EFEMERIDES CANARIAS

UNA HISTORIA RESUMIDA DE CANARIAS

ÉPOCA COLONIAL: DECADA 1901-1910

CAPITULO –XXVIII

Eduardo Pedro García Rodríguez

1910.

El poder caciquil en esta colonia de Canarias se mantuvo campante a pesar de los progresos de la oposición republicana, circunscritos a una porción del medio urbano. La primacía del campo sobre la ciudad y la ruralización del grueso de la vida pública determinaron un horizonte muy adecuado a la persistencia del caciquismo y de las redes clientelares. En este punto las novedades brillaron, en gran medida, por su ausencia.

 El caciquismo persistente y sus opositores: la consolidación del Sindicalismo

 El poder caciquil se mantuvo campante en las Islas a pesar de los progresos de la oposición republicana, circunscritos realmente a una porción del medio urbano. La primacía del campo sobre la ciudad y la ruralización del grueso de la vida pública determinaron un horizonte muy adecuado a la persistencia de los manejos del caciquismo y al vigor de las redes clientelares. En este punto las novedades brillaron, en gran medida, por su ausencia. Cuando Unamuno habló en el mitin republicano del ingrediente civilizatorio de la ciudad, de la ciudad generadora de conciencia, estaba en cierto modo asociando el campo a las rémoras caciquistas. Fuera de las urbes, los caciques siguieron despachándose a sus anchas con toda suerte de corruptelas y trapisondas, sostenidas por los dineros de la Sociedad Arrendataria de los arbitrios sobre las reformadas franquicias en 1900. A ello se refirió expresamente Unamuno al proclamar que la política habría de ser lucha de ideales, no de logreros de consumos y de puertos francos. Y tales alegaciones las profirió quien, tras advertir que no era republicano y mucho menos federal, defendió la acción de hombres que se impusieran a las multitudes, aclarando en esta especie de justificación del caciquismo “ilustrado” que semejante función no podía corresponder a los ineptos.

 Las oligarquías insulares fundieron a la terratenencia oriunda del Antiguo Régimen con la alta burguesía agromercantil, hasta configurar bloques de poder que dominaron casi enteramente los quehaceres públicos durante la Restauración y más allá. Sus formaciones políticas no fueron otra cosa que grupúsculos de estructura caciquil muy personalizados y jerarquizados, tertulias de notables en donde coincidían facciones a menudo con muy poca cohesión, que desde las islas centrales dirigieron los asuntos de las periféricas. Estamos ante coaliciones de banderías oligárquicas aunadas, más por vínculos personales y especialmente familiares que por ingredientes ideológicos o programáticos. Al respecto hemos de advertir que en Tenerife hubo una mayor segmentación del caciquismo y, por lo tanto, de los partidos del Turno liberal-conservador, porque su oligarquía no contó con una figura carismática semejante a la de Fernando de León y Castillo en Gran Canaria. El diagnóstico que verificó Unamuno sobre estas agrupaciones monárquicas presenta un rango estatal al definirlas como taifas de logreros, nacidas de los odios y movidas por intereses personales, mas esos partidos gallísticos se amoldaban perfectamente a su configuración isleña.

 Un buen exponente de los apaños caciquiles en este orden brilló durante las elecciones legislativas de mayo de 1910 por la circunscripción de Las Palmas, circunscripción que desde 1905 abarcó las Islas Orientales. Los leonistas fueron muy conscientes de la trascendencia que tenían esos comicios en un momento en el que se planteaba en las Cortes la discusión del proyecto de Ley de reforma administrativa. En consecuencia, movieron todos sus peones para reiterar su aplastante victoria y hacer valer el grado de participación que el divisionismo despertaba, presentándola como una especie de plebiscito antiunitario. La candidatura liberal tuvo una composición muy cualificada, integrándola Álvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones, aun a sabiendas de que renunciaría para ocupar “su” escaño por Guadalajara; el periodista exrepublicano Luis Morote y Greus, amigo personal de Canalejas y que había prestado valiosos auxilios a la causa de la división provincial; y, por último, el abogado Leopoldo Matos y Massieu, la joven promesa de la oligarquía grancanaria, considerado el mejor heredero de León y Castillo y que pronto sería el intermediario de mayor confianza para el embajador. Los republicanos federales y los carlistas impidieron la aplicación del artículo 29 de la Ley Electoral de 1907, los unos postulando a José Franchy y Roca y a Benito Pérez Galdós en el marco de la Conjunción republicano-socialista, y los otros votando al dirigente nacional Juan Vázquez de Mella.

