Estos días casi solsticiales me
han traído a la memoria aquel 20N de fausto recuerdo en que una especie de mono
orejudo y compungido anunciaba, en medio de llantos y babeos, mediante aquella
pantalla en que el mundo era negro y gris una noticia que lo hacía
parecer luminoso: ¡Españoles, Franco, ha muerto!
Ahora, casi treinta años después, un
aventajado discípulo de aquel criminal dictador que tuvimos que soportar en
esta colonia de virrey militar, el lengüín de Rafael Hernando, ha sido nombrado
portavoz parlamentario del partido que patrocina la corrupción gubernamental.
El tal Rafael es aquel que, refiriéndose a los hijos de los fusilados por el
fascismo hispano enterrados por cunetas y basureros, les espetaba que para
buscarlos y enterrarlos con dignidad “hay algunos que se han acordado de su
padre cuando había subvenciones para buscarlos”, y el mismo que, malamente
llega a un año (6/8/13) cuando en medio de la crisis brutal en que nos han
sumido, pontificaba que “la responsabilidad en los casos de desnutrición es
de los padres” y no, por supuesto, de los destructores de millones de
puestos de trabajo y salvadores, con nuestro sudor, del corrupto sistema
político-bancario que expulsó de sus viviendas a esos padres y succionó sus
modestos ahorros. El tal Rafael puede ahora anunciar en technicolor y pantalla
plana ¡Españoles, el Caudillo ha resucitado! ¡Han vuelto los gloriosos días en
que se puede imponer la Ley
y el Orden, los días del porrazo y tente tieso, los de la Ley de Vagos y Maleantes
–ampliada luego para abarcar a los homosexuales- y del benéfico Tribunal de
Orden Público!
Para que no se me tache de extremista
o de agitador y resulte así incurso en causa penal, diré que, en realidad,
hemos mejorado. Recordemos que la causa nº1 del TOP fue contra un tal Timoteo
Buendía –nada que ver con los Buendía del coronel macondino- que con una
fenomenal cargacera, al salir Franco en la tele del bar, exclamó ¡Me cago en
Franco! y el batumerio escatológico le costó una condena de 10 años. Hoy,
con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, un “me cago en el Rey” o en Rajoy o un
“puta España” sería una falta grave y lo hubiera resuelto con una multita
de 30.000 euros, o lo que es lo mismo, unos 5 milloncejos de las antiguas
pesetas. Eso, claro está, si no se es reincidente, porque en ese caso, pasaría
a ser muy grave y la cosa se elevaría hasta los 600.000 euros –da hasta
temblores ponerlo en pesetas- lo mismo que manifestarse sin autorización
gubernativa ante edificios como el Congreso, el Parlamento español o el
mismísimo Parlamento de andar por casa en Teobaldo Power, incluso en el caso de
que estén tan vacíos colmo el bolsillo de un parado de larga duración. Los rajoy’s
boys se han superado. La franquista Ley de Orden Público de 1959 o la Ley de Seguridad Ciudadana del
ínclito Corcuera, el aficionado a las patadas en la puerta, son simples
balbuceos infantiles. Esta nueva afina donde más duele a una sociedad amenazada
por la miseria y los desahucios, que es en los bolsillos. Se suprimen muchas de
las supuestas faltas del Código Penal y pasan a tener carácter administrativo
para eludir cualquier intervención judicial y que les salga algún juez rana
como les ha pasado últimamente. Hay una cierta ventaja y es que respirar no es
aún punible, pero tiempo al tiempo.
El gobierno español, para mantener el
privilegio de unos pocos basado en la miseria y la desesperación de
muchos, se ha decantado por el arma del miedo y la represión a pesar de
que la experiencia demuestra que, aunque válido en corto plazo, termina por ser
el germen de procesos revolucionarios porque, in defectiblemente, la represión
multiplica el ansia de libertad. El aspirante a neocaudillo intenta, con esta
ley, convertir a España y sus colonias en un estado básicamente policial, con
unas FOP a las que se atribuye el atributo cuasi divino de su absoluta
credibilidad: “Las denuncias,
atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de
sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el
caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente
para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin
perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos
probatorios disponibles” y, frente a esta presunción de veracidad total ¿puede
aportarse prueba en contra? Desde luego fotos o vídeos de la brutalidad
policial que, bueno es recordar, los casi mil heridos (777 según el gobierno
colonial) que ha causado la actuación “moderada” de las denominadas Fuerzas del
Orden- no podrán aportarse dado que una de las prohibiciones incluidas en la
ley, en su artículo 36, es la de grabar cualquier actuación policial, dotando
además a la policía de la facultad de decomisar el material obtenido por
proceder del delito de haberlo grabado. Cualquier actuación policial tipo de
las bárbaras que hicieron en Atocha que, por cierto, sigue en total impunidad,
deberá quedar, por decirlo de alguna forma, en la más absoluta intimidad. El
tal Jorge Fernández Díaz recuerda ya al Fraga de “la calle es mía”
demostrando con hechos la capacidad de superación de la derecha reaccionaria
española, sobre todo cuando se trata de actuaciones sobre desgraciados que
intentan huir de la miseria y el hambre a través de las fronteras coloniales de
Ceuta y Melilla, de los que tratan de impedir que los desahucien de sus hogares
o de los que simplemente protestan contra el saqueo y la destrucción de sus
recursos naturales, como, por ejemplo nuestro caso con la multinacional Repsol.
¡Ojito
aquí, en esta colonia africana! Cada vez que nos planteemos manifestarnos
públicamente o en las redes sociales sobre la sacrosanta unidad del hispano
imperio de cartón, de sus ministros jilufos , de sus medianeros criollos, de
sus saqueos petroleros……habrá que hacerlo con exquisitez supina para no
incurrir en falta grave tipificada como “ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas
y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas
por cualquier medio.” Vamos, que hasta
que no haya condena en firme, no puedo decir que el alcalde de mi pueblo es un
lambido sinvergüenza o recitar, con alguna pequeña variante, aquel poema de
Tarajano de la patrona España que con el yanqui se acuesta.
Personalmente
me declaro totalmente culpable de desacato, rebeldía, insumisión y lo que se
quiera añadir porque, claramente lo digo, ¡Váyase el Caudillo Rajoy con todos
sus ministros, su ley de la patada en la boca, su intangible unidad patria y sus
esbirros amaestrados a hacer puñetas!
Gomera a
18 de diciembre de 2014
Francisco
Javier González
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