"Voy a meter la tijera a todo salvo a las pensiones
públicas, a la Sanidad
y a la Educación,
donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos", proclamó el “flamante”
presidente del Gobierno español Mariano Rajoy.
Según la memoria del impacto económico del
anteproyecto de Ley para la regulación del Factor de Sostenibilidad y del
índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social
(o sea, el recorte de las pensiones) remitido al Consejo Económico y Social
(CES) los pensionistas sufrirán un recorte total de 33.000 millones de euros
en el capítulo de pensiones en los próximos nueve años, o sea hasta el 2022.
En el año 2022 España empezará a devolver los 41.300
millones de euros que por ahora le ha costado su rescate. Desde entonces, y
hasta 2027, España deberá pagar alrededor de 7.000 millones de euros anuales
para liquidar los préstamos, lo que supone aproximadamente un 0,7% del producto
interior bruto (PIB) español. A la cantidad adeudada al Mecanismo Europeo de
Estabilidad se debe sumar el coste del rescate bancario que España ha
financiado autónomamente, con impuestos y con recurso a la deuda pública.
La banca española ha obtenido del Banco Central Europeo
(BCE) liquidez ilimitada a intereses mínimos (0.5 % actualmente),
fraudulentamente invertido en deuda pública (que paga tipos mucho más elevados,
hasta el 7 %) emitida para poder recapitalizar a la banca.
El dinero recibido computa como deuda, no como
déficit. Y las entidades que reciban préstamos del FROB (que a su vez recibe el
dinero del FEEF) tendrían que devolver ese dinero al Estado español, aunque el
FROB ha reconocido que de los 52.000 millones dedicados a rescatar Cajas de
Ahorro, 37.000 millones son irrecuperables y saldrán de más recortes a los
ciudadanos, además, los intereses que el Gobierno pague por la deuda
computarán como déficit, lo que significa que hará falta un nuevo
ajuste para pagar esos intereses a Europa (en total unos 3.000 millones de
euros).
El artículo 17 de la Orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación
y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, hace responsable a las entidades financieras
de los cobros indebidos a la seguridad social, banca que presiona
inclementemente a los angustiados pensionistas, pues cada cinco meses tienen
que presentarse en la correspondiente entidad bancaria para demostrar que, pese
a estos viejos déspotas, siguen vivitos y coleando. Si por algún impedimento no
pueden hacerse presentes han de tramitar una fe de vida y hacerla llegar a la
correspondiente oficina bancaria.
La banca presiona sin escrúpulos a los pensionistas,
estresándolos inmisericordemente, en los siguientes términos: “Deberá tener en
cuenta que si no realiza este trámite, comunicaremos el incumplimiento al
organismo ordenante del pago de la pensión, para que inicie las oportunas
diligencias de acuerdo con la legislación vigente”, o sea, que pueden perder la
pensión.
Precisamente eso es lo que pretende el Gobierno:
solamente en Canarias, según los últimos datos publicados por el ISTAC,
fallecieron en el año 2012 la escalofriante cifra de 14.209 personas.
No son los únicos que intentan reducir brutalmente,
por decirlo de forma suave, el gasto en pensiones. El ministro de Finanzas
japonés, Taro Aso, instó a los ancianos de su país a que "se den prisa y
se mueran" para aliviar la carga fiscal que los ciudadanos nipones gastan
por su atención médica.
Nuestra nación canaria genera una gran riqueza
económica, más de 42.000 millones de euros anualmente, en plena agudización de
la crisis crónica que padecemos desde la colonización española. Esa riqueza en
su inmensa mayoría contribuye al estado de bienestar en otros lugares del mundo
mientras que en Canarias sólo queda una pequeña parte, en manos de un grupo
reducido de canarios o extranjeros, españoles o no. Eso hace necesario que la
riqueza que generamos sea redistribuida entre todos los canarios y sobre todo
entre las clases más desfavorecidas como nuestros mayores, jóvenes y los que
viven bajo el umbral de la pobreza y exclusión social, 39.7 %. Generamos
riquezas suficientes para dotarnos de una red sanitaria pública,
infraestructuras, centros docentes y de investigación, residencias para la
gente veterana o para personas con problemas psicológicos o físicos. Es
necesario por tanto redistribuir entre la colectividad los conocimientos y
patrimonio cultural y buena parte de los beneficios económicos que se producen
en nuestras islas como símbolo de la necesaria justicia distributiva o
solidaridad social.
Movimiento
por la Unidad
del Pueblo Canario (Movimiento UPC)
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