 Lo más notable de estas elecciones, por encima de la enorme dispersión de los sufragios y del éxito absoluto del leonismo, procedió de la evidente falsificación de los índices abstencionistas y, por lo tanto, de un abultado enmascaramiento de la participación real. Del total de 38 municipios de la circunscripción, en 26 se pasó oficialmente del 80% de votantes y en la mitad de ellos el porcentaje superó el 90%, oscilando desde el 90,5% de Arucas al 97,8 de Puerto de Cabras, con la particularidad de situarse también en este último grupo Telde con el 93%. ¿Cómo explicar este brioso ataque de civismo que aquejó, por ejemplo, a los cuerpos electorales de Mogán, de Pájara o de San Bartolomé de Lanzarote, cuando en Las Palmas apenas votó menos del 56% del censo? Los testaferros leonistas actuaron impunemente con sus típicos cántaros y pucherazos en los colegios rurales, donde no tenían control alguno. En varios términos, bien por escrúpulos o abulia de los componentes de las mesas electorales, la abstención ofrece un panorama más ajustado a la realidad de las zonas campesinas con poblamiento diseminado, consignándose así un 71% en Tejeda, un 57% en Yaiza y un 54,5% en Tetir, indicadores del importante desinterés por las urnas en los distritos agrícolas de bajas densidades y muy altas tasas de analfabetismo. Esa comparación unamuniana del leonismo con el Porfiriato mexicano posee, al menos en lo que respecta a la generalización de los fraudes electorales, una cabal apoyatura.

 La plancha republicana-federal de Franchy-Pérez Galdós obtuvo en la circunscripción un promedio de votos equivalente al 5,9%, presentando unos cocientes del 6,4% en Gran Canaria, del 4,2% en Fuerteventura y del 2% en Lanzarote. Ahora bien, en Las Palmas conquistó un 23,5%, venciendo en el distrito de Santa Catalina con el 52,6% y acercándose bastante a los leonistas en La Isleta con el 46,5%. Hasta un 73,5% de su electorado radicaba en la capital grancanaria, fiel reflejo de un partido eminentemente urbano que hasta la Segunda República tuvo muy escuálida presencia en el medio rural. Los exclusivos oponentes al cacicato leonista se aglutinaron en las filas del Partido Republicano Federal (PRF) que Franchy reorganizó en el verano de 1903. Las singularidades del mismo en Las Palmas, seguido a distancia por el de Telde, derivaron de una combinación ajustada entre activismo y obrerismo mientras Franchy lo encabezó hasta diciembre de 1914, y aún cabría decir que tales atributos no languidecieron del todo luego de su forzada marcha arruinado por la política. Un muestreo referido a la composición de 156 cuadros entre 1903-1914, a partir de cinco comités municipales, tres de la Juventud y 24 juntas de los círculos de barriada, demuestra que más de la mitad eran artesanos y jornaleros o marineros. Una década de permanentes trajines no tuvo muchas repercusiones en términos institucionales, en cotas de poder, aunque sí para un cambio en la fisonomía de la cosa pública y en la conflitividad social. La consolidación del primer sindicalismo grancanario sería uno de sus más acabados reflejos.

