El
procesamiento de cinco mujeres, militantes de Intersindical Canaria, a
instancia de la titular del Juzgado número 8 de Las Palmas, Victoria Rosell,
viceportavoz nacional de la asociación de Jueces para la Democracia y
vallisoletana de origen, es un trascendental suceso que avanza en el alarmante
cerco para cercenar un derecho fundamental como son las libertades políticas y
sindicales, más grave si cabe al tratarse de una organización que lucha por la
liberación nacional de un pueblo sometido por las armas como es el pueblo
canario.
La
juez no sólo formaliza una causa penal contra las activistas sindicales –a las
que acusa como supuestas autoras de un delito de allanamiento de morada, otro
contra la intimidad y la propia imagen y una falta de lesiones– por haber
desplegado una pancarta con la leyenda “Mujeres canarias contra la reforma
laboral” en la sede pública de la Confederación Canarias
de Empresarios (CEE) el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora (8 de marzo de 2012), sino que igualmente
formaliza cargos contra el periodista que acudió a la convocatoria de las
sindicalistas, filmó su entrada en la sede de la CCE y divulgó la noticia en un periódico digital,
en un ataque sin precedentes a un derecho fundamental como es la libertad de
expresión.
Se
trata de un acto intimidatorio más contra el acosado pueblo canario del
entramado colonial falsamente denominado Estado de derecho, constituido por un
gobierno cuyo presidente ha tenido la desfachatez, el cinismo y la osadía de
reconocer ante sus electores en particular y la opinión pública en general que
su gobierno incumple el programa electoral con el que ha ganado las elecciones
por mayoría absoluta “para cumplir con mi deber”, razón más que suficiente para
dimitir y convocar nuevas elecciones, pues el deber inexcusable de un
presidente de un gobierno no es otro que cumplir el programa con el que ha
ganado las elecciones, si se tratara de un proceso electoral democrático. Claro
que no es el caso, como lo avala el hecho de que el propio tesorero del partido
que sustenta al gobierno se encuentra en prisión sin fianza por defalco de
nadie sabe cuantos millones de euros.
Otra
parte del entramado colonial mal denominado Estado de derecho lo constituye la
judicatura, que no tiene reparo en apoyar el bipartidismo del PPSOE,
autodenominándose progresistas o conservadores, según quien los haya puesto en
el cargo, cuyo ejemplo más bochornoso lo constituye la propia Rosell, no
sabemos qué de jueces para la democracia.
No
menos vergonzosa es la otra pata del entramado colonial, el poder legislativo,
pues antes de las últimas elecciones a las Cortes sus señorías se pusieron de
acuerdo, sin que nadie se opusiera, ni siquiera Ezquerra Republicana, Izquierda
Unida o “Colisión” Canaria, para modificar la ley electoral en el sentido de
que aquellas organizaciones sin representación parlamentaria que pretendieran
presentarse deberían ser avaladas por ciudadanos con derecho a voto, en un acto
discriminatorio sin precedentes, pero con la salvedad de que cada elector sólo
podía avalar una candidatura, o lo que es igual, el entramado colonial etc.,
pretendía listas de electores por ideologías, vaya usted a saber con qué fines,
lo que dio lugar a que El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario no presentara tales
avales al negarse a entregar un listado de nuestros apoyos electorales,
pidiendo por tal motivo el voto nulo, obteniendo más de 16.000 votos en
Canarias, con las papeletas editadas por el Movimiento UPC pidiendo el voto en
dicho sentido, para quebradero de cabeza del colonialismo, lo que por cierto
nos aupó al segundo puesto de las organizaciones netamente canarias, si este
término pudiese ser aplicado a la “Colisión”.
La
petición de un año de prisión con suspensión del derecho a votar para Luci
Rodríguez (Coordinadora nacional de Intersindical Canaria), Asunción
García, Guacimara Vera, Pino Monzón y Aisha Hernández, constituye un
acto más del colonialismo español en su estrategia global de, amilanando a los
ciudadanos, intentar acabar con la rebeldía de los canarios y canarias contra
este trasnochado sistema monárquico medieval que nos sigue oprimiendo.
El
Movimiento UPC se solidariza con la luchadoras represaliadas y, de no ser
favorable las sentencias de los tribunales españoles, como es previsible, al
ser tribunales al servicio del colonialismo, recurrir, una vez agotadas las
vías internas, a los tribunales internacionales, concretamente el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario
Movimiento UPC
No hay comentarios:
Publicar un comentario