Eduardo
Pedro García Rodríguez
1819. Abril
8. Se producía
en Gran Canaria un curioso conflicto de competencias entre las instituciones. Todo empezó cuando los diputados municipales Patricio Russell y Manuel Lugo
informaron en la correspondiente
reunión del Ayuntamiento, convocada por Terradas por la vía de urgencia, que habían oído, "en la mañana de
este día a cosa de la una a don
Antonio Gil Barrera, alcalde de mar de este puerto, que acababa de entregar
al señor gobernador militar de esta Plaza un Pliego cerrado, que recibió de a bordo del Místico Na Sa de los Dolores
que arribó a este Puerto, en el que
se halla actualmente fondeado, después de haber sido apresado y suelto
por una corbeta de guerra insurgente, y cuyo pliego expresó el citado Gil, a presencia de un crecido concurso, lo
remitía el comandante de la precitada corbeta insurgente al referido
señor gobernador militar, a quien lo entregó cerrado, según venía, por cuya
razón ignoraba su contenido; en cuya consideración esperan de este Cuerpo se
tomen las medidas más conducentes y
oportunas, a efecto de que, instruidos del contenido de aquel pliego, se
evite toda consecuencia desagradable".
Sometido el tema a discusión se acordó que
"siendo sospechoso el crucero de la corbeta y demás buques insurgentes por la conducta que
se observa en sus operaciones, acopiando
lanchas, sin causar otras extorsiones a
los del País que, desgraciadamente, han caído en su poder; y no estando por
demás toda defensa en esta Isla, habiendo el justo recelo de que acaso quiera
aspirar a ocupar alguna; se oficie al señor gobernador militar para que,
redoblando su acreditado celo, tome las medidas oportunas a efecto de evitar cualquier invasión de parte de estos
enemigos; que instruidos tal vez de la indefensión de la Ciudad intenten
insultarla, saqueándola, y que el Cuerpo
espera que para la tranquilidad y satisfacción del público quiera manifestarle el contenido del pliego oficial que
el Comandante de la corbeta insurgente le dirigió".
Ascanio
contestó, al día siguiente, que estaba al tanto —como era notorio- de la necesidad de
permanecer alerta y, con relación al pliego remitido
por el insurgente, manifestó que "el paquete referido, cuya remisión
dimanó sin duda del gusto que tienen los pueblos que están en revolución de
propagar sus noticias, contenía cinco Gacetas de Buenos Aires, que como papeles cuya circulación está prohibida,
remitiré por primera ocasión de
barco al Excmo. Sr. Comandante General”.
El
Ayuntamiento no quedó satisfecho con la respuesta del gobernador de las armas, pero no quiso
salirse de sus atribuciones. Mientras tanto, el corregidor remitió un oficio a la Real Audiencia sobre el asunto, y
ésta pasó a implicarse también. El día 11, Ascanio contestó con cierta
arrogancia a la interpelación del Real
Acuerdo: "...si no obstante mi desvelo, contemplan las autoridades civiles que me restan
providencias precautorias que escoger,
pueden las que lo estimen prudente advertírmelas, acercándose y conferenciando conmigo (porque hay ocasiones en que
embarazan las contestaciones por escrito), en el firme concepto de que
las expondré mi opinión, oiré sus
observaciones y haré de ellas el uso que por mis conocimientes militares halle conforme al mejor servicio
del Rey Nuestro Señor y seguridad de
la Patria".
Pero,
más adelante, añadía con sorna que "si la Audiencia, con fundado temor,
como me dice V.S., de que el Insurgente aspira a consumar algún plan de
agresión hostil contra esta Isla y su Capital, quiere tomar eficazmente
sobre los indicados particulares, u otros de su atención, cuantas medidas
permite la importancia de esta novedad, puede verificarlo segura de que no la hacen falta
para ello las cinco Gacetas de Buenos Aires, que
me remitió el Comandante de la corbeta, y cuyas noticias no producen la luz más
escasa acerca de invasiones, saqueos o insultos que contra estas Islas mediten aquellos rebeldes, ni dan a las
cosas otro semblante ni aspecto que el
que tenemos delante".
El
16 de abril, el regidor Policarpo Padrón expuso, en el Cabildo, que se debía informar al Rey sobre
el asunto, pues "al paso que el Ayuntamiento de este modo cumple con sus deberes, recuerda a S.M. su inalterable
celo, lealtad, y vigilancia hacia su Real Persona e intereses; sale de un
silencio que podrá suponérsele
criminal, y del que queden libres, según tiene entendido el que expone,
algunas autoridades". A partir de entonces se inició una serie de
exposiciones a la superioridad, por parte de las tres instituciones
grancanarias: Ayuntamiento, Corregimiento y Real Audiencia.