La propaganda oral y escrita que desarrolló el PRF de Las Palmas representó algo enteramente desconocido en el panorama insular y poco a poco alumbró otro estilo de hacer oposición antidinástica, que nada tenía en común con las pautas anteriores. El periódico El Tribuno realizó a propósito una encomiable labor durante su compleja singladura. En su primer bienio de rodaje, este republicanismo organizó en la ciudad 60 veladas y conferencias, ocho mítines y tres manifestaciones. Las actividades de más audiencia y resonancia coincidieron con la visita de la librepensadora malagueña Belén Sárraga en junio de 1905, que entre otras cosas posibilitó el nacimiento de la Juventud Federalista, incorporando al grueso de los redactores del periódico anticlerical La Avanzada. Los casinos de barrio se convirtieron en el principal soporte del proselitismo. A partir del Círculo Republicano Federal de Triana, entre mayo y noviembre de 1904 fueron inaugurados cuatro establecimientos en otros tantos suburbios periféricos del ensanche o los riscos: la Juventud de Arenales, la Fraternidad de San Bernardo, la Tertulia de San José y el Círculo Instructivo Obrero del Puerto de La Luz. Los tres primeros contaron con escuelas, donde en mayo de 1905 recibían clases unos 400 alumnos. Fuera de Las Palmas, el Círculo Republicano Federal de Arucas, abierto en agosto de 1905, mantuvo asimismo una escuela y editó el semanario La Voz de Arucas (de octubre a abril de 1906).

 Uno de los mayores empeños de Franchy y de sus compañeros primitivos fue poner nuevamente en pie el movimiento gremialista, liquidado tras hundirse la Asociación Gremial de Obreros de Gran Canaria de 1901-1902. Al poco de nacer El Tribuno lo hizo el tercer semanario "obrerista" de Las Palmas, El Martillo del Trabajo. Los repúblicos apostaron inmediatamente por la resurrección del asociacionismo trabajador y auxiliaron a la comisión promotora de una Federación Gremial de Obreros que jamás salió adelante. Entre marzo y mayo de 1904 tuvieron lugar ocho mítines en el Teatro-Circo Cuyás, convocados por la peña de El Martillo del Trabajo con la ayuda del PRF, en el último de los cuales arrancó la conmemoración de la jornada del 1º de Mayo. Los endebles gremios de carpinteros, cocheros y tartaneros, zapateros y albañiles fueron legalizados o reconstruidos desde agosto de 1904 hasta marzo de 1906. Por lo demás, los correligionarios de Franchy ejercieron muy pronto una destacada influencia sobre el mutualismo a través de la Asociación de Trabajadores de 1870 y La Previsora de 1899: el 85,6% de los mutualistas grancanarios estaban presididos en 1907 por notables del PRF.

Hasta que los federales no lograron prender en los barrios porteños de Santa Catalina y La Isleta, su ascendiente sobre los trabajadores no llegó muy lejos. Descontando los distritos donde no terciaron, el PRF pasó de cosechar el 5,6% de los votos en la municipales de 1903 al 19,3% en las de 1905. La mayor parte del electorado republicano se localizaba por ahora en Triana y en Vegueta, es decir, en los distritos más equilibrados socialmente y con mayor proporción de las ocupaciones burguesas; por aquél resultó elegido Franchy en 1905, convirtiéndose en el solitario edil federal de este período. Al avanzar el verano de 1906, el PRF dio síntomas de cansancio y principió un paréntesis que duraría casi un trienio. La suspensión de El Tribuno, el cierre de escuelas y de algún círculo y la postración del bisoño gremialismo, revelaron las dificultades con que se encontraban unas pocas docenas de activistas republicanos para desenvolverse en un medio hostil y con escasos recursos. No obstante, las páginas del semanario El Martillo sirvieron de canales de comunicación para la militancia y la Juventud Federalista editó en 1907 el semanario Progreso, manteniéndose aún abierto el Círculo de Arucas. En julio de este año apareció en La Isleta el club El Trabajo.

