Élites criollas canarias eternas

'Historia Contemporánea de Canarias' identifica a las 30 familias de criollos caciques que han gobernado las islas del XVI al XIX

 

La identificación de los poderosos no siempre es fácil. Desde que con las revoluciones liberales de los siglos XVII y XVIII se rompe la interesada creencia de que los seres humanos nacen ricos o pobres por designio divino, a los nobles les quedaron dos opciones, adaptarse o morir. Mientras que en países como Francia la burguesía pasó a ser la clase dominante, igual que en algunas regiones españolas como Cataluña y el País Vasco, no sucedió lo mismo en Canarias. Según el historiador Agustín Millares, unas treinta familias de origen aristocrático, que luego se fueron multiplicando, detentaron el poder político y económico desde el Antiguo Régimen hasta la II República.

Esta es una de las aportaciones del libro Historia Contemporánea de Canarias, editado por la Obra Social de La Caja de Canarias, y que se presentó, en el Cicca. Según Millares, "nunca se han identificado, con sus nombres, a las clases poderosas de las Islas". El investigador ha podido rastrear los apellidos y asociarlos a sus actividades económicas y políticas a lo largo de los siglos, y ha llegado a la conclusión de que no se dio en Canarias el paso al liberalismo, entendido como el triunfo de la burguesía, al carecer las Islas de industria o comercio no asociado a la agricultura. La endogamia ha sido, por tanto, evidente.

En la introducción al primer bloque del volumen, titulado El tránsito a la contemporaneidad, 1808-1880, se hace un dibujo de la sociedad que, supuestamente, iba a ingresar en la modernidad. El retrato es deprimente. "Una sociedad abrumadoramente agraria, que dependía de exportar sus cultivos dominantes (vinos y barrilla), apenas poseedora de una escuálida industria artesana, sometida al control de la nobleza de viejo o nuevo cuño (señores territoriales y jurisdiccionales de por medio), con alta burguesía comercial (foránea a menudo) siempre a la sombra de los terratenientes nobles, escondiendo clases medias (urbanas y rurales) de poca monta entre los privilegiados y excluidos, y en donde ser campesino sin tierras (medianero-aparcero y arrendatario), o parcelista con terruño insuficiente, era la condición de la inmensa mayoría, obligada a emigrar de tanto en tanto, analfabeta en altas dosis y fanatizada por los tonsurados, penetró en el siglo XIX con mal pie".

Una de las claves de que estas treinta familias sobrevivieran aún en los momentos de mayor presión fue que, lejos de perder sus posesiones con las reformas liberales, las acrecentaron. "La abolición de los señoríos, las desamortizaciones eclesiástica y civil, la desvinculación de los patrimonios o la redención de censos no disminuyeron el poder de la terratenencia histórica y conservaron el predominio de formas de explotación de las tierras con atributos feudales", señala Millares. "Muy pocos nobles sucumbieron a las mismas, y las principales casas aristocráticas del Antiguo Régimen se amoldaron a los cambios jurídicos sobre el estatuto de propiedad, ampliando los patrimonios con los bienes religiosos o estatales y comunales", añade.

Según el historiador, los burgueses que se subieron al carro, en muchos casos vinculados por la vía del matrimonio con los aristócratas, también invirtieron en tierras y, las relaciones laborales con los campesinos de ambas clases eran "precapitalistas", que es lo mismo que decir semifeudales.

Los nobles y los burgueses coexistieron, por tanto, dedicados a la gran propiedad territorial y las actividades comerciales devenidas del primer sector. "En las oligarquías agromercantiles prevalecieron los nobles de rancio abolengo, con los cuales tornaron a pactar los grandes burgueses, que reproducían sus habituales usos y valores", agrega el científico.

Las relaciones entre el poder económico y las responsabilidades políticas son también evidentes para el historiador. "La elite política que emanó de este bloque de poder se adueñó de las instituciones liberales del Nuevo Régimen en un grado proporcional al que dominaron el absolutismo. Muy pocas estirpes familiares acapararon la política isleña bajo los primeros regímenes constitucionales de sufragio censitario y capacitario, sin que el sufragio universal masculino de la Constitución de 1869 alterase el secular imperio de unos cuantos oligarcas", asegura Millares.

Pero, ¿quiénes eran estas familias? Es muy interesante seguir el hilo que plantea el profesor de la ULPGC, partiendo desde los señoríos de las islas orientales de los marqueses de Lanzarote y los señores de Fuerteventura. Apellidos como Cabrera Bethencourt, cruzados con los Manrique de Lara de Gran Canaria, acapararon, alianza tras alianza, cientos de hectáreas de terreno desde el 1700 en adelante. Y más tarde ese vínculo se anilló con Gran Canaria. "Al afincarse Pedro Manrique de Lara y Cabrera en Las Palmas y casarse una de sus hermanas con un primo carnal de la Casa mayor de los Manrique, esta ciudad sustituyó a La Oliva como receptáculo principal de las copiosas rentas familiares; dos hijas del primero matrimoniaron con retoños del IV conde de la Vega Grande de Guadalupe", revela el docente, que ha elaborado con esfuerzo una serie de cuadros y genealogías que arrojan mucha luz sobre este extremo. Cabe destacar una tabla titulada Los mayores contribuyentes por territorial de la provincia 1872-1873, entendiendo que, hasta ese momento, Canarias era una sola provincia. Aquí se señalan los nombres de los mayores terratenientes, especificando sus títulos y los parentescos entre ellos. Así, el primero es Agustín Manrique de Lara y del Castillo, nieto del III conde de la Vega Grande y cuñado de los Manrique de Lara y Cabrera. Tiene una contribución anual de 19.719 pesetas y posesiones en 17 municipios de las tres islas orientales. Es el más potentado, pero hay otros muchos.

De los cincuenta nombres que aparecen en esta lista, están marcados los que son nobles que hunden sus raíces en el Antiguo Régimen. El recuento con respecto a los otros potentados es apabullante. 35 aristócratas de rancio abolengo, frente a 15 de extracciones menos lustrosas.

En Gran Canaria, Millares destaca el caso de los Del Castillo. "El origen de la cuantiosa riqueza de la familia arrancó especialmente de dos mayorazgos de los Amoreto instituidos en 1669 y 1698, a los que su segundo poseedor añadió por compra la Data de Maspalomas".

El cuerpo principal de esta investigación se desarrolla en los capítulos 4 y 5 del libro, pero se redondean en el número 11, que se titula Oligarcas contra ciudadanos y que está en el segundo bloque del volumen. Si en aquellos primeros años de liberalismo había un gobierno de treinta familias, en este periodo, desde 1880 hasta la II República, Millares dice que "bastaría con triplicarlas". Ahora eran 90 las que tenían el poder en sus manos.

(Cira Morote Medina)