El
Ayuntamiento escribió al Rey, el día 19 de abril de 1819, asegurándole su
inquebrantable lealtad:
"El Ayuntamiento Señor hace manifestación a
V.M. de este acontecimiento en prueba de su mayor fidelidad y para
acreditarle que aun fuera del mayor peligro, no omite medio que sea relativo a
su seguridad y a descubrir a V.M. sus sentimientos de amor y lealtad".
El
corregidor manifestó por su lado al Consejo de Castilla, con fecha 22 de abril,
su crítica a las gestiones del gobernador de las armas, en el sentido de
que no debió recibir las gacetas ni, mucho menos, abrirlas sin "ciencia ni conocimiento de
las autoridades legítimamente constituidas":
"El Corregidor no quisiera lastimar a nadie,
pero prescinde de todo en tratándose de los derechos de un Soberano, y más
cuando con justas razones, desconfía de algunas personas que, por
desgracia de esta Isla rodean a Ascanio, y le dirigen: las opiniones de éstas
son bien notorias, y peligrosas; y como encargado de la tranquilidad pública,
de los derechos del Rey N.S., y de recoger todo papel incendiario, para ponerlo
en noticia de V.A., no ha podido conseguirlo de los que dirigen la
fuerza".
Añadía,
igualmente, que algunos individuos habían podido beber el "veneno"
de los documentos remitidos por el insurgente y que, algún día, podrían
contagiar a otros, y terminaba solicitando un pronunciamiento oficial
sobre la jurisdicción a la que competía el asunto.
Por último,
la Real Audiencia también elevó su instancia a la Corte, indicando, además,
algunos pormenores de interés:
"Por noticias reservadas que dieron al
Tribunal, dirá igualmente, que no se contentó Ascanio con leer las Gacetas,
sino que las dio a leer a cierta clase de personas bien conocidas, cuyas
opiniones han sido en todos tiempos muy peligrosas, movimiento que no dejó de
llamar demasiado la atención del Acuerdo. Dirá, en fin, que desde el día 8 de este mes en que el
Gobernador recibió las Gacetas, hasta el 17
en que las remitió al Comandante General, hubo bastante tiempo para que circulasen, y anduvieran, como es de
temerse, secretamente de mano en mano.
Y si a estos antecedentes se añade, que don Simón Ascanio no ha procedido contra el contramaestre y demás cómplices de la introducción del paquete de las Gacetas; ni
ha instruido diligencias algunas con
declaraciones..., sobre lo que oyeron y entendieron del Insurgente en los días
que estuvieron prisioneros a su bordo; la Audiencia cree haber tenido fundados motivos de
desconfianza".
El Real Acuerdo protestaba, asimismo, de la
resistencia del gobernador de las armas a entregar los documentos
sospechosos y rogaba que se le indicara la conducta a seguir, en lo
sucesivo, "en iguales casos con los Jefes de jurisdicciones
extrañas".
El Supremo
Consejo de Castilla falló a favor de las autoridades civiles, y, con fecha
22 de febrero de 1820, ordenó al Comandante General que "si en los
sucesivo se remitiesen papeles sediciosos a los Jefes militares deben estos
ponerse de acuerdo con esa Real Audiencia y autoridades civiles, a
fin de conservar la tranquilidad pública e impedir la propagación de ideas
perniciosas".
Si
examinamos no sólo estos sucesos sino, también, el impacto del corso insurgente
en Canarias, en su conjunto, resulta llamativo ese conglomerado de
actitudes contradictorias, la apatía de los comerciantes, la aparente simpatía
de numerosos isleños por los insurgentes, la propia actitud de los corsarios en
algunos casos, las sospechas hacia determinadas autoridades que, en definitiva, tenían
encomendada la propia seguridad de las islas Canarias, entre otros factores.
Los
canarios, casi desde los tiempos de la Conquista, estaban acostumbrados
a las correrías y al pillaje de toda clase de piratas y corsarios, mas las
circunstancias históricas e internacionales eran diferentes. Ahora no se trataba
de predadores protestantes o musulmanes, sino de pueblos con los que las
propias Islas poseían una vinculación ancestral y profunda. Sin duda, fueron años
de gran incertidumbre y, al cabo, tanto la falta de una determinada conciencia
política regional, cuanto el complejo equilibrio de intereses internacionales,
impidió que esta remota provincia de España, más parecida en muchas
cosas -en palabras de José Murphy- a una provincia americana que a una
europea; se desgajara, como sus hermanas de América, del árbol troncal de
la madre patria. (Manuel de Paz-Sánchez, 1994)
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