 El 1 de mayo de 1909 reanudó su edición El Tribuno en calidad de semanario y en algo más de un lustro el PRF se consolidó de forma definitiva como entidad opositora y claramente volcada hacia el mundo sindical. De los centros de la etapa anterior reemprendieron sus tareas el Círculo de Triana, la Juventud de Arenales y la Fraternidad de San Bernardo; en el primero radicó la Escuela Benot desde marzo de 1911 y en los otros fueron restablecidas en 1914 sus misiones docentes. En el barrio de San José funcionaron consecutivamente dos sociedades, El Porvenir y Vida Nueva. El logro más efectivo sería, con todo, la apertura en julio de 1910 de la Unión Republicana Federal de La Luz y Santa Catalina, una de las instituciones más dinámicas que albergó el Colegio Pi y Margall. Desde noviembre de 1911 actuaba ya un comité municipal en Telde y en marzo de 1914 se instituyó la Sociedad Republicana-Centro Obrero. En ambas poblaciones, los federales organizaron durante el quinquenio 1910-1914 un total de 49 veladas y conferencias, 57 mítines y 18 manifestaciones, destacando las movilizaciones concernientes a los procesos huelguísticos y las del 1º de Mayo. Todavía en mayo de 1909 hay noticias de otro comité en Arucas.

Republicanos deben ser los socialistas; socialistas debemos ser los republicanos, sentenciaba Franchy a principios de 1910. La vocación socializadora de los franchystas, inspirada en una lectura obrerizante del Programa federal del 22 de junio de 1894 y fortalecida por la Conjunción, creció gracias a la definitiva configuración del sindicalismo inaugural de Las Palmas que arrancó del Puerto de La Luz a lo largo de 1909. La Sociedad de Obreros Cargadores de Carbón y la Unión Obrera de Estibadores de Carga Blanca nacieron entonces y al año contaban, respectivamente, con 547 y 163 afiliados. Las organizaciones gremiales aumentaron en 1910 con las Sociedades de Zapateros, de Obreros Panaderos y de Obreros en Hierros y Metales. Buena parte de los 15 sindicatos establecidos entre enero de 1909 y julio de 1913, y sintomáticamente los de mayor afiliación, estuvieron presididos por federales que a menudo desempeñaron responsabilidades partidistas simultáneamente. La trabazón entre republicanismo y sindicalismo no sería, pues, meramente circunstancial o externa, produciéndose una auténtica amalgama que convirtió al PRF en el vehículo de un segmento cualificado de la población trabajadora. Las instalaciones del Círculo de Traian, contiguas a las de El Tribuno, sirvieron con regularidad a los dos organismos de los estibadores portuarios hasta disponer, en abril de 1913, de un local propio en La Luz, compartido con la Sociedad de Obreros Panaderos. En este montaron Franchy y su joven camarada y colega Federico Cuyás y González-Corvo un consultorio jurídico, acabando por instalarse una escuela con personal docente republicano. Desde diciembre de 1910 había merecido Franchy la presidencia honoraria de las tres sociedades del Puerto de La Luz.

 La doble militancia político-sindicalista hizo que el PRF de Las Palmas desempeñara tareas sobresalientes en los conflictos laborales ocurridos de diciembre de 1909 a diciembre de 1913, abarcando seis huelgas portuarias y una decena de menor entidad en el transporte o en la construcción, localizadas las últimas en 1913 y en pos ante todo de la jornada de las nueve horas. Entre diciembre de 1909 y enero de 1910 estalló el paro de los obreros de la Grand Canary contra el sistema de las soldadas. Fue el pórtico de la importante secuencia huelguística de 1910, que tan favorablemente enjuició Unamuno de manera tangencial: del 14 al 20 de marzo sobrevino el plante de la carga blanca por las retribuciones de las faenas en las horas de descanso; del 20 al 30 de abril, el de los estibadores de cargas blanca y negra frente al establecimiento de casetas de contratación sin concurso sindical; del 25 de mayo al 13 de junio, el de todos los portuarios en oposición conjunta a las referidas soldadas y las casetas.

