos de tierra, los quintos, etc., llevan en 1742 a
que algunos vecinos solicitasen de don Fernando del Castillo, presbítero, para
que como personero de la isla pidiese al gobernador de las armas que expidiese
una circular a todos los o prelados párrocos, preladas religiosos y oficiales
militares» a que se juntasen en la Villa Capital donde se celebraría una reunión
general para tratar asuntos de gran importancia para la isla.
El relato que hasta el momento hemos encontrado
de este motín es muy reducido, y generalmente son referencias indirectas
realizadas en las narraciones de la sublevación de 1762. Lo más interesante que
nos aportan esas noticias es las interrelaciones familiares y sociales que
existen entre la incipiente burguesía gomera del momento. Los dirigentes del
motín son un grupo de familias que gozan de la preponderancia socio-económica,
política, militar y religiosa, como queda demostrado en la siguiente lista de
firmantes en la petición de un Cabildo General: don José Fernández, cura de
Chipude; don Diego Alvares Salazar, don Pedro Rodríguez Salazar, su hijo,
principal cabeza del tumulto de 1762, sobrino de don Diego Alvarez, vicario de
la isla, y tío de don Folicarpo, don Diego y don José Marcos Dávila; don
Agustín Alvarez y Salazar, hijo de don Diego y hermano de don Pedro Salazar;
don losé Fernández, padre de don José Fernández, cura de Chipude, del capitán
Vicente Fernández y del ayudante Jorge Fernández, cabezas del motín de 1762, y
primos de don Pedro Rodríguez de Salazar; Benito Domingo de Mora, padre de
fray Juan de Mora, dominico, y del capitán don José de Mora, primos de los
Fernández, Diego Padilla, hermano de Juan de Padilla, escribano público, y tío
de don Antonio Agustín Padilla, otra de las cabezas del motín del 62, don
Antonio Alvarez, primo de los Salazar, y Francisco Morales. La administración
señorial les acusa de tener un cierto «pacto de familia», y que como por
derecho de sangre pasa de unos a otros el espíritu de la rebelión.
El objetivo del tumulto estaba en la derogación
del régimen señorial y la entrega de la isla a la Corona , librándose así de
las cargas señoriales, además de la posibilidad de poner en explotación los montes
con !o que se acrecentarían las áreas de cultivo, aumentando la productividad y
la consiguiente acumulación de excedentes para la exportación que reportarían
amplios beneficios al acogerse a los aumentos en el precio de los cereales. El
aumento de la productividad llevaría aparejado el crecimiento de los diezmos,
con lo que se ponía una masa mayor de productos en circulación de mercado.
Sin embargo, la sublevación de 1744 va a ser
rápidamente abortada por el Comandante General don José de Lima Masones, quien
destacó al mayor don Jacinto Carballo para que tomase el comando de las armas
de la isla y la pusiese en sosiego “. Órdenes rápidamente cumplidas, que
devuelven la paz a la isla, y el gobierno a sus señores.
Los problemas que habían quedado acallados por la
fuerza en 1744 salen a la superficie en 1762 mientras España se debatía en los
conflictos originados con ocasión de la guerra de Los Siete Años.
La política hacendística de Carlos III y su
ministro Esquilache introducirá un motivo más de descontento en todas las
islas, en especial con la llegada del nuevo administrador general de rentas,
almojarifazgos, tercias y orchillas, don Isidro Narváez y Vivero, en la primavera
de 1761 como nos manifiesta Viera y Clavijo:
“…que revestido del más excesivo celo, se
daba prisa en ponerlo todo en opresión. Alterase la tarifa para los aforos.
Establécense nuevas recias para los comisos. Descicedese hasta las más extrañas
minucias… Nótase en todos los ramos una austeridad, un rigor y una suma
justicia, de que no son capaces los hombres n¡ el comercio, el cual padeció por
ello graves quebrantos. Quéjanse sucesivamente los mercaderes, los cónsules,
los dueños de navios…”.