 Algunos episodios violentos jalonaron estas lides en el Puerto de La Luz. El 24 de abril hubo enfrentamientos entre despedidos y esquiroles de las casas carboneras, en el transcurso de los cuales un capataz efectuó disparos con su arma reglamentaria. Por amenazas a los operarios de la Grand Canary se practicaron media docena de detenciones el 5 de junio, entre ellas las del presidente y del secretario de la Sociedad de Obreros Cargadores de Carbón. Finalmente, un rompehuelgas de la Blandy increpado el día 9 sacó un cuchillo en su defensa y recibió la trompada de un huelguista, siendo ambos conducidos a la prevención; al tratarse de liberar sólo al agredido, los compañeros del otro asaltaron el local y lo dejaron libre. El propio rector de la Universidad de Salamanca fue testigo de la huelga declarada a finales de junio por los empleados del tranvía de la SELP con reivindicaciones salariales. La violencia social reapareció durante la huelga de la carga blanca en junio-julio de 1911, que entre otras cosas reportó hundimientos de embarcaciones y cargas a caballo de la Guardia Civil. El clima de los trágicos sucesos del 15 de noviembre vino propiciado por estos rifirrafes, en el curso de unas elecciones en las que los candidatos del PRF (Franchy y el líder sindical José Montelongo y Gutiérrez) triunfaron por La Isleta con el 58,3% de los votos.

 En los años consecutivos los franchystas realizaron dos aportaciones fundamentales para la historia del movimiento obrero insular. Desde la primavera de 1912 tuvieron en su agenda la creación de una Casa del Pueblo, y Franchy aprovechó su estancia en Madrid durante el mes de junio para entrevistarse con Pablo Iglesias y recabar los asesoramientos pertinentes. Edificada en La Isleta a partir del 1 de mayo de 1913, la institución estuvo por largo tiempo bajo la presidencia de un pequeño contratista y aguerrido federal. La segunda de las contribuciones sobresalientes partió de la Juventud de Arenales en abril de 1914. Allí se apiñó un colectivo parasindical con el nombre de Renovación, que desde el 25 de abril hasta el 10 de octubre lanzó el semanario homónimo intitulado Periódico obrero de acción social. Debido a esta corriente filosocialista tomó posesión el 9 de agosto el primer comité reglamentario de la Federación Obrera de Las Palmas, nutrido básicamente por el republicanismo. (Agustín Millares Cantero, 2010)

1910.

Los Cabildos modernos serían un corolario de las lides por la división provincial; es decir, que la descentralización administrativa y electoral procedió ante todo de las reivindicaciones que los divisionistas grancanarios blandieron de forma permanente al menos por casi una década.

 A vueltas con el Problema Canario: la coyuntura de la Ley de Cabildos de 1912

 El arrendamiento de los arbitrios que estableció la reforma de la Ley de Puertos Francos del ministro Fernández Villaverde en 1900 enfrentó a dos sociedades oligárquicas y fracturó en mayo de 1903 al “Gran Partido” de León y Castillo. La bandería franciscana montó el Partido Local Canario (merecedor de las burlas de Unamuno), que desde su órgano La Defensa levantó la bandera divisionista por más de un quinquenio. Los gérmenes de estas campañas fueron simultáneos al motín que estalló en el mes de junio en Santa Cruz de Tenerife contra las innovaciones que, en el ramo militar, había previsto el ministerio de Linares Pombo. A partir de septiembre, el divisionismo quedó vigorizado bajo módulos federales. Las concepciones pactistas de Pi y Margall fundamentaron la exégesis de la división como una fase en la singladura hacia los objetivos autonómicos. Ya desde las columnas de El Tribuno o desde conferencias y mítines, los camaradas de Franchy dieron a tales movilizaciones una impronta popular, ajena a los presupuestos elitistas de los círculos dirigentes.

 Dos factores contribuyeron a fortalecer la opción divisionista. El primero será el informe que en abril de 1905 elaboró Juan Maluquer y Viladot, fiscal del Tribunal Supremo. Y el segundo procederá del viaje de Alfonso XIII a Canarias en marzo de 1906, a raíz del cual redactó una Memoria admitiendo semejante directriz el conde de Romanones, ministro de Gobernación en el gabinete de Segismundo Moret. La Exposición aprobada en agosto de 1906 por el ayuntamiento palmense, así como un mitin en el Circo Cuyás organizado por la Asociación de la Prensa y con el concurso de todos los partidos, generaron una nueva dinámica en las protestas de carácter cívico que reclamaban el fin de la centralización político-administrativa en Santa Cruz de Tenerife. Desde 1907 actuó la Junta de Defensa auspiciada y liderada por Franchy, el liberal independiente Juan Bautista Melo Rodríguez y el autonomista Rafael Ramírez Doreste, director del diario La Mañana. Las reacciones frente al Proyecto de Ley de Régimen de Administración Local del conservador Maura entre 1907-1908 no sólo depararon resoluciones institucionales contrapuestas y tensos debates en las Cortes. También fueron comunes las acciones de masas por ambos bandos.

 La citada Junta de Defensa promovió las asambleas, los mítines y las manifestaciones multitudinarias de marzo-abril de 1908, que llegaron a reunir en Las Palmas entre 10.000-12.000 personas y estandartes de más de sesenta instituciones de la ciudad y de otros varios municipios. Una convención de alcaldes orientales asumió la Exposición redactada por el edil republicano en donde se reclamaba la pronta emancipación administrativa del grupo. El impacto de estas actividades obligó a León y Castillo a respaldar sin rodeos, por fin, la carta de la división, terminando así con la disidencia del Partido Local. Y en cuanto a los cabecillas tinerfeños, semejantes despliegues animaron la convocatoria de la dieta “provincial” del 2 de mayo, en prioritaria custodia de los privilegios de capitalidad de Santa Cruz y de donde salió la idea de los Cabildos insulares. A ella acudieron únicamente delegados occidentales para consolidar la Unión Patriótica, a imitación de la Solidaridad de Cataluña. Entre octubre-noviembre de 1908, dicha alianza circunstancial entre liberales, conservadores disidentes y republicanos organizó varias convocatorias masivas contra la aprobación de la enmienda del diputado José del Perojo al Proyecto de Maura, que dividía en dos secciones iguales la comisión permanente de la Diputación provincial. Alrededor de 6.000 individuos asistieron al mitin del 15 de noviembre en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, con más de treinta pabellones de sociedades y representaciones palmeras y gomeras. Hasta la retirada definitiva del Proyecto y caer el gabinete Maura en octubre de 1909, se mantuvo la confrontación ante cada uno de los puntos capitales que afectaban a la estructura administrativa del Archipiélago.

Los propósitos descentralizadores del primer ministro liberal Moret, en busca de una mayor autonomía de los entes locales que restableciera la aplicación de la Ley Municipal, dieron lugar a respuestas antagónicas, primero en Gran Canaria y después en Tenerife. Apenas conocidos los planes encaminados a instituir un gobernador de altura o universal, otorgándole facultades amplísimas y extraordinarias, se desataron las impugnaciones en aquella isla. Una manifestación ilegal, acompañada del cierre de comercio y de profusión de voladores, recorrió las calles de Las Palmas el 8 de noviembre de 1909. La Junta de Defensa emplazó al día siguiente un mitin opuesto al llamado virreinato y lanzó el manifiesto Al pueblo español, del que se editarían 30.000 ejemplares. Esta amplia contestación hizo que el ejecutivo diera marcha atrás y ofreciese el recambio del gobernador alternativo o trashumante, que ya figuraba en la Memoria de Romanones y expresamente a solicitud de Moret. El artículo 28 del Real Decreto de 15 de noviembre dispuso que aquella autoridad residiera alternativamente y por iguales períodos anuales en las dos poblaciones enfrentadas. Semejante equiparación formal, en los que tuvo de capitalidad compartida, instigó ahora el repudio de las élites tinerfeñas y en la capital provincial hubo otra vez agitaciones de cierto calado. Al fin, la coyuntura de 1910 facilitó la puesta en marcha de envites periféricos que aspiraban a situarse fuera del histórico contencioso entre las islas centrales.