La primera protesta por la implantación de aduana
real en La Go mera
se produjo con el cobro de derechos en la introducción de una partida de sal
procedente de Lanzarote. Recurre el conde por lo que considera una intromisión
real en sus derechos jurisdiccionales, y alega que nunca se había cobrado
derecho alguno por la Real Ha cienda.
Pero ésta no era la primera vez, que se imponían aduanas reales en La Gomera : 1718 fue la primera
vez que se estableció un proyecto del intendente Cevallos. La actitud de los
gomeros fue de rechazo al nuevo derecho, y solicitud para que se les mantuviese
en las prerrogativas señoriaes. Ahora, ante el mismo hecho, la actitud será
diferente: suplican se les mantengan los derechos reales y se supriman los
señoriales, intentando valerse de los intereses de la Real Hacienda para
lograr su incorporación a la
Corona.
La clase dirigente, el campesinado y el
proletariado hacen causa común al ver llegado el momento propicio para
solucionar su dependencia del régimen señorial. Contaban con la certeza de un
apoyo exterior y oficial proveniente del propio Narváez, administrador de
rentas, de quien se decía había ofrecido tres mil pesos para mantener la isla
en armas, según declaración del capitán don Francisco Trujillo cuando afirma
sabe cierto el capitán don Pedro de Salazar tenía orden de apreciar la isla
para que la Corona
decidiera su compra, y que el dicho Narváez le había ofrecido dicha cantidad.
Desde el mes de julio de 1762 comienzan las reuniones
en conventos, casas particulares, sacristías, etc., para estudiar las acciones
y planes, así como la discusión de los puntos esenciales que se debían exponer
al rey en súplica de la abolición de la jurisdicción señorial.
El acuerdo general adoptado por todos era la
concurrencia a la Villa
de San Sebastián para la reunión de un Cabildo General, excepto Vallehermoso,
reducto defensor de los derechos señoriales estimulados por el caciquismo de
la familia Manrique de Lara, muy adeptos a la casa condal a lo largo de muchas
generaciones. Incluso el administrador del conde don Miguel de Echeverría
estaba casado con un miembro de aquella familia.
Al malestar general había contribuido de forma
destacada el abandono de la administración de justicia que tenía a su cargo el
alcalde mayor don Andrés Fernández Acevedo, quien por ese motivo recibe una
carta de amonestación de don Domingo José de Herrera:
“…tengo entendido que V.M.. en tiempo tan
calamitoso como el presente, tiene abandonada su obligación, en no asistir a !a
administración de justicia de esta Villa, dando lugar con su desidia y
descuido para que las cosas no vayan con aquella rectitud que se debe, de que
se originan pésimas consecuencias y de que Vd. debe ser responsable”.
La mala calidad de la justicia señorial se
convierte en uno de los más frecuentes motivos de queja de los pueblos
sometidos a ese régimen, como claramente expone Domínguez Ortiz.
A todo ello es necesario añadir la dura crisis de
subsistencia que pasan las islas en 1762, viéndose en la necesidad de recurrir
al rey en súplica de que no se embargasen las embarcaciones inglesas surtas en
puerto, pues ellas habían conducido las primeras partidas de granos que se
compraban en el Norte con caudal del pósito. La respuesta es una comunicación
de Ricardo Wall, secretario de Estado, notificando la orden real de comprar
6.000 fanegas de trigo para enviar a Canarias en calidad de socorro.
En la primera quincena de septiembre se reunieron
en la playa de Santa Catalina de Hermigua los maestres de barcos, clérigos,
religiosos dominicos, algunos regidores, capitanes y hombres del común para
acordar la fecha del inicio de la sublevación. Se determina que el comienzo lo
marcará la voz del cañón de la
Villa , a cuya señal inmediatamente bajarían todos los
habitantes a San Sebastián para celebrar un Cabildo multitudinario.
Ante el estado de animadversión hacia el
conde y todo lo que representase su poder, el administrador don Miguel de
Echeverría se retira a su casa de Vallehermoso custodiado por veinte soldados;
pero ante la inseguridad que también allí le dominaba, huyó clandestinamente a
Tenerife embarcándose en una lancha por la playa de Valle Gran Rey, con lo cual
se libra de una muerte segura porque en el ánimo de los amotinados estaba el matarle
allí donde le encontrasen.