 La Real Orden de 16 de abril de 1910, dictada por el nuevo gabinete liberal de José Canalejas, apeló a “las fuerzas vivas de Canarias” a fin de concluir las espinosas reorganizaciones administrativa y electoral. El teórico plazo de tres meses que duró el período informativo abierto por el gobernador civil, reveló las profundas disparidades entre los variopintos movimientos autonómicos y su incapacidad para suscribir arreglos mínimos, siquiera dentro de los que compartían unos postulados afines. Hasta cinco opciones podemos distinguir por entonces: a) los unionistas antileoninos de Tenerife (Unión Patriótica), respaldando la unidad provincial con Cabildos, si bien el Colegio de Abogados de Santa Cruz apostó por mantener el régimen común a todas las provincias; b) los divisionistas leoninos de Gran Canaria, sosteniendo ante todo la división y dando entrada, si acaso, a los anhelos autonomistas insulares a través de los mecanismos autorizados por la Ley Municipal (mancomunando servicios municipales en cada isla), conforme a las propuestas del Colegio de Abogados de Las Palmas; c) los autonomistas antileoninos de Gran Canaria (Partido Republicano Federal de José Franchy Roca y grupo del diario La Mañana de Rafael Ramírez y Doreste), que pospusieron transitoriamente la división para asumir las demandas de la autonomía insular; d) el pronunciamiento periférico del Plebiscito de las Islas Menores que encabezó desde Las Palmas el letrado majorero Manuel Velázquez Cabrera y recibió el aval del 26,5% de su electorado, postulando un legislador a Cortes por cada una de esas cuatro islas y una Junta administrativa al frente de todas; y e) los unitarios autonomistas de La Palma espoleados por el krausista Pdro Pérez Díaz, exponiendo sus diferencias interiores sobre la Diputación provincial y las autoridades gubernativas de cada isla en la asamblea insular del 6 de noviembre (insularismo vs regionalismo).

 El rector de la Universidad de Salamanca llegó a las Islas en un momento especialmente enervante del problema canario. ¿Cómo lo interpretó quien ya había dado a conocer sus opiniones sobre la materia en la Revista de Municipios? Desde el parlamento del 25 de junio en el Pérez Galdós, Unamuno defraudó por completo las hipotéticas expectativas de los divisionistas para sumarlo a su causa. El llamado problema canario, en su criterio, era fruto de querellas domésticas, luchas por distinciones, algo de vanidad colectiva, escapes del aplatanamiento y rencillas kabileñas. En suma, una cuestión insignificante frente al problema verdadero, el de todos, de España entera. La enemiga hacia el regionalismo, el cantonalismo y el localismo brilló en la más extensa perorata del 6 de julio en el mitin republicano del Teatro-Circo Cuyás, donde se oyó al patriota español hablar en tonos regeneracionistas. Allí argumentó contra la división provincial, señalando que no iba a resolver nada y que apenas traería consigo un incremento de la burocracia. Tampoco la autonomía reportaba solución alguna en su criterio, pues solía generar esa otra forma de caciquismo que apreció en la Solidaridad de Cataluña. Si don Miguel pretendió alborotar el cotarro, según sus propias palabras, lo consiguió a la verdad en este punto.

 Los periódicos palmenses criticaron de manera unánime la inoportunidad y la ligereza con que el gran escritor afrontó la reforma administrativa de Canarias en la solemnidad de los Juegos Florales, al paso que los santacruceros le destinaron toda suerte de elogios. Una de las réplicas a todas luces más inteligentes y ponderadas la brindó Franchy en El Tribuno. Luego de admitir que algunos abordaban la temática conforme a las descalificaciones unamunianas (querellas domésticas, luchas por distinciones y vanidad colectiva), apunta la incorrección de sus dictámenes metiéndose en el meollo del asunto: En el fondo del problema provincial hay algo más que esas minucias y esos accidentes que él ha visto: hay la necesidad real de una reorganización administrativa del Archipiélago, adecuada a las condiciones de una región constituida por siete islas, que no pueden regirse bien del mismo modo que una provincia de la Península. Las reflexiones del paladín republicano-federal abordaron en otras oportunidades la ilustración del centralismo interno como clave explicativa de nuestro problema, así que incidiré en algunos de sus elementos referidos a la Diputación provincial para enmarcarlo debidamente.

 Uno de los rasgos característicos de los contingentes provinciales radicó en que Tenerife recibía mucho más de los que daba y Gran Canaria daba más de lo que recibía. En 1883-1884, la primera isla contribuyó a la caja provincial con el 44% del reparto y se llevó el 79%, mientras la segunda aportó casi el 36% y sólo obtuvo el 19%. Durante el año económico 1886-1887, la Diputación invirtió en Beneficencia e Instrucción Pública 1,50 pesetas por tinerfeño y 75 céntimos por grancanario. Las principales víctimas de semejante estado de cosas eran los moradores del resto de la provincia, que después de pagar tenían que conformarse con algunas migajas aleatorias (aportaban sobre un 20% y únicamente acogían un 2%), si bien hemos de recordar que en 1910 no representaban sino el 23% de los insulares. Una Exposición del ayuntamiento de Las Palmas de agosto de 1906 nos propone que el grupo occidental abonaba a dichas cargas 1,45 pesetas por habitante y el oriental 1,68 pesetas, diferencia harto injusta cuando la Diputación barría sobre todo para Tenerife. Por otro lado, la institución solía reprimir a las islas deudoras negándoles auxilios, mas los ayuntamientos morosos por excelencia fueron los occidentales, que en los albores del siglo XX debían 9 pesetas por persona frente a las 5 de los orientales. En realidad, la Diputación distinguió entre municipios “amigos” y “enemigos” a la hora de disponer sus líneas presupuestarias. Unamuno, que tan sensible fue ante la injusta fiscalidad de la España borbónica, denunciando que los ricos no pagaban cuanto debieran y la magnitud de la “riqueza oculta”, seguramente habría admitido esta otra justicia de las reclamaciones divisionarias.

 La coyuntura que abrió paso a la Ley de Cabildos de 1912 despertó una sensibilidad especial respecto de las actuaciones del cuestionado organismo, tanto en Gran Canaria como en las demás islas no capitalinas. Pero ni aún así varió de rumbo. En un año tan conflictivo como el de 1910, el cuerpo provincial aprobó unas consignaciones que, si bien repartieron proporcionalmente al número de habitantes las inversiones en establecimientos benéficos para ambos grupos (un 57% para el Occidental y un 43% para el Oriental), rompiendo con los desequilibrios de etapas anteriores, en el capítulo de enseñanzas medias y profesionales aún concentraban en los centros de Tenerife el grueso de las partidas: un 32% para el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de La Laguna; un 23% para la Escuela Normal Superior de La Laguna; un 18% para la Escuela Especial Náutica de Santa Cruz; un 12% para la Junta de Instrucción Pública de la misma capital provincial y etcétera, frente al 4% de la Escuela Normal Municipal de Las Palmas. La Diputación, en definitiva, fue básicamente un instrumento del centralismo santacrucero en particular y del tinerfeño en general, una palanca más con la que garantizar el predominio de la isla picuda en beneficio mayor de su oligarquía. Muy raras veces se erigió en portavoz de las reivindicaciones isleñas ante el gobierno central y casi no acometió elementales y equitativas mejoras a su alcance, en reciprocidad a los sacrificios de los contribuyentes, ni mostró eficacia alguna para aplicar bien sus escasos peculios en asistencia benéfica o políticas educativas. El eje central de sus orientaciones pasó por la defensa a ultranza de la unidad provincial.

Las discordias canarias prosiguieron a lo largo de 1911 y el primer semestre de 1912. El quehacer descentralizador de José Canalejas y la sensibilidad autonomista del Partido Liberal pasó a expresarse en los Proyectos de Leyes de Mancomunidades Provinciales y de Bases sobre Régimen Local. Se han planteado los influjos de la “catalanización” en tal política, mas también habría que distinguir el peso de una “canarización” que venía igualmente de atrás, aunque su carga fuese menor. La Ley de 11 de julio de 1912 o de Cabildos instauró estos cuerpos insulares, delegados del Gobierno en cada isla y los distritos a Cortes de las periféricas. Los Cabildos modernos serían un corolario de las lides por la división provincial; es decir, que la descentralización administrativa y electoral procedió ante todo de las reivindicaciones que los divisionistas grancanarios blandieron de forma permanente al menos por casi una década. Con dichas reformas se trazó otro horizonte para nuestro problema, estando muy lejos de solventarlo definitivamente. Pero ésta es, como diría Kipling, otra historia, una historia que nos conduce de forma inevitable a la división provincial de septiembre de 1927. (Agustín Millares Cantero, 2010).