Después de una serie de algaradas con toque
de tambores, expulsiones de la
Villa , intimidaciones a los defensores del conde, etc., el 21
de septiembre se reunió el Cabildo General con la asistencia de los regidores,
alcaldes pedáneos, curas, frailes, milicianos y dos vecinos por cada pueblo.
Los trabajos de esta primera reunión se centraron
en la redacción de los motivos del motín; el resultado fue la exposición de
dieciséis agravios que consideraban inaceptables:
1. por la indefensa que los señores mantienen la
isla; 2. la pesada carga de los quintos; 3. el elevado aforo que cobran en la
aduana por las sedas; 4.el riguroso cobro de los derechos en la aduana por
cualquier producto traído por los vecinos para uso particular; 5. por lo
alejado que se encuentra la aduana del puerto; 6. la prohibición a los barcos
de pesca de salir a la mar durante la noche con lo que se ocasionan graves
perjuicios; 7. la falta de propios que tiene la isla; 8. por el cobro de
derechos en las exportaciones de caldos; 9. el bajo precio a que el señor
compra la orchilla; 10. porque muchas aguas están atributadas; 11. los vecinos
pagan a su costa las velas de noche y día; 12. las obligaciones señoriales a
los vecinos en trincheras y faginas; 13. porque siendo los montes comunes, los
señores los arriendan como propios; 14. porque siendo Gomera y Hierro de un
mismo señor aquélla paga derechos de entrada en la aduana y ésta no; 15. la
mala administración de justicia, y 16. por las excesivas cargas de censos y
tributos que pesan sobre las tierras. La exposición de agravios acaba con la
petición de que se les dé a todos por libres del vasallaje señorial,
declarándose a favor del rey, a quien solicitan les agregue «al patrimonio de
su Real Corona», y suplican se digne admitirles a todos por sus fieles
vasallos.
En la reunión del día 22 lo más importante que se
trata es la oposición a cualquier arresto que se produjese, y la declaración de
los montes como «legios reales».
Los gomeros habían creído que su incorporación a la Corona sería rápida y
sencilla, pensaban que sólo bastaba gritar «¡viva el rey, abajo e! conde!»,
como había manifestado el escribano Juan Padilla cuando contaba que él había
contemplado en muchos pueblos de señorío de España con gritar ¡viva el rey!
cambiaban de jurisdicción.
Pero se les escapaba la estrechez del marco
jurídico con que contaba Carlos III para efectuar su programa
incorporacionista de los lugares, villas y ciudades de señorío, legales
exclusivamente para los señoríos de origen enriqueño. Y como el caso de La Gomera no se podía acoger
al referido marco jurídico, después de un largo proceso se le confirma al conde
sus derechos, si bien es verdad que en ningún momento dejó de ejercer su
jurisdicción. Las represalias del conde van dirigidas a dar un ejemplar castigo
a los principales cabezas para que sirviese de escarmiento general. Le propone
al Comandante General el destierro de los militares a los presidios de Africa,
y al resto el destierro por varios años a distintos lugares del Archipiélago.
Para ese duro plan de represión se basaba en lo peligroso de la actitud y deseo
de algunos gomeros de entregarse a la Corona Inglesa estando España en guerra, por lo
que podían haber recibido ayuda con graves consecuencias para el resto de las
islas.
Al ver fracasada la sublevación que con tanto
cuidado habían preparado, el 17 de octubre se vuelve a reunir el Cabildo para
suplicar un perdón general del conde, y solicitar la vuelta a la isla del administrador
don Miguel de Echeverría.
Todos estos abatares impedirán el desarrollo de
la isla y la someterán a un estado de estancamiento continuado que marcará su
subdesarrollo e influirá en la estructura de la población.
(Germán Hernández Rodríguez. Extraído del IV Coloquio De Historia Canario-Americana)
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